Con Andalucía denuncia la ausencia de intérpretes en plenos, ruedas de prensa, actos institucionales y actividades públicas organizadas o promovidas por el Ayuntamiento.
La formación reclama al gobierno municipal una planificación estable que permita a las personas sordas acceder a la información y participar en la vida pública en condiciones de igualdad.
Viernes, 24 de julio de 2026. La presencia de intérpretes de lengua de signos española no está garantizada de forma sistemática en el conjunto de la actividad pública del Ayuntamiento de Huelva. Plenos, ruedas de prensa, actos institucionales, actividades culturales, deportivas o festivas y campañas de información municipal pueden celebrarse sin este servicio, según denuncia el grupo municipal Con Andalucía.
La cuestión ha sido planteada por la formación en una interpelación dirigida al equipo de gobierno de Pilar Miranda. La iniciativa, defendida por la concejala Mónica Rossi, pide que el Ayuntamiento explique qué razones organizativas, técnicas o presupuestarias impiden asegurar la interpretación en lengua de signos en toda la programación pública municipal.
«La accesibilidad no puede entenderse como un gesto voluntario ni como una cuestión secundaria. Es un derecho reconocido por la legislación y una obligación de cualquier administración que quiera construir una ciudad verdaderamente inclusiva», sostiene Rossi. La concejala considera que la falta de este servicio limita el acceso de las personas sordas a la información y su participación en actos convocados por su propio Ayuntamiento.
El Consistorio cuenta con medidas específicas dirigidas a la comunidad sorda. Entre ellas figura un servicio de videointerpretación que permite realizar gestiones con distintos departamentos municipales, además de talleres de lengua de signos y algunas actividades culturales accesibles. El acto celebrado el pasado mes de junio ante el Ayuntamiento con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas contó también con interpretación, y el programa de accesibilidad de las Colombinas de 2025 incluyó este servicio en todos sus actos oficiales.
El debate no reside, por tanto, en la inexistencia absoluta de iniciativas municipales. Las hay. La reclamación plantea si esas actuaciones responden a una política general y permanente o si la accesibilidad comunicativa continúa dependiendo de la naturaleza de cada convocatoria y de las decisiones adoptadas para cada acto.
La propia alcaldesa aseguró durante la conmemoración del Día Nacional de las Lenguas de Signos que una ciudad inclusiva debe permitir que todas las personas participen plenamente en su vida social, cultural y administrativa. En ese mismo acto, el presidente de la Asociación Cultural de Sordos de Huelva, Juan Jesús Hidalgo, reclamó «compromiso, recursos y políticas públicas estables» para avanzar desde el reconocimiento legal de la lengua de signos hasta la garantía efectiva de los derechos de sus usuarios.
La accesibilidad de la información y de la comunicación forma parte además del Plan de Accesibilidad Integral que prepara el Ayuntamiento. El documento se encuentra todavía en fase de análisis y diagnóstico e incluye entre sus ámbitos de actuación los servicios municipales y la relación informativa con la ciudadanía. La evaluación encargada a ILUNION Accesibilidad deberá servir de base para una hoja de ruta aplicable durante los próximos años.
La Ley 27/2007 reconoce la lengua de signos española y encomienda a los poderes públicos promover servicios de interpretación para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas cuando los necesiten. La norma contempla expresamente las relaciones con las administraciones, la participación política, las reuniones plenarias públicas, las campañas institucionales y otras actividades de interés general.
La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce igualmente el derecho a la accesibilidad de la información, las comunicaciones, los servicios públicos y los espacios de participación ciudadana. No se trata únicamente de eliminar obstáculos físicos: la imposibilidad de comprender una intervención institucional o de seguir un acto público constituye también una barrera.
Con Andalucía reclama que el Ayuntamiento establezca una política estable que determine en qué actos debe ofrecerse interpretación, qué recursos se destinan al servicio y cómo pueden solicitarlo las personas que lo necesiten. «Ninguna persona debería quedarse fuera de la información pública o de la participación ciudadana por la falta de medidas que son perfectamente planificables», concluye Rossi.
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