Las entidades firmantes denuncian que el dictamen autoriza un macrocomplejo industrial a 800 metros de las viviendas con datos técnicos de 2010 y un estudio de impacto basado en normativa derogada
Los firmantes anuncian nuevas alegaciones y advierten de que agotarán todas las vías institucionales, sociales y jurídicas para impedir la ampliación del complejo
Jueves, 18 de junio de 2026. Los ayuntamientos de la Comarca Minera de Riotinto, junto a grupos políticos y colectivos ecologistas y vecinales, han anunciado la presentación de nuevas alegaciones contra el Dictamen Ambiental emitido por la Junta de Andalucía el pasado 8 de junio sobre el vertedero de la comarca. Las doce entidades firmantes califican el dictamen de fraude de ley y advierten de que agotarán cualquier vía institucional, social y jurídica para impedir lo que describen como la transformación del vertedero en un macrocomplejo industrial masivo.
El bloque firmante integra a Adelante Andalucía, Antivertederos, Crea Pueblo, Ecologistas en Acción, Huelva te Mira, Izquierda Unida / Por Andalucía, Mesa de la Ría, el Movimiento Ciudadano Ni Vertedero Ni Tecnosuelos, Nerva Salud y Dignidad, el Partido Socialista Obrero Español, Riotinto Salud y Dignidad y XNerva, además de los ayuntamientos de la comarca.
El rechazo se dirige contra un dictamen que, según los firmantes, no constituye un plan de cierre del vertedero sino una autorización encubierta para una nueva etapa de intensificación industrial. El proyecto contempla la puesta en marcha de siete instalaciones: una planta de Combustible Sólido de Sustitución para procesar residuos inflamables; una planta de tratamiento de efluentes líquidos externos mediante ósmosis inversa y reactor biológico; una planta de biorremediación de suelos de 4.000 metros cuadrados; una planta de lavado y biorremediación de suelos contaminados; una planta de estabilización y solidificación; una planta de trituración y triaje de metales y plásticos contaminados; y una caldera de biomasa. Todo ello a 800 metros de las viviendas de Nerva.
Los firmantes articulan su oposición en torno a tres deficiencias que consideran graves. La primera es la vulneración de distancias: el propio dictamen admite que las instalaciones operarán a 800 metros de Nerva, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica exige desde 2023 una distancia mínima de 4.000 metros para vertederos de residuos peligrosos. La segunda es el uso de lo que denominan datos zombis: la evaluación de salud se apoya en un estudio de olores elaborado en 2010, empleado ahora para avalar una planta de alta complejidad. La tercera es la contaminación por arsénico: el informe base del propio expediente detectó niveles de 82 miligramos por kilogramo, el doble del límite legal de 40, situación que la Junta ampara bajo la hipótesis de tratarse de fondo natural.
A estas deficiencias se añade que el Estudio de Impacto Ambiental data de 2019 y se sustenta en legislación ya derogada, ignorando el Real Decreto 646/2020. Los firmantes señalan además que la intensificación industrial prevista es incompatible con el estatus de Bien de Interés Cultural de la Zona Minera y supone una amenaza para el ecosistema del río Tinto.
Las organizaciones han lanzado un llamamiento a la movilización ciudadana y anuncian que impulsarán todas las medidas necesarias hasta lograr la anulación total del dictamen y la aprobación de un calendario de cierre real y definitivo del vertedero.
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