La secretaria general del PSOE de Huelva centra su análisis en los retrasos diagnósticos, el cribado del cáncer de mama y el colapso asistencial en la provincia.
Huelva es presentada como la provincia más castigada por la política sanitaria de la Junta.
El punto más grave de ese diagnóstico lo ha situado en el cribado del cáncer de mama. Limón ha señalado que la demora en la comunicación de resultados ha roto la función preventiva del sistema y ha generado periodos prolongados de incertidumbre para las pacientes. “No llamar a una mujer tras una mamografía no ha sido un error, ha sido una condena al silencio durante varios meses”, ha afirmado, subrayando que, mientras tanto, la enfermedad no espera. A su juicio, ese fallo no puede explicarse como un problema puntual, sino como el resultado de una gestión continuada que ha relegado la detección precoz.
Ese mismo patrón, ha añadido, se reproduce en el conjunto del sistema sanitario provincial. Las listas de espera han dejado de ser, en su análisis, un indicador administrativo para convertirse en un problema de salud pública. “Las listas de espera ya no desesperan, enferman”, ha dicho, advirtiendo de que cuando una prueba diagnóstica se demora durante meses la sanidad “deja de ser pública y deja de ser segura”. Esperar, ha señalado, puede significar empeorar y, en determinados casos, no llegar a tiempo.
La responsable provincial del PSOE ha situado a Huelva como uno de los territorios más afectados por ese deterioro. Ha recordado que la provincia continúa siendo la única de Andalucía sin hospital Materno Infantil y que los presupuestos de la Junta no contemplan su construcción tampoco en 2026. A esa carencia estructural ha sumado los datos de actividad asistencial: más de 83.000 personas en lista de espera, una media de 204 días para una intervención quirúrgica y alrededor de 50.000 pruebas pendientes en el hospital Juan Ramón Jiménez.
El impacto del modelo sanitario, según ha expuesto, se percibe también en la atención cotidiana, especialmente en el ámbito rural. Limón ha señalado la falta de médicos y pediatras en distintos municipios, así como la reducción de los servicios de ambulancia, con la sustitución de unidades medicalizadas por vehículos básicos en localidades como Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé o Trigueros. A ello ha añadido las condiciones vividas durante el pasado verano, con centros cerrados por las tardes, altas temperaturas sin climatización adecuada, plantas hospitalarias clausuradas y pacientes agolpados.
Frente a ese escenario, la también senadora ha puesto el foco en la política de financiación sanitaria del Gobierno andaluz. Ha denunciado que, mientras la red pública acumula retrasos y cierres de servicios, se destinan más de 200 millones de euros a un hospital privado en Lepe. “La sanidad pública se asfixia mientras la privada se engorda con dinero público”, ha afirmado, vinculando ese desequilibrio con contratos adjudicados a dedo y con un modelo que, a su juicio, prioriza el negocio frente a la atención.
En ese balance, Limón ha señalado directamente a Juan Moreno Bonilla como responsable político del modelo sanitario andaluz. Ha cuestionado que el presidente de la Junta pueda refugiarse en mensajes de normalidad cuando el sistema no garantiza diagnósticos a tiempo. “Quien falla en proteger la salud, falla en lo esencial”, ha advertido, añadiendo que un gobierno que no cumple esa función básica pierde legitimidad ante la ciudadanía.
El balance con el que ha cerrado el año es, según sus palabras, “demoledor”: más espera, menos prevención y ausencia de empatía institucional. Un resumen que, enmarcado en el final del ejercicio y en la tramitación de los presupuestos autonómicos, fija la sanidad como uno de los principales frentes políticos en Huelva de cara al próximo año.
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