En el contexto de la crisis del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya Asamblea Anual se celebró de forma virtual los días 18 y 19 de mayo de 2020, ha declarado que la futura vacuna contra esta pandemia debería ser un “bien público mundial”, como respuesta a la iniciativa de una docena de países. El presidente chino Xi Jinping prometió, en este sentido, que China donaría 2.000 millones de dólares USD (unos 1.772 millones de euros), para consagrarlos a varios aspectos de la lucha contra el coronavirus.
El 4 de junio de 2020, el secretario general de la ONU, António Guterres, también reafirmó, en la inauguración de la Cumbre Virtual de la Alianza para la Vacunación (GAVI), que reunió a más de 50 países y más de 35 jefes de Estado y de Gobierno, que la futura vacuna contra la COVID-19 debe ser “una vacuna para los pueblos”, accesible a todos. En dicha cumbre, los donantes, públicos y privados, prometieron dedicar unos 8.000 millones de euros (9.027 millones de USD) a intensificar la vacunación contra las principales enfermedades. Esta opinión la comparten diversos expertos en salud. El microbiólogo belga Peter Piot, nombrado asesor por la Comisión Europea en la investigación de la lucha contra la COVID-19, insistía, en una entrevista al periódico Le Monde, en la importancia del “acceso equitativo” a la vacuna y criticaba el “nacionalismo vacunal” del presidente estadounidense Donald Trump.
En efecto, conforme a lo anunciado por Trump, Estados Unidos se retiró de la OMS el 7 de julio de 2020, asestando un duro golpe a esta institución internacional y privándola de alrededor del 20% de su presupuesto [no es la primera vez que los Estados Unidos retiran la financiación a la OMS, ya lo hicieron en 1985 bajo el mandato de Ronald Reagan, ndlr]. Trump adopta así una posición unilateralista y una concepción mercantil de la salud.
Esto nos conduce al debate más general sobre si el conocimiento científico debe tratarse como un “bien público mundial” o si puede tener un valor mercantil, como cualquier otro bien. La ONU y sus agencias vienen defendiendo desde hace mucho tiempo la primera opción.
Por encima de las fronteras, las generaciones y los grupos de población
Cabe recordar que el concepto de “bien público mundial” ha pasado a ser una piedra angular en el contexto de la globalización. Surge de la transposición a nivel mundial de la noción de “bien público”, que consagró el premio nobel de Economía Paul Samuelson, en su artículo The Pure Theory of Public Expenditure (1954). Como explica a Equal Times la académica y consultora alemana Inge Kaul, que fue la primera directora de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se trata de bienes “sin rivalidad” (su uso no reduce el consumo o disfrute de otros usuarios) y “sin exclusión” (no se puede excluir a nadie del consumo de este bien y, por lo tanto, no se le puede cobrar por su uso).
En general, se considera que hay tres categorías de estos “bienes públicos mundiales” (BPM): los naturales (como el agua, la calidad del aire, la biodiversidad, etc.), los creados por el ser humano (el conocimiento científico, el acervo patrimonial), y los resultantes de políticas mundiales (la salud y la seguridad, el mantenimiento de la paz, la estabilidad política y financiera, etc.). Sin embargo, no hay consenso sobre el alcance de estos bienes y es sobre estos aspectos de la definición de lo que se tratan los debates sobre qué se entiende por “público” y qué puede ser privatizado. Este podría ser el caso, por ejemplo, del tema del acceso al agua o al patrimonio natural turístico, o de si un bien fundamental para la humanidad y el clima, como la selva amazónica, debe ser administrado por sólo unos pocos países o se le debe otorgar una “condición internacional” especial.
El sistema de las Naciones Unidas juega un papel crucial en la gestión de los bienes públicos mundiales. Bruce Jenks, exdirector de la Dirección de Recursos y Alianzas Estratégicas del PNUD, llega a sostener, en un artículo publicado en 2012 en la Revue internationale de politique de développement que “la propia Carta de las Naciones Unidas se elaboró como un bien público mundial”.
Desde la década de los noventa, la ONU viene elaborando numerosas reflexiones sobre el tema. Inge Kaul publicó un estudio pionero en 1999, siguiendo la labor precursora de Charles Kindleberg, en el que define los bienes públicos mundiales como bienes “cuyos beneficios se extienden más allá de las fronteras, las generaciones y los grupos de población”.
“Dado que los bienes públicos mundiales están entrelazados entre países, la ONU es un foro idóneo para hablar sobre los bienes públicos mundiales. La ONU debe desempeñar un papel fundamental. Pero se trata de temas muy polémicos. Ha sido difícil convencer a los jefes de Estado y a los directores generales de empresas privadas de la importancia de los bienes públicos mundiales”, explica a Equal Times.
Sin embargo, Inge Kaul cree que “el conocimiento científico no es un bien público mundial. Carece de rivalidad, pero es excluyente”. No obstante, considera que “la OMS debe proclamar la vacuna un bien público mundial”, algo que la organización internacional podría hacer votando a favor de una resolución y proporcionando financiación específica. “Pero es preciso asegurarse de que hay suficiente dinero para comprar 8.000 millones de vacunas y no veo el dinero sobre la mesa para ello. Así que, en mi opinión, es algo que no va a suceder”.
Equitativa y asequible, en lugar de gratuita
El acceso a la futura vacuna no será gratuito, pero sí equitativo, asequible y “disponible para todos”, indica la ONU. En la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada el 19 de mayo de 2020, los 194 Estados miembros de la OMS aprobaron una resolución en la que se hacía un llamamiento al “acceso universal, oportuno y equitativo a todas las tecnologías y productos sanitarios esenciales de calidad, seguros, eficaces y asequibles, … necesarios para la respuesta a la pandemia de COVID-19, así como a su distribución justa, y para que se eliminen urgentemente los obstáculos injustificados que dificulten dicho acceso”. Además, pide a sus miembros que “compartan con la OMS y con otros países, según proceda, las enseñanzas aprendidas, prácticas óptimas, datos, materiales y productos básicos necesarios para la respuesta”.
De esta manera, la OMS ha logrado arrancar un consenso internacional (a pesar de la deserción de los Estados Unidos, que tal vez sólo sea temporal) para favorecer al máximo la rápida producción de medicamentos y vacunas, y asegurar su distribución equitativa a toda la población mundial.
Las Naciones Unidas se congratulan de haber logrado lanzar la Iniciativa ACT (Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19), un programa mundial de colaboración en investigación entre organizaciones internacionales, instituciones públicas y fundaciones privadas.
Marie-Paule Kieny, viróloga, directora de investigación del Inserm y ex directora general adjunta de la OMS, entrevistada por este medio, considera que “la vacuna puede ser un bien público mundial, lo que no significa que vaya a ser gratuita, pero sí que debe alentar a los productores a ser modestos en sus exigencias de rentabilidad de la inversión, dado que los costos del desarrollo de la vacuna han sido esencialmente pagados con fondos públicos”. Estas vacunas deberían venderse a precios asequibles, al menos mientras dure la pandemia.
Señala que “algunos productores están demostrando su compromiso con este valor de bien público mundial, y algunas compañías farmacéuticas, como AstraZeneca, han anunciado que venderán casi a precio de costo. Otras se abstienen de hacer anuncios”. En cuanto a Estados como Francia, que han seguido sus pasos, Kieny señala que “también se trata de actuar en interés propio, en el buen sentido. Si este virus circula ampliamente y los países más pobres no tienen acceso a la vacuna, aumentan los riesgos para los países más ricos”.
Debate ideológico
Sin embargo, la tarea de las Naciones Unidas y de la OMS en defensa del valor universal del conocimiento científico no se ve facilitada por una cierta oposición, encabezada por algunas entidades liberales estadounidenses (como la ultraconservadora Heritage Foundation) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta última sostiene que los conocimientos científicos son objetos comercializables en virtud de los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), adoptados en 1994 por la OMC.
Como resultado de este enfoque mercantil, el número de patentes sobre descubrimientos científicos y tecnológicos ha aumentado exponencialmente en los últimos treinta años, dando lugar a un aumento de la “mercantilización del conocimiento” y a restricciones en la transferencia de tecnología y conocimientos. Así lo subraya el economista francés El Mouhoub Mouhoud, para quien “la apropiación del conocimiento por parte de los grandes oligopolios plantea problemas de equidad, sobre todo hacia las generaciones futuras y los países del Sur”, y añade que “si consideramos el conocimiento como un bien público mundial, este debe circular libremente por el planeta en aras del interés general”.
Marie-Paule Kieny estuvo a cargo de la respuesta de la OMS a la epidemia de gripe H1N1 en 2010 y luego a la de la epidemia de Ébola a partir de 2014, y explica: “Al comienzo de la pandemia de gripe H1N1, se planteó la cuestión de cómo abrir el acceso a la vacuna a los países pobres. La OMS, a través de las negociaciones que llevó a cabo, permitió que los productores de vacunas y los países compradores donaran el 10% de la producción de vacunas. ¿Ocurrirá lo mismo con la vacuna de la COVID-19? Podríamos pedir a la industria farmacéutica que donara un porcentaje de las vacunas producidas (un 10%, como en el caso de la vacuna contra el H1N1) a los países con ingresos limitados”. De hecho, el laboratorio GlaxoSmithKline donó 50 millones de dosis de la vacuna contra el H1N1 a la OMS en 2009-2010.
Sin embargo, a pesar de la buena voluntad de algunos laboratorios, la reticencia de las empresas privadas sigue siendo fuerte. La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) está tratando de poner freno a la iniciativa mundial del Acelerador ACT, lanzada bajo los auspicios de la OMS.
El hecho es preocupante. El exdirector de Medicamentos de la OMS, el colombiano Germán Velásquez, teme que la vacuna se convierta en un maná financiero para las grandes farmacéuticas, y que sólo esté disponible para los ricos. “Sólo los ricos podrán obtener la vacuna. Al final, el público pagará dos veces: en el momento de subvencionar la vacuna y en el momento de comprarla”.
Por lo tanto, hoy en día es crucial apoyar a los organismos de las Naciones Unidas, como la UNESCO, la OMS y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para garantizar que el conocimiento científico se considere un bien público mundial y para detener la privatización desenfrenada del conocimiento. Los titulares de patentes privadas necesitan entregar parte de sus beneficios a la comunidad internacional. “La UNESCO podría, por ejemplo, crear una biblioteca pública digital mundial para combatir las pandemias”, como sugiere el economista El Mouhoub Mouhoud, y la OMS podría supervisar aún más estrechamente la investigación científica sobre tratamientos y vacunas para pandemias similares.
Chloé Maurel, catedrática y doctora en historia contemporánea, es una historiadora especializada en las Naciones Unidas. Entre sus publicaciones figuran Histoire de l’Unesco (L’Harmattan, 2010), Histoire des relations internationales depuis 1945 (Ellipses, 2010) y Manuel d’histoire globale (Armand Colin, 2014).
Sea el primero en desahogarse, comentando