Jueves, 27 de marzo de 2025. El pasado 26 de septiembre, Dolores Domínguez Reyes, madre de acogida del joven Kevin Cristian Bouragba, presentó por escrito una petición formal ante la Oficina de Extranjería de Huelva. Solicitaba ser recibida para abordar una posible solución a la situación administrativa de su hijo, a quien se le había denegado la renovación de su documentación tras años de irregularidades burocráticas cometidas por las propias instituciones responsables de su tutela. Describía la situación como «desesperada». Nunca recibió respuesta.
Tuvieron que pasar más de dos meses hasta que la Subdelegación del Gobierno en Huelva moviera ficha. Lo hizo, no como consecuencia de aquella solicitud ignorada, sino tras el reportaje que esta revista publicó el 13 de diciembre de 2024, en el que se daba a conocer la historia de Kevin: nacido en Salamanca, criado en España y residente en Galaroza (Huelva) desde 2010 con la familia que le dio acogida en su primer mes de vida, español de hecho, pero apátrida de derecho, atrapado en un limbo jurídico como resultado de una cadena de errores administrativos cometidos desde que fue tutelado por el Estado al poco de nacer.
Sólo entonces —tras esa publicación— la subdelegada del Gobierno, María José Rico, convocó a Kevin y a su familia a una reunión. En ella, según relataron los propios asistentes y como La Mar de Onuba documentó en su edición del 24 de diciembre, se les ofreció como única alternativa “legal” que Kevin tramitara un pasaporte marroquí y se hiciera extranjero en su propio país para, con suerte, iniciar un proceso de regularización dentro de cinco años. El joven cachonero y su familia rechazaron aquella propuesta, por absurda, injusta e improcedente.
El 20 de diciembre, La Mar de Onuba remitió un correo oficial a la Subdelegación solicitando información y precisiones sobre esa reunión y la propuesta planteada. La respuesta, fechada el 23 de diciembre, fue escueta y concluyente: no se nos podía informar de nada, ni siquiera en términos generales, porque esta revista no ostentaba la “condición de interesada en el expediente”, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 39/2015 (del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Hasta ahí, podría entenderse —aunque no compartirse— el silencio institucional. Pero lo que resulta insostenible es que la misma Subdelegación que invocó una barrera legal para no responder a este medio haya facilitado recientemente, y sin reservas, detalles del caso, valoraciones e interpretaciones a destacados medios de comunicación de ámbito nacional.
La Mar de Onuba tiene constancia probada de que esa información negada en diciembre ha sido transmitida, meses después, a redacciones externas sin que se haya aplicado el supuesto impedimento legal. Un relato institucional, negado a esta revista, que habla de “implicación personal” de la Subdelegada Rico, de “alternativas ofrecidas”, de «reuniones» (sólo ha habido una) celebradas con la voluntad de encontrar una solución “satisfactoria”, y que sugiere incluso que fue el propio Kevin quien desechó las vías planteadas. Ninguna mención, claro está, a que la única alternativa concreta ofrecida fue convertirlo en ciudadano marroquí y magnanimidad para acogerlo, primero, como residente y, algún día, como ciudadano de pleno derecho. Un despropósito
Lo que aquí se denuncia no es un malentendido legal ni una diferencia de interpretación administrativa. Lo que aquí se denuncia es un doble rasero informativo. Una transparencia selectiva. Una disponibilidad institucional que se adapta al perfil del medio que pregunta y al tono que se espera de su cobertura.
Nadie discute que existan procedimientos garantistas ni que haya límites legales para la difusión de ciertos datos. Pero cuando la opacidad se impone a quien pregunta con rigor y documentación desde un medio local, mientras la narrativa se flexibiliza en favor de quien llega desde una redacción nacional, lo que se proyecta no es responsabilidad institucional, sino gestión interesada del relato público.
La transparencia no es tal si depende del tamaño del medio, de su audiencia o de su línea editorial. La legalidad no es un instrumento discrecional. Y el derecho a saber —que corresponde a toda la ciudadanía— no puede supeditarse al criterio político de lo oportuno.
La historia de Kevin es grave. Pero lo es aún más la forma en que las instituciones implicadas han decidido reaccionar ante ella: no desde la autocrítica, sino desde la escenificación. No con rigor, sino con cálculo. No con coherencia, sino con contradicción.
Perico Echevarría es editor y director de La Mar de Onuba
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