El documento, de origen desconocido y más restrictivo que la propuesta inicial aprobada por el Consejo de Ministros, dispara consultas jurídicas entre personas migrantes.
El Gobierno pide acudir a fuentes oficiales sin mencionar la difusión del texto ni aclarar su procedencia.
Preocupación en colectivos migrantes por el «endurecimiento» del «segundo borrador».
Viernes, 6 de marzo de 2026. La difusión en Internet de un documento presentado como supuesto “segundo borrador (VER)” del Decreto de Regularización extraordinaria de migrantes ha activado en los últimos días un lucrativo negocio de asesorías jurídicas y consultas de pago dirigidas a personas que esperan beneficiarse de la futura medida. El texto, cuya procedencia no ha sido identificada públicamente y que no ha sido publicado en ningún canal oficial, circula entre portales especializados en extranjería, asesorías migratorias y despachos de abogados que analizan su contenido y ofrecen servicios profesionales para preparar expedientes administrativos vinculados a la regularización.
La aparición de ese documento coincide con la tramitación de la propuesta de Real Decreto aprobada inicialmente por el Consejo de Ministros para articular un proceso extraordinario de regularización de personas migrantes. Tras su aprobación inicial, el texto continúa su recorrido administrativo antes de la emisión de los informes preceptivos y su eventual aprobación definitiva.
En ese contexto ha comenzado a difundirse en redes sociales y páginas especializadas un documento presentado como supuesto “segundo borrador” del decreto. El texto no figura en los repositorios institucionales donde el Gobierno publica los proyectos normativos sometidos a consulta pública ni en los portales oficiales donde se difunden los documentos de trabajo de la Administración. Tampoco ha sido identificado ningún organismo público que haya reconocido su elaboración o su filtración.
Aun así, el documento está siendo utilizado como referencia en portales especializados en extranjería y páginas de asesoría jurídica que analizan sus posibles efectos y describen los requisitos que podrían aplicarse en el proceso de regularización. Entre otras cuestiones, el texto que circula describe la necesidad de acreditar la permanencia en España mediante documentación específica, aportar certificados de antecedentes penales del país de origen, justificar vínculos laborales o familiares y reunir pruebas administrativas que permitan sostener cada solicitud.
Ese tipo de expediente exige reunir documentación en España y en el extranjero, obtener certificados oficiales, realizar traducciones juradas y apostillas consulares y recopilar pruebas documentales de residencia o actividad laboral. En ese escenario de incertidumbre, varias páginas de asesoría migratoria están ofreciendo consultas jurídicas para estudiar la situación administrativa de personas interesadas en acogerse a la futura regularización.
En algunos casos esas consultas se ofrecen a través de servicios telefónicos de tarificación especial 807 (con un coste medio de 1,50 € por cado minuto de conversación) utilizados para resolver dudas jurídicas sobre trámites de extranjería. En otros portales se anuncian consultas profesionales de pago destinadas a analizar la situación administrativa de posibles solicitantes y evaluar si podrían cumplir los requisitos descritos en el documento que circula como supuesto segundo borrador.
Ese tipo de ofertas aparece también en comentarios y publicaciones en redes sociales vinculadas a contenidos sobre el supuesto borrador. En una de esas publicaciones, un usuario pregunta por el precio del trámite de regularización y recibe como respuesta una oferta concreta de servicios jurídicos: 460 euros por la consulta inicial y 300 euros adicionales por cada familiar incluido en el expediente. El intercambio se produce en el contexto de un vídeo que menciona explícitamente el “segundo borrador” de la regularización.
En conversaciones mantenidas con otros servicios de asesoría jurídica especializados en extranjería, los propios operadores reconocen que el documento que circula como supuesto segundo borrador no es un texto oficial. En uno de esos intercambios, el servicio consultado afirma que la información procede de “filtraciones” y que el decreto definitivo todavía no ha sido aprobado, pese a lo cual ofrece continuar el asesoramiento mediante servicios profesionales vinculados a la preparación de expedientes.
El documento difundido como supuesto segundo borrador también aparece analizado en páginas y redes sociales de distintos despachos de abogados especializados en derecho de extranjería, donde se describen los cambios que introduciría respecto al texto inicialmente conocido y se explican los requisitos que podrían aplicarse a quienes aspiren a beneficiarse de la futura regularización.
Preocupación en los colectivos migrantes
Los contenidos que analizan el supuesto segundo borrador también han provocado reacciones entre colectivos migrantes y organizaciones de apoyo a personas extranjeras. En redes sociales y canales de mensajería utilizados por comunidades migrantes han comenzado a circular infografías y mensajes de alerta sobre los requisitos que aparecen en el documento difundido. Esos materiales advierten de posibles cambios en las condiciones del proceso de regularización y recomiendan verificar la información antes de iniciar trámites o contratar servicios de asesoría.
Algunas de esas organizaciones han difundido además recomendaciones para evitar fraudes y consultar únicamente fuentes contrastadas mientras el decreto definitivo continúa en tramitación. Las alertas se producen después de que el documento empezara a circular en portales de extranjería y páginas de asesoría jurídica que analizan su contenido como si se tratara de una nueva versión del decreto.
Mientras esa actividad se desarrolla en portales de extranjería, asesorías migratorias y despachos jurídicos, el Gobierno ha recordado públicamente que el decreto definitivo aún no está aprobado y ha recomendado consultar únicamente fuentes oficiales para informarse sobre el proceso. Esa advertencia institucional no menciona el documento que circula como supuesto segundo borrador ni hace referencia a su difusión.
La cuestión central sigue abierta: de dónde procede el documento que circula en Internet como supuesto “segundo borrador” del Decreto de Regularización. El texto no aparece en los repositorios oficiales donde se publican los proyectos normativos en tramitación ni ha sido reconocido por ninguna institución como documento de trabajo del Gobierno. Sin embargo, su difusión ya está generando consultas jurídicas y servicios profesionales vinculados a un proceso administrativo cuyo contenido definitivo todavía no existe y ya genera pingües beneficios.
Pues el segundo borrador es el que han filtrado los equipos que están trabajando en el texto. Y naturalmente, los profesionales deben asesorar sobre la situación actual y previsible en función de los textos que se conocen. Y además hacerlo cobrando por sus servicios. Este artículo es demagogia pura. Siempre criminalizando al profesional que se encarga de hacer su trabajo de forma honrada.
Si usted lo dice… cualquier aclaración sobre el origen del documento y precisiones al respecto serán gratamente recibidas y trasladadas a las lectoras y lectores de La Mar de Onuba enviádolas a redaccion@lamardeonuba.es… o el teléfono que ya conocen. Un saludo.