El cierre de unidades en la provincia forma parte de una tendencia generalizada que reduce la oferta pública mientras se refuerzan los conciertos educativos.
Martes, 11 de febrero de 2025. La educación pública en Huelva vuelve a estar en el centro del debate tras conocerse el cierre de 214 aulas en la provincia. La denuncia del PSOE de Huelva ha puesto el foco en lo que consideran un «desprecio» a la educación pública y, en particular, a los menores con necesidades educativas especiales. La formación socialista ha criticado que la Junta de Andalucía, en lugar de reducir las ratios y mejorar la calidad educativa, ha optado por eliminar unidades y recortar recursos, afectando gravemente al alumnado más vulnerable. Rosa Tirador, secretaria de Educación del PSOE onubense, ha señalado que «estos recortes están poniendo en jaque la equidad en las aulas y dificultan la atención a quienes más lo necesitan».
Esta situación no es un caso aislado. Desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía, más de 2.400 unidades educativas han desaparecido en toda la comunidad. Mientras tanto, la enseñanza concertada no solo se mantiene, sino que ha visto incrementados sus recursos presupuestarios en partidas como la Formación Profesional y el Bachillerato.
Desde la Consejería de Educación se insiste en que la disminución de la natalidad hace inevitable una reestructuración de la oferta educativa, un argumento que, sin embargo, no convence a sindicatos y asociaciones de familias. En lugar de aprovechar la menor demanda de plazas para reducir la ratio de alumnado por aula y mejorar la calidad educativa, el ajuste ha consistido en cerrar unidades y prescindir de profesorado. La consecuencia inmediata ha sido un incremento en el número de estudiantes por clase, con especial impacto en aquellos con necesidades educativas especiales, que requieren una atención individualizada cada vez más difícil de garantizar.
El cierre de aulas ha traído consigo la supresión de numerosos puestos docentes y el aumento de la carga laboral del profesorado restante. Mientras se eliminan plazas en centros públicos, las inversiones en la educación concertada no han seguido el mismo criterio de ajuste. Lejos de reducirse, el presupuesto destinado a los conciertos educativos ha aumentado un 13% en los últimos años, una tendencia que refuerza la percepción de que la administración andaluza prioriza un modelo educativo en el que la enseñanza privada sostenida con fondos públicos gana peso a costa del sistema público.
En Huelva, la reducción de unidades escolares no es un fenómeno aislado. En otras provincias andaluzas, la situación es similar y ha generado respuestas organizadas de la comunidad educativa. En Sevilla, familias afectadas por la fusión de centros han denunciado la desaparición de colegios enteros en barrios donde la oferta pública se reduce progresivamente. En Málaga, los datos reflejan el mismo patrón: más de un centenar de aulas cerradas en un solo curso. La falta de recursos específicos para la atención a la diversidad ha sido otro de los puntos de mayor preocupación en las movilizaciones que se han producido en distintos puntos de la comunidad. Sindicatos como USTEA y CCOO, junto a plataformas ciudadanas, han convocado concentraciones en varias localidades andaluzas para exigir la paralización de los cierres y un refuerzo de la educación pública.
Lejos de responder a un ajuste coyuntural, el cierre de aulas públicas en Andalucía parece responder a una estrategia consolidada en los últimos años. La reducción de unidades en el sistema público convive con el mantenimiento e incluso el refuerzo de los conciertos educativos, una tendencia que está reconfigurando el mapa escolar andaluz. En este contexto, la situación de Huelva se presenta como un reflejo de una política educativa que, más allá de las cifras, tiene efectos directos en la calidad del servicio que reciben miles de estudiantes y en las condiciones de trabajo del personal docente.
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