La Tesorería General de la Seguridad Social reconoce por escrito que no puede identificar a las trabajadoras GECCO en sus archivos.
Una nueva petición de acceso a la información pública confirma que, cinco años después de la denuncia publicada por La Mar de Onuba, el modelo que el Gobierno presenta como ejemplo internacional de migración circular sigue blindado a la transparencia. Y sin trazabilidad fiscal ni social.
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El Estado desconoce cuánto deja la «contratación en origen” en la caja pública
Martes, 10 de junio de 2024. Una nueva solicitud cursada al amparo de la Ley de Transparencia ha revelado que, más de dos décadas después de la puesta en marcha del sistema de contratación en origen, el Estado español sigue sin saber cuánto ingresa gracias al trabajo de las miles de personas seleccionadas anualmente para trabajar en el campo. La Tesorería General de la Seguridad Social ha inadmitido la petición alegando, de manera inequívoca, que sus sistemas no permiten identificar a las personas contratadas en origen dentro de sus archivos. El Ministerio de Hacienda, por su parte, ni siquiera ha respondido. Cinco años después de que La Mar de Onuba denunciara por primera vez esta opacidad, nada ha cambiado.
El Estado español no dispone de ningún sistema que le permita auditar con precisión su propio modelo de migración circular
La nueva petición exigía respuestas claras y desglosadas sobre altas en la Seguridad Social, recaudaciones por contingencias comunes, duración media de los contratos, sanciones impuestas a empresas infractoras, solicitudes de jubilación, tasas de retorno y datos fiscales sobre IRPF y demás conceptos que tributan tanto las personas trabajadoras como sus empleadores. Es decir, se pedía conocer el impacto económico real que tiene el sistema GECCO para las arcas públicas. Pero la respuesta ha sido la misma que en 2020, con el agravante de que esta vez la Tesorería lo vuelve a reconocer por escrito: no hay forma de discriminar a las personas contratadas en origen de entre el conjunto de personas afiliadas. No se ha previsto, ni se prevé, una categoría específica que permita saber cuántas de ellas trabajan, cotizan, tributan o se quedan en España tras la campaña agrícola.
El Estado contrata, transporta, emplea y recauda, pero no puede explicar cómo, ni cuánto, ni con qué resultados. Y cuando alguien lo pregunta por los cauces legales, la respuesta es que no se puede responder.
No es una cuestión menor. Durante años, distintos gobiernos han presentado el modelo GECCO como «paradigma internacional de migración circular, ordenada, segura y beneficiosa para todas las partes implicadas». Sin embargo, si el Estado no puede ofrecer cifras sobre lo que recauda en concepto de cotizaciones sociales y retenciones fiscales, difícilmente puede sostener que se trata de un modelo “ejemplar” para la Administración Pública y la caja común de la ciudadanía española. Si ni siquiera se puede saber cuántas de estas personas regresan a sus países y cuántas permanecen en España en situación de vulnerabilidad, ¿qué clase de circularidad se está defendiendo? ¿Cómo se mide el éxito de una política que no genera datos trazables?
La respuesta de la Tesorería General sugiere que tal vez otros ministerios puedan tener parte de la información, pero no existe coordinación institucional que permita dar respuesta conjunta a una solicitud de información pública que debería ser elemental. Y lo que se admite, aunque sea entre líneas, es todavía más alarmante: el Estado español no dispone de ningún sistema que le permita auditar con precisión su propio modelo de migración temporal. Es como si la contratación en origen operara en una zona ciega del sistema público, pese a ser gestionada directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPPE), aprobada en Consejo de Ministros y tramitada con la colaboración de las administraciones autonómicas.
Si el Estado no puede ofrecer cifras sobre lo que recauda en concepto de cotizaciones sociales y retenciones fiscales, difícilmente puede sostener GECCO como un modelo “ejemplar” para la Administración Pública
En la campaña de frutos rojos que ahora termina, miles de personas fueron contratadas en origen para trabajar en el sector agrícola onubense, la mayoría mujeres marroquíes seleccionadas específicamente por su perfil de vulnerabilidad. Son trabajadoras que vienen porque se las contrata desde aquí, con la promesa de empleo, pero sin garantías de condiciones dignas. Como ya se ha documentado en numerosas ocasiones, no faltan casos en los que esa experiencia laboral termina marcada por condiciones precarias, falta de protección efectiva y ausencia de mecanismos de control suficientes por parte de las autoridades competentes.
El documento de inadmisión firmado por la Tesorería no solo reitera la falta de datos, sino que confirma que no existen medios para remediarla. Y que, pese a ello, el programa continúa su curso sin revisión estructural. Nada de lo que hoy no se sabe parece que vaya a saberse mañana. El Estado contrata, transporta, emplea y recauda, pero no puede explicar cómo, ni cuánto, ni con qué resultados. Y cuando alguien lo pregunta por los cauces legales, la respuesta es que no se puede responder.
Hace ya cinco años que La Mar de Onuba denunció esta opacidad. Desde entonces, nada ha cambiado. El Gobierno continúa presentando el modelo como un ejemplo internacional. Pero ni sus propios registros pueden sostener, con datos, el relato.
El 13 de septiembre de 2024, la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ofreció ante los medios cifras detalladas sobre última la campaña GECCO: 15.734 personas contratadas en origen, más de un millón de jornadas cotizadas y una media de 112,37 días trabajados por persona. Todo presentado como dato oficial, en el marco de una Comisión Provincial celebrada con representantes del SEPE y la Oficina de Extranjería.
Apenas unos meses después, la Tesorería General de la Seguridad Social —dependiente del mismo Gobierno— responde nuevamente por escrito a una solicitud de Transparencia que no puede identificar a las personas contratadas en origen en sus archivos. Que no sabe cuántas fueron dadas de alta, ni qué jornadas cotizaron, ni cuánto ingresó el Estado gracias a ellas. Y que, por tanto, no puede elaborar ninguna estadística sobre estas variables.
La contradicción es difícil de ignorar: si la Seguridad Social no puede saberlo, ¿de dónde salieron los datos que exhibió la Subdelegación? Una posibilidad es que procedan de las empresas agrícolas o sus organizaciones, a través de las comunicaciones que remiten al SEPE. Otra, que sean directamente elaborados por las patronales del sector y transmitidos a la autoridad gubernativa sin verificación técnica por parte del Estado. En ambos escenarios, el Gobierno estaría validando cifras como propias sin que exista soporte institucional que las respalde.
Si la Subdelegada conoce con exactitud cuántas personas fueron contratadas, cuántas jornadas se cotizaron y qué impacto tuvo el programa en el empleo, el Gobierno debería poder acreditar esas cifras con datos públicos, verificables y coherentes con lo que la propia Seguridad Social reconoce que no puede saber. Y si no puede hacerlo, alguien debería explicar qué se está presentando como dato oficial y con qué legitimidad.
NOTA: La Mar de Onuba ha ofrecido a la Subdelegación de Gobierno en Huelva la oportunidad de ofrecer a las cada día más numerosas lectoras y lectores de esta revista observaciones, comentarios o aclaraciones sobre esta información que se estimaran pertinentes. A la hora de publicarla -y como viene siendo tónica habitual desde hace un año, tras el nombramiendo de María José Rico como nueva Subdelegada en sustitución de Manuela Parralo- la Subdelegación ni siquiera ha tenido bien un simple "acuse de recibo". Pero... #seguimos.
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