Miércoles, 27 de octubre de 2021. Izquierda Unida ha solicitado al magistrado Manuel García Castellón, encargado de investigar en la Audiencia Nacional los numerosos indicios de financiación ilegal del Partido Popular de Madrid en la ‘trama Púnica’, que impute como persona jurídica a la formación.
En el mismo escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, IU solicita a García Castellón que amplíe el plazo de instrucción de esta causa “al menos por un plazo de 6 meses”, tal y como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
IU ya pidió la declaración como investigada de la persona jurídica Partido Popular en 2017, 2018 y 2019 en el marco de estas mismas diligencias. El instructor alegó en todos los casos que “la investigación aún se estaba desarrollando y que resultaba prematuro imputar al Partido Popular”.
Por lo que ahora vuelve a lanzar la petición, ya que sostiene ahora en el texto que ha registrado en la Audiencia Nacional que «está más que justificada la imputación del Partido Popular por las decisiones tomadas por varios de sus principales dirigentes en la Comunidad de Madrid», que lo hicieron “para generar un entramado de pagos ajenos al control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y por ende del conjunto de la sociedad”.
“El Partido Popular, como persona jurídica, no solo no tomó ninguna medida para prevenir o erradicar en su seno este tipo de prácticas irregulares y delictivas, sino que desde el seno de la propia dirección del PP en Madrid se impulsó la adopción de estrategias y mecanismos de elusión del control público y que derivaban en la comisión de una multiplicidad de hechos delictivos por una pluralidad de personas físicas y jurídicas”, explican desde IU.
Para esta acusación popular, “resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de diversos delitos electorales, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos”.
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