‘Ni un minuto más’, por José A. González

La lucha contra el racismo en la provincia de Huelva.

Martes, 2 de febrero de 2026. El decreto-ley sobre regularización de personas migrantes que la sociedad civil y Podemos han logrado “arrancar” al Gobierno de la nación (después de que su periplo parlamentario, a partir de una iniciativa popular, quedara bloqueado por el boicot de los partidos de derecha) supone una tabla de salvación para cientos de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país. Un sector de nuestra población que subsiste, resignadamente, en situaciones incompatibles con la dignidad y los derechos humanos; en un país como el nuestro, que se precia de estar política y socialmente a la vanguardia de la Unión Europea.

El decreto establece unas condiciones claras para acceder a la regularización: 1) Haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025. 2) Llevar viviendo en España al menos cinco meses de forma continuada. 3) Carecer de antecedentes penales.

Para poder demostrar estos requisitos, se reclama un certificado de empadronamiento y un certificado de antecedentes penales. El primero puede ser sustituido por otros documentos privados tales como citas médicas, envíos de dinero, contratos de suministros domésticos, etc. El segundo puede ser sustituido (si el país de origen tarda más de un mes en expedirlo) por una declaración jurada. Se trata, por tanto, de un trámite muy simplificado que puede ayudar notablemente a las más de cinco mil personas (según datos oficiales) de origen extranjero que viven y trabajan de forma irregular en nuestra provincia.

En efecto, hay todo un “memorial de agravios” que pesan sobre estas personas, de cuyo trabajo surge el bienestar y la prosperidad de muchas localidades, que presumen institucionalmente de su “capacidad emprendedora”. La regularización simplificada que va a entrar en vigor es el primer paso, fundamental, para revertir una situación de privación de derechos:

1. 1. Algunos ayuntamientos (Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera), se niegan a empadronar a las personas migrantes establecidas en su término municipal. Recientemente, asociaciones de nuestra provincia como la Asociación Multicultural de Mazagón se han unido a la iniciativa estatal “Coordinadora estatal: padrón por derecho”.

1. 2. Miles de personas migrantes no tienen acceso a vivienda de ningún tipo, a pesar de trabajar de modo estable. La escandalosa situación de los asentamientos infrachabolistas en las inmediaciones de Moguer, Palos y Lucena, carentes de luz, agua y servicio de recogida de basuras, enclavados en mitad del campo a merced de todas las inclemencias meteorológicas, ya escandalizó al relator especial de Naciones Unidas en su visita de 2020.

1. 3. Miles de personas trabajan sin contrato alguno en la agricultura intensiva de nuestra provincia, expuestos a duras jornadas (a veces nocturnas o en días festivos), sin garantía laboral alguna.

1. 4. Aquellas personas que trabajan en el sector como “contratadas en origen” descubren, cada temporada, que sus condiciones reales de trabajo y alojamiento difieren sensiblemente de las que les describieron en su país de residencia.

Esta situación solo puede ser calificada como de “racismo institucional” o semiesclavitud tolerada. Y es un crimen contra los derechos humanos más elementales permitir que siga sucediendo ni un minuto más. A la espera de más iniciativas que establezcan derechos plenos de ciudadanía a las personas migrantes, al menos esta regularización servirá para recordar a la opinión pública “que ningún ser humano es ilegal”.

José Antonio González es Portavoz de Podemos Huelva