Un informe de Ecologistas en Acción detecta que 19 de 25 estaciones analizadas incumplen los criterios europeos al no situarse en puntos críticos de tráfico
La nueva directiva europea obliga a ubicar los medidores en zonas de mayor exposición —calles con alta densidad de tráfico, entornos residenciales o proximidad a centros sensibles— y abre un proceso de revisión con plazo máximo de un año
Jueves, 19 de marzo de 2026. El informe ‘Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español’, elaborado por Ecologistas en Acción, sitúa el foco en uno de los elementos más controvertidos de la gestión de la contaminación atmosférica en España: la ubicación de las estaciones de medición. El análisis abarca 25 estaciones urbanas orientadas al tráfico en otras tantas ciudades, incluyendo las principales aglomeraciones de más de 250.000 habitantes y al menos un núcleo urbano por comunidad autónoma, con el objetivo de evaluar si cumplen los criterios establecidos por la nueva normativa europea
La evaluación se realiza en el contexto de la Directiva 2024/2881 sobre calidad del aire ambiente, actualmente en proceso de transposición al ordenamiento jurídico español. Esta norma establece que los puntos de muestreo deben proporcionar datos fiables en los lugares donde se registran las mayores concentraciones de contaminantes y donde la población está más expuesta, con especial atención a zonas residenciales, centros educativos, hospitales o espacios de trabajo
En el caso específico de la contaminación derivada del tráfico rodado, la directiva fija criterios concretos: las estaciones deben ubicarse en calles con mayor densidad de circulación, teniendo en cuenta factores como el volumen de tráfico, las condiciones de dispersión y la configuración urbana —incluidos los denominados “desfiladeros urbanos”—. Además, cada zona debe contar, como mínimo, con un punto de medición situado en un enclave crítico de contaminación
El análisis de Ecologistas en Acción se centra tanto en la macroimplantación —la elección del entorno general donde se sitúa la estación— como en la microimplantación —las condiciones inmediatas del punto de medición—. Para ello, examina variables como la proximidad a fuentes emisoras, el tipo de viario, el uso del suelo, la morfología urbana, la presencia de obstáculos físicos y las condiciones locales que influyen en la dispersión de los contaminantes
Los resultados muestran que 19 de las 25 estaciones analizadas presentan limitaciones respecto a los criterios europeos, ya sea por incumplimientos parciales o completos. En seis grandes aglomeraciones —Barcelona, Bilbao, Elx/Elche, Granada, Santander y Valladolid— las estaciones no están ubicadas en calles donde se esperan las concentraciones más elevadas, por lo que no representan puntos críticos de contaminación
En otras ciudades, como Badajoz, Guadalajara o Logroño, el problema es distinto: no existe ninguna estación de tráfico. La única estación disponible en cada una de ellas está situada en zonas de fondo, lo que impide medir de forma específica el impacto del tráfico rodado sobre la calidad del aire
Las principales deficiencias detectadas se concentran en la microimplantación. El informe identifica casos en los que las tomas de muestra se sitúan a alturas superiores a las recomendadas —como en Bilbao o Las Palmas de Gran Canaria— o a distancias del borde de la calzada que superan los 10 metros permitidos, como ocurre en A Coruña, Alicante, Badajoz, Elche, Logroño, Madrid, Málaga, San Sebastián, Vigo o Vitoria-Gasteiz
Frente a este escenario, solo seis ciudades —Gijón, Palma, Pamplona, Sevilla, València y Zaragoza— cuentan con estaciones que cumplen mayoritariamente los criterios de ubicación establecidos. Aun así, el propio informe señala que en estas mismas ciudades existen otras estaciones cuya localización debería revisarse para ajustarse a la exigencia de que al menos la mitad de los puntos de medición se sitúen en enclaves críticos
El documento contextualiza esta situación en una práctica que, según recoge, se ha producido durante las últimas décadas: la reubicación de estaciones consideradas “conflictivas”, especialmente las de tráfico, hacia vías secundarias. Esta decisión, adoptada por distintas administraciones autonómicas y locales, se ha justificado en el cumplimiento formal de los criterios legales de ubicación, aunque reduce la capacidad de los sistemas de medición para reflejar los niveles reales de contaminación en los puntos de mayor exposición
Este tipo de actuaciones ya fue objeto de revisión judicial en Europa. En 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en relación con la ciudad de Bruselas que derivó en un endurecimiento de los requisitos normativos, recogidos ahora en la nueva directiva comunitaria
A partir de este marco, Ecologistas en Acción plantea una serie de medidas en el proceso de adaptación de la normativa española. La organización propone que se establezca un plazo de un año para que las autoridades revisen la ubicación de las estaciones urbanas orientadas al tráfico, garantizando que cada aglomeración disponga de al menos un punto de medición situado en un enclave crítico de contaminación
El informe también plantea que este proceso se desarrolle con participación ciudadana y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elabore una guía técnica común para asegurar criterios homogéneos en todo el territorio. Asimismo, señala que el diseño de las redes de control debe apoyarse en herramientas de modelización o en mediciones indicativas que justifiquen la selección de los puntos críticos
El resultado del análisis apunta a una conclusión clara: solo una parte minoritaria de las estaciones cumple adecuadamente su función de medir la exposición real de la población a la contaminación atmosférica, mientras que la mayoría presenta deficiencias que limitan su representatividad en relación con los niveles de polución en las zonas más afectadas.
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