Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía: “La ciudadanía tiene derecho a unos servicios sociales, a una educación, a una sanidad, a unos medios de transporte y a una justicia justa, y es lo que pedimos”.
El sindicato solicita “acabar con la precarización de las condiciones laborales en el empleo público, el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratación”.
Viernes, 21 de mayo de 2021. El sindicato CGT convoca una huelga en toda Andalucía el próximo viernes 28 de mayo para reivindicar la estabilidad laboral de los interinos, para pedir el aumento del empleo público ante la falta de personal en las administraciones y para que se recuperen los servicios privatizados.
A la huelga están convocados todos los sectores de las administraciones públicas: autonómica, del Estado y locales, así como a las empresas contratadas para ejecutar servicios públicos.
Para el sindicato “sobran los motivos”, pero han querido concretar en tres grandes razones para secundar esta huelga en defensa de lo público. Por un lado una solución para los interinos. Desde CGT piden “acabar con la precarización de las condiciones laborales en el empleo público, el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratación, resolviendo la situación de miles de interinos e indefinidos no fijos en Andalucía que están en esta situación, con la consolidación en sus puestos de manera permanente”. Tal y como denuncia el sindicato la tasa de temporalidad de las administraciones públicas españolas es de casi el 30%, muy por encima de la recomendada por Europa que es del 8%. Según Miguel Montenegro, secretario general de CGT en Andalucía, “lo que pedimos es que ahora que van a sacar ofertas de empleo público, pues que esos compañeros no tengan que concursar y se paren esas ofertas hasta que se consoliden esos puestos de trabajo”.
En segundo lugar, desde CGT solicitan “la recuperación de las miles de plazas de empleo público perdidas durante los últimos años”, que ha provocado que falte personal en las administraciones. Según el sindicato “podemos hablar de miles de plazas perdidas en la última década, entre los recortes que supuso la tasa de reposición impuesta por Rajoy, que supone que si alguien se jubila se pierde esa plaza, o las restricciones presupuestarias impuestas a las administraciones locales, con planes de ajuste que penalizan la mala gestión reduciendo personal público y, por tanto, servicios a la ciudadanía”. Por ello, piensan que se deben ofertar “todas las plazas que se han perdido la última década y mediante procesos que aseguren los principios de igualdad, mérito y capacidad, y no como los últimos procesos express por orden de llegada, que recientemente han tumbado los tribunales”. Para Montenegro “la ciudadanía tiene derecho a unos servicios sociales, a una educación, a una sanidad, a unos medios de transporte y a una justicia justa, y es lo que pedimos”.
Por último, el sindicato reclama “la recuperación de los servicios públicos privatizados y la ampliación del ámbito de lo público”. Desde CGT estiman que “la gestión directa por las administraciones públicas de sus servicios se ha demostrado más eficiente, porque el dinero público va directo al servicio público y no al beneficio empresarial” además de que “en muchos casos es más barato”.
Motivos generales:
- Acabar con la precarización de las condiciones laborales en el empleo público, el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratación. QUIENES ESTÁN SE QUEDAN.
- Recuperación/creación de las miles de plazas de empleo público pérdidas durante los últimos años.
- Garantizar un sistema sanitario público y de calidad para toda la ciudadanía, elemento cohesionador y vertebrador de un sistema social y democrático de derecho.
- Recuperación de los Servicios Públicos privatizados y ampliación del ámbito de lo público. En Defensa de lo Público, de lo común.
- Mayor inversión pública en las necesidades sociales colectivas, con especial énfasis en las de la clase trabajadora.
- Asegurar desde los Servicios Públicos las condiciones mínimas para una vida digna de la población, en una perspectiva igualitaria.
- Recuperar para lo público todos los servicios privatizados y externalizados en las distintas administraciones y cese inmediato de privatización de servicios públicos.
- Establecimiento de sanciones severas, que deberán abonar con patrimonio privado, e inhabilitación para el desempeño de cargo público contra quienes como gestores del ámbito público utilicen contratación en fraude de ley.
Motivos para acabar con la precarización del empleo público y conseguir la ampliación de los Servicios Públicos:
- Consolidación en el Sector Público de las personas que han sufrido abuso de temporalidad y fraude en la contratación en sus plazas, al llevar ocupándolas más tiempo del período mínimo obligatorio establecido en el TREBEP, sin que la administración haya iniciado procesos de concurso-oposición para su cobertura, en los términos establecidos por la Sentencia núm. 33/2020, de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señala el fraude de ley cometido por las administraciones. Ésta es una exigencia prioritaria que enmarcamos en la “lucha contra la Precariedad Laboral” establecida como prioridad en los acuerdos de nuestro XVIII Congreso Confederal.
- El TJUE ha dictaminado que la convocatoria de OPE no es un elemento ni sancionador ni disuasorio de la temporalidad y que castigar al que ha sufrido la contratación fraudulenta con la perdida de su empleo no es ajustado a derecho.
- La sanción a la contratación en fraude de Ley y al abuso de la temporalidad es la fijeza, no el despido.
- Exigimos la trasposición de la Directiva Europea 1999/70 en el ámbito del Sector Público y en todo lo relativo a prevenir la precariedad laboral y a sancionarla cuando esta se produzca, incluyendo las indemnizaciones por cese de la relación laboral.
- Reivindicamos no incluir plazas en posible abuso de temporalidad y/o fraude en las Ofertas Públicas de Empleo mientras no se determine el grado de abuso, se sancione y se resarza a los trabajadores y trabajadoras en esta situación.
- Reivindicamos la creación de nuevas plazas, eliminando las tasas de reposición y las limitaciones establecidas desde hace años. Se hace necesario ampliar las plazas de las administraciones públicas, que han perdido miles de puestos de trabajo durante la última década, y adecuar las plantillas a las necesidades de las clases trabajadoras con respecto a los servicios públicos dignos y de calidad.
- Acabar con las medidas de amortizaciones de plazas en los Planes de Ajuste de los municipios, que ocasionan un grave perjuicio a la clase trabajadora y al propio servicio público, culpabilizándolo de la mala gestión que han hecho los responsables políticos.
- Reclamamos el establecimiento de mecanismos de control en los sistemas de convocatoria, creación y concurso de plazas, encaminados a evitar la proliferación de interinidades de larga duración y la cronificación de la contratación temporal.
- Exigimos que se vele por el cumplimiento efectivo de los plazos y procedimientos de Ofertas Públicas de Empleo para que estas se desarrollen con el máximo de transparencia en todo su proceso, desde el número de plazas ofertadas hasta el control de las listas o bolsas de trabajo a través de reglamentos específicos.
- Reivindicamos que se reconozca la estructuralidad de las plazas cubiertas de manera temporal por programas, cuando se evidencia que cubren necesidades estructurales y no temporales de los servicios públicos.
- Acabar con los programas temporales de fomento del empleo joven y similares, que no dejan de ser programas que generan empleo público fugaz, precario, de usar y tirar y con condiciones laborales por debajo de la norma, fuera de los Convenios, para cubrir puestos estructurales que continuarán vacíos una vez acaben esos programas. Que todos los recursos públicos destinados a estos programas se reinviertan en la creación de plazas de estructura de las Administraciones locales.
- Regularización de oficio de todos los contratos en fraude, ya sea por no cumplir con los requisitos de contrataciones temporales, de obra y servicio, etc. o por cubrir puestos de estructura de las administraciones sin las mismas condiciones laborales.
- Rechazamos todo proceso “exprés” de contrataciones de empleo público que se realicen sin garantías de control y sin oportunidades para la generalidad de la clase trabajadora.
- Habilitar por ley a la Inspección de Trabajo para que se pueda sancionar a las administraciones públicas por incumplimientos de las normas de contratación y normativa laboral y de prevención de riesgos en general.
Motivos orientados a la recuperación de lo privatizado y contra nuevas externalizaciones de lo público:
- Reivindicamos la internalización de las contratas y subcontratas y de recuperación de las actividades privatizadas, (por ejemplo, mediante la remunicipalización, reinternalización…), garantizando la continuidad de los puestos de trabajo y de los derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras, en línea con la firme “defensa del empleo de calidad” en relación a “la transformación social de los Servicios Públicos privatizados” establecida en nuestros acuerdos Confederales de Iruña.
- Exigimos el cumplimiento de las PNL y mociones aprobadas en el Parlamento andaluz, Diputaciones y Ayuntamientos en relación a la recuperación para lo público de distintos servicios esenciales para la comunidad que actualmente se prestan a través de contratas y subcontratas (intérpretes de lengua de signos, PTIS, monitoras escolares, Gestión telefónica del 112, 061 y Salud Responde, Servicio de Ayuda a Domicilio, Técnic@s de emergencias sanitarias, limpieza hospitalaria…).
- Reconocer y acabar de oficio con la cesión ilegal de trabajadores por parte del Sector público andaluz.
- Vigilar y acabar los concursos públicos opacos y fraudulentos y el incumplimiento de los contratos por parte de las empresas hasta la finalización de los actuales contratos, tras la cual serán internalizados.
- Mientras siga habiendo contratas y subcontratas, garantizar las subrogaciones en todas ellas del mismo personal para otorgar estabilidad.
- Exigir unas condiciones laborales dignas equiparadas a las de las trabajadoras/es de la administración que subcontrata y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, en todas las empresas que desarrollan servicios públicos.
- Instar a la Inspección de Trabajo a que actúe contra las prácticas fraudulentas o irregulares conforme a la legalidad vigente de las administraciones que subcontratan y de las empresas concesionarias.
Respeto de las mínimas condiciones en materia de prevención de Riesgos laborales.
- En el ámbito de las administraciones públicas y sus contratas y subcontratas es habitual que nos encontremos ante graves incumplimientos en materia preventiva, tanto en lo relativo a las evaluaciones de riesgos de los centros de trabajo, útiles y herramientas, lugares de trabajo… como en la falta de respeto a las condiciones mínimas de seguridad y salud en los mismos, se obvian detallar ante lo generalizado del problema, e igualmente grave es la situación respecto a los riesgos psicosociales, el estrés, etc. dándose la circunstancia además que la precariedad, el abuso de temporalidad, decisiones políticas que afectan a la estabilidad del empleo, etc. está generando múltiples episodios de trastornos ansioso depresivos y otros tipos de enfermedades relacionadas con la salud mental, sin que se ni el estrés ni los riesgos psicosociales se estén evaluando ni adoptando medidas para evitar este tipo de dolencias en las plantillas.
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