La acusación que representa a las Temporeras contra la esclavitud solicita la imputación de la Inspectora de Trabajo Silvia Galindo, quien redactó los informes sobre los hechos.
Pide que también sea imputado el agente TIP S78937W de la Guardia Civil, quien dirigió la intervención de la Benemérita en los sucesos de junio de 2018, y que ambos pasen a tener la consideración de “investigados” en la causa.
La Audiencia Provincial de Huelva ordenó en junio levantar el “sobreseimiento provisional” de la segunda causa abierta por este mismo caso en otro juzgado de la Palma (por «delitos contra la libertad sexual»), que también había sido archivada sin que ambos jueces hayan tomado aún testimonio a las presuntas víctimas.
El Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz observó indicios suficientes de los presuntos delitos de Trata de Seres Humanos que describen los abogados de las trabajadoras marroquíes, para iniciar una instrucción al respecto, pero la Fiscalía se mostró en contra de la competencia del magistrado. A qué ámbito judicial corresponderá continuar o cerrar las Diligencias abiertas por Pedraz es una cuestión que está pendiente de resolver por el Tribunal Supremo.
Lunes, 9 de septiembre de 2019. En un extenso recurso de «reforma y apelación» de 121 páginas registrado el pasado martes, 4 de septiembre, y al que La Mar de Onuba ha tenido acceso, la representación legal de las 10 trabajadoras marroquíes conocidas como Temporeras contra la esclavitud ha solicitado que se levante el archivo de la causa por Delitos contra los Derechos de los Trabajadores de sus defendidas que se instruye en el juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado (Huelva), y para el que la jueza Virginia Sesma decretó el 12 de abril pasado el «sobreseimiento provisional».
Además, el recurso solicita que la imputación a los denunciados en el caso Doñana 1998, sin perjuicio de las causas ya abiertas,debe ser considerada como «delitos de Trata de Seres Humanos». La representación legal de las 10 mujeres considera que en los hechos sucedidos y acreditados (muchos de ellos reconocidos por los propios protagonistas) concurren los indicadores necesarios que establecen las leyes españolas, los Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y de los Trabajadores suscritos por nuestro país, así como las propias Recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (publicadas este mismo año) sobre el tratamiento y gestión judicial de los delitos de trata.
En consecuencia, y atendiendo a lo anterior, la abogada Belén Luján solicita que el juzgado número 1 de la Palma del condado se inhiba de instruir las diligencias «en favor de los Juzgados Centrales de Instrucción».
«Es lo que procede en casos como este», asegura en conversación telefónica a La Mar de Onuba el abogado Jesús Díaz Formoso, presidente de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia ( AUSAJ) y un reputado jurista reconocido como unos de los mayores expertos internacionales en el proceloso universo de los Derechos de Autor. También tiene experiencia y es un actor activo en la actualización de la información Jurídica en temas de Derechos Humanos, entre ellos la lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral y/o sexual. Formoso destaca que el CGPJ y los organismos internacionales están siendo muy precisos en la persecución de este tipo de delitos, de muy difícil identificación. Y que existe un listado oficial de indicadores para reconocer a las víctimas de un delito de trata. En muchos casos, las propias víctimas desconocen su situación, y en el de las diez temporeras contra la esclavitud, el presidente de AUSAJ afirma, sin ambages, que los primeros indicadores se detectan en el propio proceso de oferta, selección y «contratación en origen» acordado entre España y Marruecos. Díaz Formoso cree que se deberían haber aplicado, desde el primer momento, los protocolos de actuación y protección de víctimas en casos de trata. Además, como también se detalla en el escrito registrado la semana pasada por la letrada Luján, el presidente de AUSAJ cree que en este caso concreto concurren demasiadas circunstancias, cuanto menos «anómalas», que aconsejan que se instruya en otro ámbito judicial.
Ya en agosto del pasado año, y tras un escrito presentado por los letrados de AUSAJ ante la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz observó indicios claros de los presuntos delitos que describen los abogados de las trabajadoras marroquíes, e inició una instrucción al respecto. Pedraz pidió a la Guardia Civil y a los juzgados 1 y 3 de La Palma del Condado que le informaran de las actuaciones realizadas, que el escrito admitido a trámite por el juez describe como «tremendamente alarmante actuación policial y judicial».
Pedraz quiso conocer los hechos recogidos en la “notitia criminis” que le llevó a abrir el procedimiento, en la que se aportan denuncias, testimonios, vídeos y audios, así como artículos publicados por La Mar de Onuba, Confidencial Andaluz y otros medios nacionales e internacionales que se hicieron eco de los hechos relacionados con el caso Doñana 1998 y las irregularidades en la contratación en origen de las trabajadoras marroquíes.
La instrucción de Pedraz quedó interrumpida al mostrase la Fiscalía en contra de la competencia del magistrado. A qué ámbito judicial correspondería continuar las Diligencias abiertas por la Audiencia Nacional es una cuestión que está pendiente de resolver el Tribunal Supremo.
LEVANTAMIENTO DE UN SOBRESEIMIENTO TRUFADO DE ACTUACIONES EN ENTREDICHO
La jueza Virginia Sesma decretó el pasado 12 de abril el «sobreseimiento provisional» de la causa por Delitos contra los Derechos de los Trabajadores, sin haber llegado a escuchar el relato de los hechos, pronunciados en su Sala por las propias víctimas. Había antecedentes. Pocos meses antes, un colega del mismo juzgado, el titular de Instrucción número 3, había actuado en el mismo sentido en la otra pieza que se instruye en la Palma del Condado, por Delitos contra la Libertad Sexual de cuatro de las temporeras contra la esclavitud, que refieren haber sido víctimas de acoso y agresión sexual. Tras valorar el recurso y las pruebas aportadas por los letrados de AUSAJ, la Audiencia Provincial desautorizó al juez Serrano, y le ordenó tomar testimonio a las trabajadoras y reabrir la Instrucción del caso.
En abril de este año la jueza Sesma también ordenó el archivo de la parte del caso Doñana 1998 que le había tocado instruir, la referente a Delitos contra Derechos de los Trabajadores. Tras estimar positivamente las declaraciones del acusado y propietario de la empresa Doñana 1998, Manuel Mato, el testimonio de una trabajadora de confianza de la empresa (también denunciada), y los informes y atestados elaborados tanto por la Inspección de Trabajo como por la Guardia Civil, la jueza tampoco consideró necesario escuchar a las denunciantes para decretar el «sobreseimiento provisional».
El caso es que, al respecto del papel jugado por la Inspección de Trabajo y los agentes de la Guardia Civil, el recurso que pide el levantamiento del archivo y firma la abogada Belén Lujan (que asiste a las trabajadoras a través de AUSAJ) se debate, según Díaz Formoso, entre «la incredulidad y el asombro», dadas las valoraciones realizadas por ambos estamentos (la Inspección y el cuerpo armado) sobre hechos sucedidos y acreditados en la extensa prueba documental y, sobre todo, audiovisual que conforma este caso. Motivo por el que el Recurso solicita que tanto la funcionaria Inspectora responsable, como el agente TIP S78937W (que tuvo un papel protagonista en la intervención de la Benemérita en los hechos sucedidos en la finca Doñana 1998 entre el 1 y el 3 de junio del pasado año) sean imputados en la causa y pasen a ser considerados «investigados» en las actuaciones judiciales, perdiendo su actual condición de «testigos».
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Por su interés y profusión de hechos y detalles, esta redacción ha optado por reproducir, textualmente y sin editar, las páginas del recurso presentado por los letrados de AUSAJ que motivan su petición de que la Inspectora de Trabajo, Silvia Galindo pase a ser considerada «investigada» en la instrucción del caso Doñana 1998, y que no siga participando como testigo si se reanudan las diligencias.
La inspectora Galindo, no encontró nada destacable ni irregular en el hecho de que ninguna de las 101 trabajadoras que habían provocado su visita a la empresa estuvieran presentes en la finca, que todas ellas hubieran sido despedidas sólo unos días antes (36 horas después de haber interpuesto la denuncia), y casi todas ellas devueltas a Marruecos. Sólo constató que, en su ausencia, no era posible tomarles testimonio sobre los hechos denunciados.
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"Lo que no destaca, y en lo que no insiste [la Inspectora], es en la falta de aportación de los documentos, legalmente exigidos, acreditativos de todo ello, y en particular, del contrato y las nóminas firmadas por las denunciantes. No es que no insista ni destaque, es que se queda muda… tanta elocuencia para una parte, y tanto el silencio para la otra", resalta el rescurso.
LA GUARDIA CIVIL
Asimismo, por su interés, se reproducen a continuación, las paginas del Recurso en las que los letrados de AUSAJ solicitan la imputación de un agente de la Guardia Civil en el caso Doñana 1998, y que pase a tener también consideración de «investigado» en la instrucción judicial.
Agentes de la Guardia Civil colaboraron con la empresa en el aislamiento y precipitada devolución forzosa a Marruecos de las trabajadoras que habían denunciado ante el propio cuerpo los presuntos delitos cometidos por los propietarios de la finca.
Agente TIP by La Mar de Onuba on Scribd
El caso Doñana 1998 saltó a los medios de comunicación en los primeros días de junio del año pasado, cuando esta revista adelantó en exclusiva que más de un centenar de mujeres, trabajadoras marroquíes contratadas en origen para la recolecta de frutos rojos, estaban protagonizando una revuelta contra las presuntas prácticas irregulares de los propietarios de la empresa que nomina el caso.
101 de esas mujeres aportaron sus nombres y pasaportes para que letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), personados en Almonte tras conocer por la prensa la situación que denunciaban las trabajadoras, emprendieran medidas legales para reclamar el cumplimiento de sus derechos. Cuatro de las mujeres sostienen que fueron víctimas de acoso y agresión sexual.
La primera denuncia se interpuso (tras incomprensibles trabas “por ser viernes” que impidieron hacerlo en juzgado de guardia de Huelva y, después, en de La Palma de Condado) en el puesto de la Guardia Civil de El Rocío la noche del 1 al 2 de junio de 2018. El domingo de ese mismo fin de semana, y sin previo aviso, los propietarios de la empresa decidieron dar por finalizado el contrato de un centenar de trabajadoras y organizó para aquella misma mañana su traslado obligatorio al puerto de Tarifa, donde embarcarían de regreso a Marruecos dos meses antes de la fecha prevista. El propietario de la finca fue leyendo los nombres de la despedidas. Uno por uno fueron sonando los que figuran en el atestado abierto -solo 36 horas antes- por la Guardia Civil.
Algunas de las mujeres mostraron su negativa a marcharse, Nada les obligaba a abandonar nuestro país ni les impedía buscar empleo en otras fincas de frutos rojos, pues su permiso de trabajo y estancia en España no vencía hasta hasta el 31 de julio, la fecha de regreso acordada para su venida a España. Pero consta en las actuaciones judiciales y en los propios atestados de la Benemérita, que agentes del cuerpo colaboraron activamente con los propietarios de la empresa en impedir que aquellas mujeres abandonaran la finca, y en obligarlas a subir a los autobuses en los que finalizaba abruptamente su experiencia laboral en nuestro país.
“La Policía es mía”, en entredicho la actuación de la Guardia Civil en el ‘caso Doñana 1998’
Diez de ellas lograron escapar, y permanecen en España con un permiso de residencia extraordinario de estancia y de trabajo otorgado por el Gobierno de España hasta que se resuelvan judicialmente la diferentes causas abiertas por otros tantos juzgados. El resto, las expulsadas, no pudieron, como estas diez, ratificar sus demandas.
El caso supuso un fuerte impacto mediático para el poderoso sector de los frutos rojos onubenses aún, que no se había recuperado de la repercusión internacional que había tenido, solo unas semanas antes, la investigación realizada por las periodistas Pascalle Müller y Stefania Prandi, recogida en el artículo Rape in the Field (publicado por Corrective.org y BuzzFedd News). Müller y Prandi realizaban un estremecedor relato de abusos laborales y sexuales sobre mujeres jornaleras tras dos años documentándose in situ y realizando entrevistas en explotaciones agrícolas de Marruecos, Italia y España.
Fue evidente el daño que la proliferación de este tipo de noticias estaba causando tanto a los agricultores onubenses y a la propia imagen del sector industrial andaluz. La protesta social tuvo carácter nacional, y el lema Hermana, yo sí te creo figuraba en las pancartas de movilizaciones en toda España. El director de cine Pedro Almodóvar homenajea a las temporeras contra la esclavitud en su última película Dolor y Gloria, al recoger en uno de sus planos una pintada con la solidaria frase.
"Hermana yo sí te creo" es un lema evolucionado del "Yo sí te creó" que acompañó a la víctima de los violadores conocidos cono La manada durante su calvario judicial de estos años. Y ello es porque la veracidad del terrible relato que cuentan las Temporeras contra la esclavitud siempre ha sido puesta en duda por quienes argumentan, sin arrojo de duda, como el famoso abogado Baena Bocanegra (que representa a los propietarios de Doñana 1998), que, en realidad, las mujeres han inventando toda su historia para poder quedarse en España. Alejadas de casas y sus hijos, aseguran sentir un pinchazo cada vez que escuchan esa acusación.
Este año 2019, solo ha se ha conocido un caso de trabajadoras marroquíes que hayan denunciado hechos que mantengan similitudes con los de temporadas anteriores. Lamentablemente, la campaña 2019 se ha visto salpicada por el desmantelamiento de tres tramas, tres, dedicadas -precisamente- a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, que señalan, otra vez, al corazón de los frutos rojos onubenses. También por la extravagante forma de "informar" sus derechos a las temporeras marroquíes -con fondos públicos- del sindicato UGT. Pero es otra historia distinta la que hoy esta revista trata .
FE DE ERRATAS:
La Inspectora de Trabajo cuya Investigación judicial solicitamos no se llama Sonia Galindo, sino SILVIA GALINDO BERMEJO.