Lo que Almería enseña cuando nadie quiere mirar

Lunes, 8 de diciembre de 2025. Cuando uno repasa con calma estos treinta años de vida política e institucional en Almería, entiende que lo ocurrido ahora no es un estallido aislado ni un desvío puntual, sino el final —provisional— de un ciclo completo donde la corrupción, la impunidad y la familiaridad con el poder se han ido transmitiendo como un legado. La historia reciente de Almería demuestra que la corrupción no fue un tropiezo, sino un método heredado, refinado y normalizado hasta niveles que, en otros territorios, resultarían difíciles de imaginar.

Y si se consolidó durante tanto tiempo no fue solo por la política, ni solo por la Justicia. Hay un tercer actor que ha tenido un papel decisivo: los medios de comunicación y quienes los gestionaban.

Este es un punto que nadie debería pasar por alto. Una parte significativa del ecosistema mediático de Almería no solo convivió con ese sistema, sino que lo sostuvo, lo justificó, lo blanqueó y, en ocasiones, lo celebró con extrañas complicidades. El poder político sabía perfectamente cómo comprar silencios, cómo neutralizar informaciones incómodas y cómo premiar fidelidades. Y no lo hacía con sutilezas: lo hacía con dinero público. Dinero de todos.

Un ejemplo que no debe olvidarse es el increíble despido de la periodista Eva Liria Rubio por Uniprex S.A.U., la periodista que destapó la Operación Poniente desde Onda Cero El Ejido. Tras casi 25 años de trabajo en la casa, su cabeza fue pedida expresamente por dirigentes provinciales del PP. El propio Gabriel Amat trasladó al director general de Uniprex, Ramón Osorio, su deseo dejar de oírla en la emisora del Poniente y Atresmedia, ya entonces entregado editorialmente al PP, lo hizo encantado tras hacer sus números.

Su despido se pagó, literalmente, con dinero público: un patrocinio del Ayuntamiento de Roquetas ( y sus empresas conesionarias) para financiar un programa especial de Carlos Herrera y su equipo. Izquierda Unida en Roquetas preguntó y hablaba de un coste de más de 100 mil euros. La sustitución o despido de una periodista incómoda se convirtió en moneda de cambio para asegurar una presencia mediática favorable en plena recomposición interna de la derecha almeriense. Pero sobre todo dejar limpio el camino para que Arenas llegase a Presidente de la Junta catapultado por el granero almeriense. Ese episodio, silenciado por casi todos – incluida la muy sumisa Asociación de Periodistas de Almeria- explica mejor que ningún otro cómo funcionaba el engranaje. Personalmente me alertó ese despido – al que me opuse internamente-  de que mi etapa de dos décadas en la dirección regional de Onda Cero-Andalucía había llegado a su fin. Y me marché por la misma puerta por la que entré en 1993.

No fue el único caso. El grupo La Voz de Almería —cabecera dominante en la provincia— apareció vinculado a partidas publicitarias de la Diputación que han  estado bajo la lupa. Durante años recibió contratos, convenios, patrocinios y encargos institucionales, ojo, sin papeles, que conformaron un flujo constante de miles de euros de dinero público.

Y la paradoja final es que el único condenado a cinco años en la pieza que afectó a esa red económica fue precisamente el socialista Luis Pérez Montoya, que según consta, autorizó de palabra, sin papeles, la adjudicación de contratos publicitarios por varios cientos de miles de euros en beneficio del grupo. Un exvicepresidente de Diputación pagó la factura penal. Un sistema donde quien daba el dinero era castigado, pero quienes se beneficiaban del dinero no lo devolvieron. Curioso.

Nada de esto sería posible si la provincia hubiera contado con un ecosistema mediático plural, independiente y comprometido con los valores de limpieza pública en democracia. Las excepciones existieron, pero el grueso del panorama funcionó como un elemento más del sistema de poder. Cuando un medio depende económicamente de una institución que controla la publicidad institucional, los patrocinios, las campañas de promoción y los convenios, la libertad real se vuelve un lujo. Y si además quien reparte ese dinero exige fidelidades políticas, el periodismo deja de ser un contrapoder y se convierte en un apéndice del poder.

Resulta llamativo ver estos días a responsables de ciertos chiringuitos mediáticos unipersonales lamentar la caída de JAGM en sus redes, quizá porque temen que se acabe la generosidad económica de Diputación y no puedan pagar la luz porque nóminas no tienen o tienen muy pocas.

Por eso la corrupción en Almería sobrevivió tanto tiempo: porque no tuvo prensa —ni la tiene— que la amenazara de verdad. La experiencia de El Mundo de Almería fue una raya en el agua que duró un suspiro; en cuanto empezaron a publicar casos de corrupción que afectaban al PP almeriense, Gabriel Amat dejó de financiar a la mercantil local que explotaba la franquicia de Pedro J. Ramírez, quien por cierto acudió junto a Javier Arenas y Gabriel Amat al acto de presentación del periódico en el Gran Hotel, acto en el que participé como maestro de ceremonias, vulgo presentador.

Cada archivo, cada silencio, cada sumario paralizado, cada pacto en la Diputación encontraba al otro lado una prensa mansa, condicionada o directamente cómplice. Esa complicidad silenciosa permitió que los mismos nombres pudieran repetir durante décadas los mismos métodos, convencidos de que nada ni nadie haría demasiado ruido. Y casi nunca se equivocaron.

A eso se suma lo ocurrido en el juzgado que instruyó durante tres años —sin avance significativo— el sumario del caso mascarillas. Una jueza con parentesco directo con uno de los protagonistas de la trama mantuvo la causa aparentemente congelada hasta que el escándalo saltó a nivel nacional. Tras una baja y un alta laboral, anunció que se inhibía. Lo hizo cuando ya no había manera de sostener la situación.

Un retraso así, en un asunto de semejante gravedad, no es un incidente administrativo: es un problema institucional que debe investigarse. En una provincia con un historial reciente donde un fiscal filtraba información a un investigado, no cabe la menor duda de que el CGPJ debería actuar. Si la Justicia no se limpia, nada se limpia.

Las conclusiones de todo esto son duras, pero necesarias. Almería importa porque es el espejo donde se refleja lo que ocurre cuando el poder, la política, la Justicia y los medios terminan por confundirse en un mismo paisaje. Cuando la prensa calla, la corrupción avanza. Cuando la Justicia mira hacia otro lado, la impunidad se instala. Cuando la política domina todos los resortes, el ciudadano deja de existir salvo para pagar la cuenta.

Lo que ha estallado ahora no es solo una trama de mascarillas. Es el síntoma visible de un sistema agotado que ya no podía seguir ocultándose. Los próximos meses serán decisivos para saber si esa grieta se convierte en ruptura o si todo vuelve a sellarse con el cemento habitual de esta tierra. En San Telmo, el único argumento que articulan es muy pedestre: los echamos del partido a las pocas horas de ser detenidos. Lógico, mantener como han mantenido a los mismos, tras pasar por El Acebuche el Vicepresidente 3º hace cuatro años, hubiese sido un escándalo mucho mayor.

Tras el terremoto de las detenciones y el impacto político y social que hemos vivido, el procedimiento judicial también ha sufrido cambios en su dirección. Tras la inhibición aceptada por la Audiencia de la primera jueza, se ha procedido nombrar a otro de tal forma que el sustituto que envió a la UCO no volverá a tocar esta instrucción. Llega un nuevo juez, con alguna experiencia en sumarios por corrupción en la Diputación y, por tanto, veterano habitante del ecosistema judicial almeriense. Milita en la APM y ha sido su delegado en Almería. Ahora, superado por Moreno Bonilla el primer susto, la línea de investigación que más les preocupa es cómo, gracias a qué y a quién, las empresas pantalla de los investigados han logrado colarse en el BOJA.

Cuando la Operación Poniente a la UDEF les resultó muy fácil retratarlos a todos. Se plantaron en la Caseta de la Feria de Abril de Abengoa en Sevilla y allí, empezando por el entonces poderosos consejero Martín Soler y acabando por Pepe Alemán y Juan Enciso, unieron rápidamente el puzle de las complicidades políticas.

Pero visto lo visto una verdad ya es indiscutible: nadie podrá decir que no sabía cómo se construyó este edificio. Quien no quiera mirar es libre de cerrar los ojos. Pero la realidad está ahí, completa, documentada, pública. Y ya no se puede ocultar.

Aquí termina esta serie… de momento.

La historia, desgraciadamente, seguirá escribiéndose.