25 años de Orden Gecco: la Junta de Andalucía pidió a la Fiscalía investigar los abusos en el campo onubense cuatro meses antes de la llegada del PP al gobierno andaluz

🗞️ La Dirección General de Políticas Migratorias observó la presunta comisión de varios delitos de Contra la Libertad e Indemnidad sexuales y contra los Derechos de los Trabajadores tras escuchar el relato coincidente de las principales ONG de la provincia de Huelva.

🗞️ En una reunión celebrada el 21 de mayo de 2018, CÁRITAS, CRUZ ROJA, ACCEM, MZC, HUELVA ACOGE, CEPAIM, CODENAF, FECONS y ASNUCI reconocieron unánimemente tener constancia de los abusos, pero ya advertían que «resultaba materialmente imposible comprobar», ya que a todas ellas les era «vedado» el acceso a las fincas de las empresas agrícolas y poder entrevistarse con las eventuales víctimas para realizar la correspondiente denuncia en el orden administrativo, laboral o penal.

🗞️ Tras la llegada de Moreno Bonilla a la presidencia, la Junta olvidó la denuncia y pasó a arremeter públicamente contra los informes y organizaciones que denuncian la explotación laboral de personas temporeras.

Jueves, 12 de junio de 2025. El 22 de mayo de 2018, cuatro meses antes de la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Políticas Migratorias del gobierno andaluz puso en conocimiento de la Fiscalía de Huelva la información que, de forma unánime, la habían trasladado las diez principales ONG provinciales que trabajan sobre el terreno ayudando a las personas temporeras durante las campañas agrícolas, especialmente en las de recogida de frutos rojos.

Tanto CÁRITAS cómo CRUZ ROJA, ACCEM, MZC, HUELVA ACOGE, CEPAIM, CODENAF FECONS y ASNUCI, aseguraron tener conocimiento de situaciones de abuso y explotación laboral, a través de testimonios directos de personas afectadas. La suma y análisis de los relatos recabados llevaban, ya entonces, a las ONG a sospechar que muchas de esas situaciones se daban de forma generalizada.

Así, como consta en el acta que rubricaron los representantes de las nueve organizaciones y que también fue entregada a la Fiscalía de Huelva, todas ellas advertían que «la gran mayoría de trabajadoras marroquíes desconocen el idioma español, a lo que que se une que un elevado número de personas son analfabetas, lo que las hace especialmente vulnerables y, por tanto, proclives a ser objeto y verse obligadas a soportar abusos de toda clase«.

Respecto de las consecuencias de dicha vulnerabilidad, las ONG coincidieron en destacar, por su gravedad, «supuestos en que mujeres trabajadoras embarazadas dan a luz, motivo por el cual son despedidas de manera fulminante de la empresa agrícola, quedando totalmente desprotegidas«.

Sobre las condiciones de trabajo dentro de las fincas, y según consta en el escrito remitido a la Fiscalía por el gobierno andaluz, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba (VER), las diez organizaciones coincidieron también, a resultas de los testimonios que cada una de ellas venía recabando, que «al parecer, resulta ser una práctica dominante en el sector que el horario de trabajo suele estar comprendido entre las 8 de la mañana y las 20’00, sin que el exceso de dedicación horaria laboral les sea retribuido a las personas que lo realizan«.

Otro de los «supuestos» conocidos por las ONG y puestos en cocimiento de la Fiscalía por la Junta de Andalucía en mayo de 2018, es que «igualmente, y con las lógicas cautelas, es práctica habitual en una parte del sector la retención de la documentación identificativa de las trabajadoras, por parte de algunas empresas agrícolas que las emplean«.

Las organizaciones situaron en aquel momento, mayo de 2018, el ámbito territorial de las prácticas señaladas en «diferentes empresas agrícolas» de los municipios de Palos de la Frontera, Lucena del Puerto, Moguer, Rociana del Condado, Lepe y Cartaya, si bien aventuraban que «dichas prácticas ilícitas pueden estar extendidas a otras zonas geográficas de la provincia de Huelva«.

Asimismo, y no es menos importante, las ONG hicieron constar que les resultaba «materialmente imposible» acreditar o refutar la veracidad de los múltiples y coincidentes testimonios recabados durante su labor asistencial a personas temporeras, ya que es «práctica habitual» en el sector agrícola onubense «impedir a las organizaciones sindicales y sociales el acceso a las empresas agrícolas, de tal forma que se impide el conocimiento de las condiciones laborales y por tanto, el exacto cumplimiento de la normativa laboral aplicable«.

En otro orden de cosas, ya entonces las nueve organizaciones expresaban su preocupación porque «el perfil de selección laboral del personal que se contrata por las empresas agrícolas y que se realiza en Marruecos con la agencia estatal marroquí ANAPEC con participación de entidades representativas de las patronales agrícolas, se circunscribe a mujeres no mayores de 45 años, casadas, viudas o separadas y con cargas familiares«. Una criba que impide trabajar en España tanto a hombres marroquíes como a mujeres de esa nacionalidad solteras o sin hijos menores de 14 años, bajo el pretexto de garantizar «el retorno» de las trabajadoras a su país a la finalización del contrato.

«Un número indeterminado de conductas constitutivas de delito»

El escrito presentado ante la Fiscalía por el entonces director general de Políticas Migratorias, Luis Vargas (PSOE), los hechos en los que coincidían, de forma unánime, las nueve organizaciones a las que él mismo había convocado -de manera urgente- tras la alarma causada al conocerse, a través de La Mar de Onuba, un demoledor reportaje de las periodistas Pascale Müller y Stefania Prandi, publicado por las cabeceras internacionales Corrective.org y Buzzfeed News, que denunciaba, además de presuntas prácticas empresariales abusivas y generalizadas en el entorno agrícola onubense, presuntas situaciones de acoso y agresión sexual que quedan ocultas tras las vallas de las fincas en las que suceden, sin que las presuntas víctimas estén capacitadas para ejercer sus derechos de defensa, denuncia y reparación.

A este respecto, la denuncia también destaca que la gran mayoría de las ONG aseguraron, al contrario que en asuntos de cuestiones administrativas, laborales y salariales, desconocer casos de acoso o agresiones sexuales.

Solo el representante de Asnuci «sí informó de la situación de la que habían tenido conocimiento el día 19 de Mayo: 4 supuestos casos de abusos sexuales, ejercidas sobre trabajadoras vinculadas a una empresa denominada Agrícola El Bosque, radicada en el municipio de LUCENA DEL PUERTO, que obligó a las voluntarias de Asnuci a solicitar alojamiento de emergencia para las personas agredidas, ya que las mismas habían sido despedidas sin ningún tipo de compensación y literalmente, quedaban en la calle indefensas. Las citadas personas, de las que no se proporcionó datos de filiación o identificación, fueron finalmente alojadas en el albergue de temporeros de Tariquejos (Cartaya) con la mediación de la entidad CEPAIM«.

Apenas 24 horas después de aquel encuentro, celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno Andaluz en Huelva, y aportando el acta rubricada por las diez organizaciones participantes, la Junta de Andalucía solicitó a la Fiscalía que «incoe Diligencias de Investigación, en averiguación de los hechos denunciados y, tras la práctica de las diligencias que considere oportunas, formalice la oportuna Querella contra quienes indiciariamente puedan aparecer como responsables de las conductas delictivas descritas».

A entender del gobierno andaluz en aquel momento, los hechos descritos por la diez ONG «pudieran constituir un número indeterminado, por ahora, de conductas constitutivas de delito». Entre otros, Delitos de Amenazas (arts. 169 y ss del Código Penal), Delitos de Coacciones (arts. 172 y ss), Delitos contra la Libertad e Indemnidad sexuales (arts. 178 y ss) y Delitos contra los Derechos de los Trabajadores «incluidos en cualquiera de los tipos definidos en los artículos 311 a 318 del vigente Código Penal«.

En diciembre de 2018, el PP se hizo con la Junta de Andalucía tras el pacto alcanzado con Ciudadanos y entonces reciente estrenada extrema derecha parlamentaria de Vox. El resto es hemeroteca.