La Policía ha detenido al encargado de las contrataciones, acusado de agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Las víctimas denunciaron relaciones sexuales no consentidas impuestas bajo amenazas de despido, impago o denuncia por su situación administrativa.
Martes, 13 de enero de 2026. Las agresiones sexuales se producían dentro de un sistema de control laboral y administrativo. Esa es la estructura que, según la Policía Nacional, operaba en una explotación agrícola de la provincia de Huelva y que ha terminado con la detención de un encargado acusado de someter a trabajadoras migrantes a violencia sexual aprovechando su dependencia económica y su situación de vulnerabilidad.
La Comisaría Provincial de Huelva ha informado este martes de que el arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ayamonte como presunto autor de delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores. La investigación describe un patrón delictivo continuado basado en la captación y utilización de mano de obra femenina en situación administrativa irregular, explotando su precariedad económica y social para imponer condiciones ilegales de trabajo y ejercer violencia.
Las mujeres afectadas relataron jornadas prolongadas sin descansos, salarios por debajo de los legalmente establecidos, pagos en efectivo sin respaldo documental y fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social. En determinados casos, según la Policía, también fueron obligadas a realizar trabajos adicionales no remunerados en otras explotaciones vinculadas al entorno del detenido.
Sobre ese entramado de explotación laboral se produjeron, según las denuncias recogidas por los investigadores, situaciones de acoso y agresiones sexuales. La Policía ha documentado que al menos una de las víctimas fue sometida durante un periodo prolongado a relaciones sexuales no consentidas bajo la amenaza explícita de perder el empleo, no percibir su salario o ser denunciada ante las autoridades por su situación administrativa.
La investigación sitúa estas conductas en un contexto de abuso de poder y prevalimiento, derivado de la posición de superioridad del detenido sobre mujeres migrantes en situación de especial vulnerabilidad, cuya permanencia en el trabajo y su supervivencia económica dependían directamente de él.
El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ayamonte, mientras la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Huelva continúa realizando gestiones para localizar a más posibles víctimas relacionadas con estos hechos, lo que mantiene la investigación abierta.
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