Hazte Oír se queda en silencio

Tres años han pasado desde que la organización ultra-católica Hazte Oír irrumpiese en el panorama social y político español.

Con un autobús en el que se posicionaba abierta y claramente en contra de las libertades sexuales, en especial del colectivo transexual, y con un eslogan que rezaba «los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen» , quedaba claro que la formación no iba a poner las cosas nada fáciles.

Fletando no solo autobuses contra la diversidad sexual, sino también contra otros movimientos como el movimiento feminista o la legalización del aborto, Hazte Oír lleva un tiempo difundiendo unos ideales con los que ha provocado un gran enfado en la sociedad.

En 2017, distintos puntos del país pudieron ver en sus calles la polémica campaña de la formación la cual fue revocada y denunciada por el actual Presidente del Gobierno.

Por este motivo, la asociación se vio obligada a retirar todos los autobuses que circulaban por las ciudades españolas porque, según el Ejecutivo, «los mensajes de esta campaña, contraria a opciones sexuales distintas a la heterosexualidad» y agregaban que «se pueden considerar atentatorios contra determinadas personas, colectivos y entidades».

Ahora, tres años más tarde, la Audiencia Nacional le ha asestado a Hazte Oír un nuevo golpe judicial que le ha arrebatado una de las principales características que debe tener un ente público de carácter público: la condición de utilidad pública. 

‘INUTILIDAD PÚBLICA’

En las últimas semanas, la organización ha continuado con la difusión de sus ideales posicionándose a favor de la instauración del pin parental.

Sin embargo, desde la asociación, no contaban con este revés judicial de la Audiencia Nacional.

El ente jurídico asegura que esta decisión se ha tomado por dos cuestiones principales.

Por un lado, que la campaña de Hazte Oír pasó por alto el factor de la orientación sexual y que, por lo tanto, el grupo ultra no cumplió con el deber de promover la tolerancia y el respeto por la diversidad.

Por otro lado, en la sentencia publicada por la Audiencia Nacional, también se establece que este tipo de actividades contra la dignidad de las personas y sus precursores no pueden ser sujetos de ayudas y subvenciones por parte de las  administraciones públicas.

Y, además, dan un paso más asegurando que, desde Hazte Oír, «han preferido sustituir la promoción del interés general por la promoción de su interés particular, enervando el fomento de la tolerancia a la hora de afrontar la problemática que deriva de la identidad de género».

«PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA»

La respuesta de la organización no se hizo esperar.

En el momento en el que se hizo pública la sentencia de la Audiencia Nacional, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, a través de su cuenta de Twitter, publicó un hilo en el que compartía su opinión acerca de la decisión judicial a la que debe hacer frente su partido.

Arsuaga acusó directamente al Gobierno de estar realizando una persecución ideológica. «La retirada de la condición de utilidad pública es un claro ejemplo de persecución ideológica contra quienes nos negamos a aceptar graves ataques contra los niños y los padres”, apuntó el presidente de Hazte Oír.

Además, Arsuaga aprovechó para lanzar un mensaje a los jueces que han fallado a favor de la medida del Gobierno. «Los jueces se han plegado ante Sánchez y, con esta decisión, los magistrados están minando varios derechos fundamentales».

Asimismo, también ha reconocido que desde su formación ya se encuentran trabajando en el recurso que presentarán en la Audiencia Nacional para intentar conseguir la condición de utilidad pública.