Centros abiertos y decisiones improvisadas pese a avisos oficiales por riesgo climático
CGT Enseñanza Huelva registra dos escritos ante Educación e Inspección por la desprotección del alumnado y el profesorado
Miércoles, 28 de enero de 2026. La Junta de Andalucía ha mantenido abiertos los centros educativos de la provincia de Huelva durante episodios recientes de alerta meteorológica sin activar un protocolo educativo específico y vinculante que ordene la actuación ante situaciones de riesgo derivadas de fenómenos adversos.
La ausencia de instrucciones claras y de criterios homogéneos por parte de la Administración educativa ha dejado en manos de cada centro la gestión de las alertas, pese a la existencia de avisos oficiales por lluvias intensas y viento. Direcciones y equipos docentes se han visto obligados a tomar decisiones sensibles sin respaldo normativo común, en un contexto marcado por la falta de planificación preventiva.
Esta forma de proceder ha sido puesta formalmente en evidencia mediante dos escritos registrados ese miércoles por el sindicato de Enseñanza de CGT Huelva ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y ante la Inspección Educativa. Las actuaciones sindicales no introducen el problema, sino que lo documentan y lo trasladan al plano administrativo, señalando un vacío estructural en la respuesta institucional ante las alertas climáticas.
Durante los días de alerta se han producido incidencias en recintos escolares relacionadas con las condiciones meteorológicas, como caídas de ramas y desprendimientos, problemas asociados a las lluvias y al viento, así como interrupciones de suministros básicos, entre ellos el de agua. A pesar de ello, la actividad lectiva se ha mantenido sin que conste la activación de medidas preventivas específicas ni evaluaciones de riesgo adaptadas a cada situación.
En el escrito dirigido a la Delegación Territorial, CGT Enseñanza Huelva señala la inexistencia de un protocolo educativo claro y de obligado cumplimiento para actuar ante fenómenos meteorológicos adversos, y advierte de que la gestión de las alertas ha recaído en la improvisación y en decisiones desiguales entre centros. El sindicato subraya que esta situación expone innecesariamente a profesorado, alumnado y personal no docente, al tiempo que traslada la responsabilidad a las direcciones sin cobertura normativa suficiente.
El segundo escrito, presentado ante la Inspección Educativa, sitúa el foco en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En él se recuerda que la legislación vigente protege al profesorado ante situaciones de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de alertas meteorológicas, y establece obligaciones claras para la Administración en materia de información previa, instrucciones precisas y posibilidad de interrupción de la actividad laboral o abandono del centro cuando exista peligro.
Las actuaciones registradas reclaman la elaboración inmediata de protocolos públicos y vinculantes, medidas específicas que protejan los desplazamientos del personal educativo y una revisión urgente del estado de las infraestructuras. El conflicto apunta a una responsabilidad política concreta: la falta de planificación de la Junta de Andalucía ante un escenario de alertas meteorológicas recurrentes, en el que la educación pública continúa funcionando sin un marco claro que priorice la seguridad de la comunidad educativa.

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