Pedraz descarta investigar la trata de personas en la contratación de temporeras

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

 

Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha descartado investigar la denuncia por delitos de trata de personas y lesa humanidad presentada por las diez temporeras marroquíes que huyeron de la finca Doñana 1998 antes de que sus propietarios las obligaran a volver a su país por antes de la fecha de finalización de contrato acordada. Al menos cuatro de ellas han denunciado también presuntos delitos contra la libertad sexual en la finca de Almonte (Huelva).

Fue el propio Pedraz el que decidió incoar diligencias y solicitar información sobre las denuncias a la Comandancia de la Guardia Civil de Almonte y a los juzgados de instrucción de La Palma del Condado. Ahora, una vez analizada, y con el informe de Fiscalía en contra de la investigación, Pedraz descarta ir más allá y deja la causa a los jueces onubenses.

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Según el auto, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba y se reproduce en esta página, el juez de la Audiencia Nacional no observa la comisión del delito de lesa humanidad, por la investigación de la trata, si se apreciara, sería competencia de los juzgados onubenses, de los que Pedraz recuerda que ya están investigando. “Serán éstos quienes, en su caso, si observan que de la investigación realizada se desprenden datos que determinen la atribución competencial a favor de la Audiencia Nacional, así lo declararán”, argumenta el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1.

El magistrado se refiere a los procedimientos abiertos en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma del Condado por una denuncia contra los derechos de los trabajadores y en el Juzgado de Instrucción número 3 de la misma localidad por delitos contra la libertad sexual. Pedraz explica que el delito de lesa humanidad, tal y como lo establece el Tribunal Penal Internacional, “no resulta de aplicación a las conductas denunciadas” por las temporeras de Almonte. Y aunque lo fuese, el delito se habría cometido en territorio español, de modo que la Audiencia Nacional no es la competente para investigar.

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