La PNL registrada propone una intervención urgente y estructural ante la “vulneración sistemática de derechos humanos” en los campamentos chabolistas del entorno agrícola onubense.
Martes, 15 de julio de 2025. El Grupo Plurinacional Sumar, a iniciativa de Izquierda Unida Huelva, ha registrado este 15 de julio en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) que insta al Gobierno a crear un Comisionado estatal para la migración temporera en Huelva, con competencia específica para abordar la situación de los asentamientos chabolistas en los que residen, según estimaciones, unas 5.000 personas migrantes empleadas en campañas agrícolas. La iniciativa ha sido formalizada por los diputados Enrique Santiago, Juan Antonio Valero y Francisco Sierra, y se debatirá en la Comisión de Política Territorial de la Cámara.
La PNL se presenta como respuesta a “la continua y reiterada vulneración de los derechos humanos que sufre la población migrante” en la provincia de Huelva, donde miles de personas viven en asentamientos informales construidos con cartón, plásticos y maderas, sin acceso a agua potable, electricidad, empadronamiento, atención sanitaria o recogida de residuos. En palabras del diputado Francisco Sierra, la situación es “intolerable en una sociedad democrática avanzada” y exige una respuesta institucional de mayor alcance que la que hasta ahora han mostrado los gobiernos locales, autonómicos y estatal.
La propuesta plantea que el Comisionado actúe como órgano coordinador entre todas las administraciones públicas, entidades sociales, ONG y actores implicados, y formule una intervención estructural en aspectos como el acceso a vivienda, empadronamiento, trabajo digno y protección frente a abusos. En concreto, se enumeran seis líneas de actuación: construcción de alojamientos dignos y sostenibles, regularización laboral, programas específicos para mujeres y menores, solución al bloqueo de los empadronamientos, campañas de sensibilización social, y actividades de integración desde el ámbito educativo y comunitario.
El texto de la PNL subraya que, pese a la puesta en marcha de instrumentos como el Plan EASEN de la Junta de Andalucía o la firma del Marco de Actuaciones para Doñana —que prevé 350 millones de euros hasta 2027, 32 de ellos para mejorar las condiciones de vida de personas temporeras—, la situación sobre el terreno sigue siendo crítica. El grupo parlamentario denuncia que, tras visitas a los asentamientos de Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, se constata que “el agua se obtiene de balsas de riego abandonadas, no hay ninguna condición de salubridad, y las chabolas se encuentran rodeadas de basura y escombros”.
La iniciativa recuerda que el 68 % de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Huelva están empleados en la agricultura, aunque esta cifra deja fuera a quienes trabajan sin contrato, muchos de ellos en situación irregular. El modelo de agricultura intensiva que genera más de mil millones de euros anuales en exportaciones de frutos rojos, sostiene Sumar, se asienta sobre condiciones laborales y habitacionales “extremadamente precarias”, con jornadas extenuantes, salarios inferiores al convenio —ya de por sí bajo— y ausencia de garantías laborales mínimas. El texto cita expresamente el salario diario vigente según el convenio del campo onubense: 57,95 euros por jornada de 6,5 horas.
El documento parlamentario también hace especial hincapié en la desigualdad de género que padecen las mujeres trabajadoras, muchas de ellas contratadas en origen mediante criterios “discriminatorios” y expuestas a una doble vulnerabilidad. Algunas han denunciado abusos laborales y sexuales, y se señala que su situación requiere una atención prioritaria en los planes de intervención.
La propuesta reclama además la intervención urgente del Estado para garantizar el acceso a agua potable en colaboración con la Diputación de Huelva y para asumir la recogida de residuos en los asentamientos más deteriorados mientras se implementan soluciones estructurales. Una de las claves del planteamiento es que el Comisionado tenga competencias ejecutivas, presupuesto y capacidad para articular una respuesta global e integrada, sin depender del impulso desigual de los gobiernos municipales o de la voluntad política de cada actor territorial.
El portavoz de IU en la Diputación de Huelva, Marcos Toti, ha valorado la iniciativa como una forma de “superar el bloqueo institucional” provocado por el rechazo previo del PP, Vox y PSOE a una moción similar en el ente provincial. “Esta vergüenza para Huelva, que es el incumplimiento sistemático de los derechos humanos contra la población migrante, no puede seguir siendo ignorada por el Estado”, sostiene Toti.
La Proposición No de Ley constituye, en efecto, una interpelación directa al Gobierno central para que asuma su responsabilidad ante lo que tanto informes de ONG como organismos internacionales y medios de comunicación han calificado como una crisis humanitaria estructural. Frente al despliegue fragmentado y tardío de políticas públicas, IU y Sumar reclaman un marco de acción unificado y eficaz, que parta del reconocimiento de derechos, la dignidad de las personas y la rendición de cuentas de todas las administraciones implicadas.
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