🗞️ La MAS aprobará el miércoles una nueva operación de crédito con Banco Santander por valor 91 millones de euros.
🗞️ Casi la mitad del crédito se irá en pagar la deuda anterior contraída con el banco.
🗞️ La operación permitirá el reparto de más de 18 millones de euros entre los ayuntamientos de la mancomunidad, en concepto de «cobro por adelantado» del canon demanial 2026-2037.
🗞️ La Junta había presentado un contencioso administrativo sobre la base de que no procede la hipoteca de bienes públicos esenciales, y el peligro de «privatización» de estos.
🗞️ Ahora, la Junta reconoce a Giahsa como una «sociedad de mercado» y la exime de los principios de «prudencia financiera» exigibles a las empresas públicas.
Lunes, 18 de abril de 2022. La propuesta de refinanciación de Giahsa mediante un nuevo endeudamiento de casi 91 millones de euros que la presidenta de la MAS, Laura Pichardo, llevará al Pleno de la mancomunidad de servicios el próximo miércoles, será aprobada sin temor al que el contencioso administrativo iniciado por la Junta de Andalucía vaya a ser un impedimento, según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso La Mar de Onuba.
En un sorprendente giro radical, el gobierno andaluz cambió el pasado 6 de abril sus propios argumentos contra la operación crediticia preacordada por la MAS con Banco Santander, y modificó se forma sustancial los criterios de su propio Informe definitivo del 10 de marzo, en el que advertía sobre los riesgos de dicha operación. En concreto, la Junta mostraba sus reparos porque la obtención del crédito venga avalada por la propiedad pública de las redes de suministro de agua (redes demaniales). Una situación que, en caso de insolvencia de la empresa pública, supondría, de facto, la «privatización» del abastecimiento de agua de los 67 municipios adscritos a la MAS.
Así, si en el Informe definitivo de 10 de marzo se argumentaba que «la constitución de la prenda [las redes de abastecimiento] sobre la acción de GIASA propiedad de la MAS puede no estar amparada legalmente«, en base a que «es una acción representativa de un bien afecto al servicio público, considerado como de dominio público y que resulta inembargable, inalienable e imprescriptible si no se ha producido su desafectación«, en el nuevo de 6 de abril, la Junta modifica sus propias prevenciones y deja de ver impedimentos en la hipoteca de bienes públicos para una operación financiera de semejante calado.
«Principio de prudencia financiera» exigible a las empresas publicas en un plan «poco prudente»
El Informe definitivo elaborado por la Junta de Andalucía en Marzo aseguraba que «en las condiciones que constan en la documentación no se desprenden garantías suficientes para que el traspaso de la titularidad y privatización del servicio se realice primando el interés general y la adecuada prestación del servicio, pues parecen estar configuradas para priorizar el pago de la deuda financiera».
En este sentido, la Junta consideraba en marzo que «debería acompañarse de clausulas garantes de una adecuada regulación del mismo en términos de precio, cantidad y rendimientos u otras obligaciones específicas del servicio para el caso de privatización». A este respecto, la Junta también sostenía en marzo que «aun cuando bajo la interpretación normativa pudiera tener un encaje legal la constitución de este derecho real, se considera poco prudente, pues genera una descapitalización de la entidad local [la MAS] de un 120% sobre sus ingresos totales«.
«La MAS debe garantizar el principio de prudencia financiera en el conjunto de su sector público«, añadía el informe jurídico definitivo posteriormente modificado, «por lo que se recomienda que impulse a una revisión por GIAHSA tanto de la operación como del resto de garantías a concertar , con criterios de minimización de riesgo y coste de la cartera de deuda, a los efectos de asegurar la continuidad en la prestación del servicio sin ruptura de su equilibrio económico y en especial ajustar, en su caso, la constitución de hipotecas sobre concesiones demaniales a los límites y finalidades establecidos en la Ley especificando con claridad como afecta a los municipios la ejecución de las hipotecas sobre sus concesiones demaniales , además de revisar la procedencia en la constitución de las prendas sobre las tarifas».
Aquel informe recordaba «lo previsto en el artículo 53 de la LAULA establece que ‘los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración’.”
Cambio radical de criterio de la Junta
La posición de la Junta, cuyo Informe definitivo venía a sumarse al contencioso administrativo iniciado por el gobierno andaluz en los Tribunales de Justicia el pasado febrero, cambió, sin embargo, de forma radical apenas 27 días después, cuando el Director General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con la Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, Manuel Vázquez Martín, se enmendaba a sí mismo el 6 de abril, tras asumir como propias las alegaciones presentadas por la dirección de Giahsa-MAS, con una «revisión» de su argumentario inicial contra la operación crediticia .
En su revisión de 6 de abril, y «teniendo en cuenta las consideraciones de los Informes del Gabinete Jurídico», Vázquez Martín «modifica el apartado 5 . CONCLUSIONES contenidas en el Informe de 10 de marzo de 2022, indicando que la constitución de la prenda sobre la acción de GIAHSA propiedad de la MAS tiene cobertura legal«. El Director General da por válida ahora la argumentación de la Mancomunidad de Servicios que describe a Giahsa como «entidad pública productora de mercado«, y no como gestora de un servicio público, por lo que «no resulta afectada por la limitación impuesta en el artículo 49 del TRLRHL, pudiéndose constituir por la MAS cualquier otro tipo de garantía, además del aval, en favor de esta sociedad mercantil«.
Dicho de otra forma, la Junta ya no considera inviable ni anómalo que la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva acuerde una nueva operación de endeudamiento con el Banco Santander por valor de casi 91 millones de euros, poniendo como aval las redes demaniales de abastecimiento de agua, por lo que esta será aprobada en el Pleno Extraordinario de la MAS convocado por la presidenta Laura Pichardo para el próximo miércoles.
Así, la operación se cerrará de forma inminente por un total de 90.789.172 €. De ellos, más de 45 millones serán destinados al pago de las deudas contraídas anteriormente con el mismo Banco Santander. «Hasta un máximo aproximado de 26,7 MM€» será destinado a la financiación de «inversiones en las Redes de Distribución de Abastecimiento y Saneamiento» en los municipios de la MAS, y… «hasta un máximo aproximado de 18,8 MM€» tendrán como finalidad «la financiación del Pago de la Nueva Cuota Capitalizada del Canon Concesional». O lo que es lo mismo, una vez aprobada la operación, los actuales equipos de gobierno de los 67 municipios que conforman la MAS, podrán disponer de forma inmediata del canon anual generado por la explotación de las redes abastecimiento en el periodo 2026-2037.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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