‘Jornaleras en Lucha’ pide a la Consejería de Salud que intervenga ante la inacción de la ITSS de Huelva en las empresas agrícolas denunciadas

La declaración del estado alarma a causa de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 está creando situaciones en el sector agrícola onubense (y otros) para las que las trabajadoras y los trabajadores del campo piden atención, ayuda y defensa por parte de la Administraciones Pública.

Por un lado, como adelantaba el pasado martes esta revista, el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha está recibiendo multitud de llamadas y mensajes de WhatsApp que indican que no son pocas las empresas del sector de los frutos rojos en las que no se están cumpliendo las necesarias medidas de prevención e higiene para evitar la propagación del coronavirus, motivo por el colectivo ha pedido la intervención de la Inspección de Trabajo. la Guardia Civil y, este mismo viernes, de la Consejería de Salud.

Por otro, también destacan el gran número de trabajadores que nadan en el desconcierto ante las distintas y contradictorias informaciones respecto de sus derechos laborales tras la declaración del estado de alarma. Según ha podido conocer La Mar de Onuba, hay trabajadores que refieren no saber si pueden pedir la baja voluntaria y acceder las ayudas del paquete económico aprobado por el Gobierno. Otros aseguran que sus empresas se niegan a recoger los escritos, sustentados en el Estatuto de los Trabajadores, en los que solicitan la dispensa de acudir al tajo en tanto no se garanticen su seguridad y sus derechos. Algunas empresas incluso han rechazado dar de baja a los jornaleros que han comunicado su negativa a seguir trabajando en esas condiciones. Los trabajadores temen que, de esta forma, no puedan acceder a las medidas de protección decretadas por el Gobierno, al figurar como trabajadores en activo. Las fuentes consultada estiman que se trata de una maniobra para forzar la vuelta de los jornaleros temerosos del Covid-19 a los tajos.

Crisis de personal en los campos onubenses

El sector de los frutos rojos está acusando estos días el varapalo que ha supuesto para la industria agrícola onubense el cierre de fronteras con Marruecos, que impide la llegada de más 10.000 mujeres jornaleras contratadas en origen, y la suspensión de la libre circulación de ciudadanos europeos en el espacio Schengen, lo que, además, ha paralizado la llegada de jornaleros de origen búlgaro, polaco y rumano.

A nivel local, las limitaciones impuestas en el tráfico de vehículos también afecta al sector, ya que los autobuses que desplazan a los jornaleros han sufrido severas restricciones en cuanto al número de viajeros, y porque no son pocos los trabajadores que carecen de coche propio o recursos para desplazarse por sus propios medios hasta las explotaciones de berries.

Este viernes, la patronal Asaja ha emitido un comunicado en el "advierte" al Gobierno que "en estas condiciones es imposible mantener la actividad agrícola". Asaja se queja de que "la situación en los campos onubenses se está volviendo insostenible a causa de la indeterminación de las normas fijadas dentro del Decreto de Alarma, los constantes cambios de criterio y la imposibilidad de contar con trabajadores suficientes para sacar adelante las campañas de recolección en curso, especialmente la de los frutos rojos".

"Así las cosas", asegura la asociación patronal, "Asaja-Huelva advierte muy seriamente al Gobierno que es absolutamente imposible mantener una actividad productora normal, tal y como el propio Estado exige teniendo en cuenta que el sector primario es de actividad obligatoria para poder suministrar a la población alimentos y materias primas de primera necesidad y evitar el desabastecimiento y sus lamentables consecuencias". "En definitiva", añade el comunicado, "Asaja-Huelva recuerda al Gobierno que soplar y sorber al mismo tiempo es, simplemente, imposible".

Para esta patronal, "los cambios de criterio en lo relativo al transporte de trabajadores se ha convertido en un galimatías que los propios empleados deben resolver cada día". (...) "La reducción en la capacidad de los vehículos", dice Asaja Huelva, "deja fuera a cientos de trabajadores que no tienen vehículo o carnet de conducir y no pueden acudir a sus puestos, o puede provocar sanciones a personas que lo único que pretenden es ir a trabajar siguiendo las directrices que ayer eran válidas, pero hoy ya no. En el caso de los autobuses, la reducción de la capacidad a un tercio limita sobremanera el transporte, puesto que tampoco es posible acceder a una flota de vehículos tan numerosa como para compensar el límite de aforo".

"Por otro lado", añade la patronal, "a la imposibilidad de contar con el contingente de trabajadores con contrato en origen procedente de Marruecos, se suma el bloqueo de autobuses con trabajadores comunitarios procedentes de países como Rumanía, que venían a trabajar como cada año, y que tampoco pueden llegar a nuestra provincia. Si tampoco pueden ir a trabajar los locales porque no pueden compartir vehículo, la ecuación es muy simple: no hay suficiente personal en el campo".