Viernes, 8 de noviembre de 2024. Los hechos que hemos documentado recientemente en La Mar de Onuba sobre abusivas prácticas bancarias en Huelva revelan un patrón que afecta de manera específica a las personas trabajadoras de origen migrante. Especialmente, en Huelva, a aquellas relacionadas con el entorno agrícola.
A esta alturas, y tras todo lo revelado por esta revista en los últimos años, estos casos no pueden considerarse incidentes aislados ni simples errores. Parecen responder a un sistema que explota la vulnerabilidad de estas personas, convirtiendo las barreras idiomáticas, el desconocimiento del sistema financiero español y la dependencia laboral en lucrativas ventajas para el negocio bancario.
Por un lado, hemos registrado cómo entidades bancarias como Caixabank han aplicado cargos de seguros no solicitados a cuentas de trabajadoras migrantes sin su consentimiento, sin proporcionar la documentación correspondiente y, lo que es más grave, sin informar las coberturas y prestaciones que ofrecen las pólizas, no solicitadas pero sí abonadas mediante una mordida periódica en el saldo de sus cuentas. Estas situaciones adquieren tintes dramáticos en casos como el de Smahia Benjafell, la trabajadora temporera adscrita durante años a los contingentes de mujeres marroquíes contratadas en origen, quien estuvo viniendo anualmente a España enferma de cáncer sin saber, hasta sólo apenas unas semanas antes de su fallecimiento, que todos esos años había estado pagando un seguro de salud privado a Caixabank.
En un caso más reciente, el Banco Santander también ha cobrado un seguro no autorizado, valiéndose de una firma que no corresponde con la de la clienta y generando una deuda artificial en su cuenta por la que el banco se ha ido apoderando de los escasos ingresos percibidos por su trabajo.
Por otro lado, el acuerdo exclusivo entre Interfresa y Caja Rural del Sur, el ruralgate, presentado como una solución a la exclusión financiera, en realidad limita las opciones de las temporeras y asegura un flujo cautivo de clientes para esta entidad.
Derechos Fundamentales y Protección Legal
Prácticas de dudosa legalidad que plantean la posible vulneración de varios derechos fundamentales y humanos, reconocidos en la Constitución Española y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este contexto, sería oportuno que las autoridades y entidades involucradas consideraran los siguientes aspectos:
El artículo 10 de la Constitución Española establece la dignidad de la persona como base del orden político y la paz social. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículo 1) reafirma que la dignidad humana debe ser respetada y protegida en todas las relaciones. Las prácticas que buscan lucrarse a expensas de la vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes representan una falta de respeto a este principio fundamental.
El artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíben cualquier tipo de discriminación. La aplicación de estas prácticas hacia un grupo específico, como las trabajadoras migrantes, debe considerarse una forma de discriminación indirecta, ya que afecta de manera desproporcionada a un colectivo vulnerable.
Por otra parte, la Constitución Española, en su artículo 51, establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios. Las prácticas bancarias que aplican cargos de seguros no solicitados y limitan el acceso a la información sobre los productos contratados vulneran este derecho, dejando a las personas trabajadoras de origen migrante en una situación de indefensión frente a estos abusos financieros.
Por último, también conviene no olvidar que el artículo 15 de la Constitución Española garantiza el derecho a la integridad física y moral de las personas. Someter a las trabajadoras a una situación de angustia y deuda provocada artificialmente mediante cargos no autorizados y falta de transparencia es una situación que afecta su integridad moral.
Reparación y justicia
La legislación española en materia de responsabilidad civil establece que cualquier daño injusto debe ser reparado. Es correcto y necesario, pues, que las entidades bancarias implicadas restablezcan el saldo de las trabajadoras afectadas, devolviendo todos los importes cobrados de manera indebida. Además, dada la naturaleza de estas prácticas y los daños económicos y morales sufridos, sería adecuado considerar indemnizaciones en los casos donde se determine que los cargos indebidos han sido aplicados de forma intencionada o negligente.
En este sentido, las prácticas aquí descritas requieren una revisión por parte de las autoridades competentes, sin desechar la intervención de oficio de organismos como el Defensor del Pueblo, y que entidades de derechos humanos en España y Europa investiguen las posibles vulneraciones de derechos que alumbran las investigaciones realizadas, contrastadas y dadas a conocer por La Mar de Onuba. Estos actos afectan la economía de las trabajadoras y representan una amenaza para principios fundamentales de Justicia e Igualdad.
Las trabajadoras y trabajadores migrantes son esenciales para el desarrollo agrícola de Huelva y merecen ser tratadas con el mismo respeto y dignidad que cualquier otro ciudadano. No se trata de un tema meramente financiero; es una cuestión de principios y de derechos fundamentales que debe ser abordada con la seriedad y garantías que merece en el Estado Social y de Derecho que es España.
Perico Echevarría editor y director de La Mar de Onuba.
@pericopan
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