El Gobierno del PP desvió 500.000 € de fondos reservados para protegerse del ‘caso Bárcenas’

El dinero fue empleado para sobornar al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, en los dispositivos necesarios para colocar cámaras espía y micrófonos en el domicilio de la madrileña calle General Díaz Porlier, donde el extesorero guardaba documentación del caso, y en los seguimientos a la familia y hasta a la empleada del hogar.

Los investigadores sostienen que con ese dinero también se pagó al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas, para conseguir pruebas de la caja B. Toda una mafia.

La documentación también corrobora que el número 2 de Interior, el secretario de Estado de Seguridad imputado en la causa, Francisco Martínez, fue quien aprobó la disposición de los fondos para llevar a cabo la operación.

La ley 11/1995 que regula estos fondos es muy clara. Dice que deben estar dotados de un «especial sistema de justificación y control» y que solo pueden ser destinados a la «defensa y seguridad del Estado», algo que no ocurrió.

El ministro debe informar al presidente y al Congreso sobre el uso de los fondos reservados
Además, la ley deja claro que el ministro debe informar «periódicamente» al presidente del Gobierno sobre el uso de estos fondos, y «semestralmente» a la comisión del Congreso sobre secretos oficiales.