Rossi pide que la ciudad se persone como acusación particular.
El caso Montoro destapa el uso de reformas fiscales para beneficiar a grandes empresas.

Lunes, 28 de julio de 2025. La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha anunciado este lunes dos iniciativas relacionadas con el caso Montoro. Según ha explicado, el consistorio debe auditar el impacto económico que las reformas fiscales impulsadas durante el mandato del exministro del PP han tenido en las arcas municipales y, en paralelo, personarse como acusación particular en la causa judicial para reclamar responsabilidades.
Rossi ha recordado que el sumario del caso apunta a que, durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, se aprobaron cambios normativos que beneficiaron a grandes empresas gasísticas como Air Liquide, Carburos Metálicos o Messer. A cambio de estos tratos de favor, el bufete vinculado al exministro habría percibido pagos millonarios. Las modificaciones tributarias redujeron de forma significativa la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del Impuesto Especial sobre la Electricidad en los municipios donde estas compañías operan.
En total, la merma de ingresos por IAE para los ayuntamientos afectados supera los 10,5 millones de euros, mientras que las pérdidas asociadas a los descuentos en el impuesto eléctrico rondan los 50 millones, de los que cerca de 10 millones corresponden a vías locales. Una de las plantas de Air Liquide se encuentra en Huelva, por lo que la concejala considera “muy probable” que el municipio también haya sufrido un perjuicio económico “significativo” a causa de estas medidas.
La edil ha reclamado que la auditoría municipal cuantifique con precisión el dinero que Huelva ha dejado de ingresar, evaluando los daños en el presupuesto local tanto por cambios en los epígrafes del IAE como por posibles bonificaciones en impuestos eléctricos. Asimismo, ha insistido en que la personación del Ayuntamiento como acusación particular es imprescindible para defender los intereses municipales y abrir la vía a reclamar responsabilidades patrimoniales a empresas y personas implicadas en la trama.
El caso Montoro se encuentra en fase de instrucción y mantiene imputados al exministro y a 27 personas de su entorno por presuntos delitos de cohecho, fraude público, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y negociaciones prohibidas. La investigación judicial apunta a que se diseñó una estructura para favorecer a determinadas compañías a través de reformas legales a cambio de comisiones millonarias, provocando un perjuicio a las arcas públicas en todo el país.
Rossi ha subrayado que el Ayuntamiento de Huelva no puede permanecer al margen ante unos hechos que podrían haber detraído ingresos esenciales para los servicios municipales. Según la portavoz, la ciudadanía tiene derecho a conocer el alcance del daño y a que las instituciones implicadas rindan cuentas en los tribunales.
La causa continúa abierta y se investigan las responsabilidades de ex altos cargos de Hacienda y de los despachos vinculados al exministro popular.

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