El estudio de Jesús Maeztu coincide con todo lo que ha estado denunciando EL LIBRE los últimos años. La Defensoría constata que los cribados no están garantizando la seguridad de los pacientes: «El problema real no es de forma sino de fondo».
La Viceconsejería de Sanidad y el SAS no han facilitado datos clave al Defensor, como son los de carga asistencial de los servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera
Martes, 31 de marzo de 2026. El Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal (PCCC) venía generando algunas peticiones ciudadanas, reiteradas en 2025, fundadas en no completarse el estudio tras participar en el mismo con resultado de sangre oculta en heces, es decir, por la falta de cita para la prueba diagnóstica subsiguiente (colonoscopia), imprescindible para que el programa pueda cumplir su finalidad preventiva y de detección precoz.
Según el informe y puesto que la colonoscopia puede indicarse a través de diferentes vías, concurriendo las pruebas procedentes conforme al protocolo del programa de cribado, junto a las indicadas desde Atención Primaria y desde Atención Especializada, «en los casos investigados la causa de las dilaciones de unas y otras procede de la saturación de las agendas de los servicios encargados de su realización».
«Coinciden las gerencias hospitalarias en señalar que existe una gran demora en las pruebas de colonoscopia debido a la falta de profesionales y al aumento de demanda desde Atención Primaria. Un elemento de interés cuyo seguimiento han de realizar los responsables del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), a fin de aprovechar convenientemente la inversión y esfuerzos desplegados en el programa de cribado y la oportunidad de abordar a tiempo la orientación que proporciona su resultado indiciario», reza en el estudio.
Bajo esas premisas, el Defensor del Pueblo ha centrado el interés en tres ejes fundamentales: el derecho a la información sanitaria, la respuesta asistencial –analizando el cumplimiento de los plazos clínicamente recomendados– y la evaluación global del propio programa, incluyendo los mecanismos de seguimiento de resultados, la revisión de protocolos y el papel de los órganos asesores creados al efecto, en particular, de la comisión asesora de cribados poblacionales y actividades preventivas de detección precoz en Andalucía, como órgano técnico de asesoramiento en materia de planificación, evaluación y mejora de los programas de detección precoz, creado por el decreto 93/2025, de 16 de abril.
Al tiempo de la elaboración de este informe, Maeztu había recibido la respuesta unificada remitida por la Viceconsejería de Sanidad y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuyo pronunciamiento solicitamos dentro de sus respectivas competencias y responsabilidades.
El informe de la Junta explica el proceso de transición tecnológica y organizativa realizado para la modernización del programa de cribado mediante la implantación progresiva del aplicativo PdPcM que, iniciado en 2018 y completado en todas las provincias andaluzas en 2023, «ha supuesto la incorporación gradual de nuevas cohortes de mujeres y la ampliación de equipamiento con mamografía digital y tomosíntesis, a fin de reforzar la precisión diagnóstica y la homogeneidad en todo el territorio andaluz».
Reconociendo haber identificado la que califica como «una falla de comunicación» o «incidencia comunicativa», que afectó a mujeres con hallazgos mamográficos catalogados como BI-RADS
3, concentrada especialmente en el Hospital Universitario virgen del Rocío de Sevilla, el informe de la Viceconsejería y del SAS expresa que tal incidencia «no implicó errores clínicos ni disminución de la calidad asistencial«.
Expresa el informe de la Junta que el citado aplicativo PdPcM incorpora un sistema automatizado de comunicación para resultados sin hallazgos relevantes y que en los casos que requieren valoración especializada (BI-RADS 0, 3, 4 y 5), genera directamente la derivación hospitalaria, dependiendo parcialmente la comunicación con la mujer afectada de los circuitos de cada hospital.
En este aspecto, puntualiza que, si bien el procedimiento asistencial del programa es común en toda Andalucía, «existían, en cambio, diferencias en la forma en que los diferentes centros contactaban con las mujeres, haciéndolo algunos por contacto telefónico y otros mediante el envío directo de citación».
Esta diferencia de proceder ha sido corregida y unificada «mediante nuevas instrucciones y la revisión de los circuitos internos de contacto y citación para garantizar una comunicación homogénea y proactiva en todos los centros».
Finalmente, además de trasladar el amplio porcentaje de participación anual en el programa (en torno al 80%) y la constitución formal de la comisión asesora de cribados poblacionales y actividades preventivas de detección precoz en octubre de 2025, con el inicio de las líneas de trabajo planificadas, los responsables de la Administración sanitaria se comprometieron a trasladar a la Defensoría del Pueblo Andaluz los resultados e información de interés que se deriven de los trabajos en curso de revisión y auditoría.
El informe de la Viceconsejería de Sanidad y el SAS «resulta insuficiente»
Jesús Maeztu denuncia que la información ofrecida «resulta insuficiente en relación con la solicitada en la investigación de oficio por el Defensor del Pueblo Andaluz».
Por un lado, el enfoque que realiza el informe de la Junta sobre el derecho a la información sanitaria es «parcial» al reducir la «falla de comunicación» a una mera cuestión de forma, esto es, a una simple diferencia en la práctica de los medios empleados por los centros sanitarios responsables de citar a las mujeres cuyos resultados de cribado orientaron a la necesidad de completar el estudio diagnóstico.
Centrándose en la forma de contacto (postal o telefónico) como causa de la disfunción, se aplica su corrección a través de la unificación por instrucciones comunes.
«La homogeneización de los medios de contacto con revisión de los circuitos internos de cada centro, con ser necesaria, no responde al problema de mayor calado planteado en la crisis del cribado de mama, por cuanto ninguna afectada ha apelado a una disconformidad con los medios de contacto, sino a la ausencia misma de contacto dirigido a informarle del resultado incierto del cribado ni del estudio adicional preciso ni de la derivación a su centro hospitalario con dicho propósito», sentencia Maeztu.
«El problema real no es de forma sino de fondo, esto es, de la ausencia misma de comunicación
autónoma de los resultados del programa de cribado a las afectadas, distinta de la comunicación que procede para asignarles cita a las pruebas complementarias precisas y, asimismo, con independencia de la vía por la que se comunique lo primero (el resultado) y la segunda (la cita). Se trata de dos comunicaciones independientes y necesarias que ni siquiera se aclara si debían o podían realizarse conjunta o separadamente, a quién correspondía la realización de cada una y porqué se omitía la primera», añade.
La segunda consideración es omisiva, ya que «no se aporta aclaración alguna sobre cuál es o era el protocolo vigente al tiempo de la detección de los fallos de comunicación, qué disponía sobre la cuestión de interés y si se ha mantenido o modificado el mismo».
Ocultación de información
En relación con la segunda cuestión planteada por el Defensor del Pueblo Andaluz, la alusiva a la atención sanitaria dada a las mujeres con resultados no concluyentes o lesiones dudosas, «el informe de la Junta no contiene información que nos permita hacer alguna valoración, ya que, si bien afirma someramente que la incidencia comunicativa «no implicó errores clínicos ni disminución de la calidad asistencial», no aporta los datos que sustentan dicha conclusión. Menos aún los expresamente solicitados por nuestra parte, como son los de carga asistencial de los servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera procedentes tanto del programa de cribado como de la atención dentro de los canales no preventivos», concluye la Defensoría.
El informe de la Junta tampoco se pronuncia sobre los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado y para la revisión de sus procedimientos y protocolos, ni, en su caso, los informes de evaluación resultantes, aunque sí sobre la constitución e inicio de actividad de la comisión en octubre de 2025.
«Todo lo cual nos lleva a cursar una petición de informe complementario, que junto a las dudas
y planteamientos expresados, nos actualice la situación de la auditoría acordada, a fin de poder completar el análisis en conjunción con los informes requeridos en las quejas sustanciadas a instancia de las mujeres afectadas», remarca Maeztu.
@Francisconuba
