El Secretario General de la Subdelegación se ofrece a interceder para conseguirle un pasaporte marroquí, y que el joven cachonero renuncie a su identidad española como paso previo para obtener un permiso de residencia de cinco años, antes de poder iniciar el proceso de obtención de la nacionalidad.
Nacido en Salamanca de madre marroquí y acogido por una familia española desde antes de cumplir un año, permaneció bajo tutela legal del Estado hasta los 18 años, sin que su situación legal en España fuera nunca regularizada.
Residente junto a su familia en Galaroza desde los 9 años, el Ministerio de Justicia le ha denegado la nacionalidad y la Subdelegada del Gobierno en Huelva firmó en abril una orden de abandonar el territorio nacional al no considerar debidamente acreditado su arraigo en la sociedad española.
En 2015, Kevin fue forzado de forma arbitraria a cambiar su nombre a «Abdul Bouragba» para adecuarse a la lógica de la nacionalidad marroquí, un hecho que marcaría el inicio de la serie de trabas burocráticas que hoy condicionan su vida.
Martes, 24 de diciembre de 2024. Kevin Christian Bouragba, el joven nacido en Salamanca de madre marroquí y criado en Galaroza (Huelva), ha rechazado formalmente la propuesta de «solución» ofrecida por la Subdelegación del Gobierno en Huelva para regularizar su situación administrativa. El joven, que afirma no sentirse vinculado a Marruecos, también ha solicitado el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz ante lo que considera un trato injusto y contrario a sus derechos fundamentales.
Cabe recordar que sobre Kevin pesa una orden de expulsión de España tras serle denegada la nacionalidad al no considerar la Administración Pública acreditado su arraigo en nuestro país, en el que nació y vive de forma continuada con su familia de acogida, su única familia, desde hace 24 años.
El pasado 19 de diciembre, tras la alarma social suscitada al conocerse la historia de Kevin a través de La Mar de Onuba, el joven cachonero y su madre de acogida fueron citados por la Subdelegada del Gobierno, María José Rico. Durante la reunión, se propuso interceder ante el Consulado de Marruecos para obtener un pasaporte marroquí a nombre de Kevin, lo que le permitiría solicitar una residencia en España que, según se le aseguró, sería «agilizada y concedida». Tras cinco años de residencia, el joven podría iniciar los trámites para adquirir la nacionalidad española.
Kevin ha rechazado rotundamente esta propuesta. En un burofax remitido a la Subdelegación del Gobierno el 20 de diciembre, y tras haberla meditado, expresa que dicha «solución» no solo ignora su arraigo en España, sino que atenta contra su identidad y principios. “No me reconozco como marroquí, ni he estado nunca vinculado a Marruecos, país donde nunca he vivido ni consto registrado como ciudadano”, subraya en el burofax, a cuyo texto ha tenido acceso esta revista.
El joven también denuncia la falta de información proporcionada durante la reunión, en la que se le requirió firmar un acta de comparecencia sin conocer su contenido ni recibir copia de la misma. Kevin solicita formalmente la “entrega inmediata” de dicho documento, así como el cese de cualquier gestión encaminada a obtener un pasaporte marroquí.
Solicitud de amparo al Defensor del Pueblo Andaluz
En paralelo, y según ha podido saber La Mar de Onuba, Kevin ha presentado una escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, exponiendo las graves consecuencias de su «limbo administrativo». Con 24 años, nacido y criado en España, y con toda su educación cursada en centros públicos del Estado, se enfrenta a una orden de salida del país que considera arbitraria e injusta. El joven argumenta que las condiciones exigidas para regularizar su situación —como la obtención de un pasaporte marroquí y un certificado de antecedentes penales de Marruecos— son imposibles de cumplir, ya que nunca ha tenido relación alguna con ese país.
Kevin destaca que la negativa de la Subdelegación a renovar su cédula de inscripción y la orden de salida en su contra violan principios básicos de justicia e igualdad recogidos tanto en la Constitución española como en tratados internacionales de derechos humanos. En su solicitud de amparo, pide al Defensor que intervenga para revocar la orden de salida, revisar la denegación de la cédula y garantizar su derecho a ser reconocido como ciudadano español.
La historia de Kevin evidencia fallos graves en el sistema administrativo, y plantea interrogantes sobre el tratamiento de personas nacidas y criadas en España bajo tutela estatal. En 2015, Kevin fue forzado de forma arbitraria a cambiar su nombre a «Abdul Bouragba» para adecuarse a la lógica de la nacionalidad marroquí, un hecho que marcaría el inicio de la serie de trabas burocráticas que hoy condicionan su vida.
Pese a su arraigo innegable, que incluye su residencia continuada en España, formar parte de una unidad familiar estable y la ausencia de vínculos con Marruecos, las autoridades han negado sistemáticamente sus solicitudes de nacionalidad y residencia. Situación que le mantiene sin posibilidad de trabajar, estudiar o ejercer derechos básicos. Le genera un permanente clima de incertidumbre y vulnerabilidad extrema.
Rechazo contundente
La respuesta de Kevin a la Subdelegada Rico evidencia su determinación por defender su identidad y derechos. En su burofax, insiste en que su único interés es ser reconocido como español, sin necesidad de recurrir a un país que considera completamente ajeno. Además, exige que la Subdelegación reconozca el error administrativo cometido al ordenar su expulsión y adopte medidas concretas para corregirlo.
Este caso, que ya ha suscitado un amplio debate público, pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de los procedimientos administrativos relacionados con la nacionalidad y la residencia, especialmente en situaciones de arraigo como la de Kevin, consolidadas mientras los menores acogidos permanecen bajo la tutela legal del Estado. La intervención del Defensor del Pueblo Andaluz podría ser clave para garantizar que el joven reciba el trato justo que merece y reclama.
Que Kevin Christian Bouragba, nacido en Salamanca, criado en España y desvinculado completamente de Marruecos, acepte ser reconocido como marroquí para regularizar su situación en el país donde ha vivido toda su vida, ignorando su evidente arraigo y sus derechos como residente histórico en España, es una propuesta administrativa cuestionable desde una perspectiva tanto legal como humana.
Fue la única planteada durante una reunión convocada por la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, el pasado 19 de diciembre. Un encuentro que tuvo lugar tras la cobertura de La Mar de Onuba, que puso en evidencia las irregularidades del caso de Kevin y captó la atención de Rico. En la reunión, además de la Subdelegada, participaron el Secretario General de la Subdelegación, Manuel Iglesias, y la responsable de la Dependencia de Empleo, Angélica Alonso, quienes presentaron la propuesta como "única" solución viable para superar la situación del joven cachonero. Kevin asistió acompañado de su madre de acogida, Dolores, y un representante de una asociación local. La reunión, según fuentes conocedoras de la misma consultadas por esta revista, destacó por la desconexión entre las propuestas administrativas y la realidad vivida por Kevin.
Además, durante su breve participación al comienzo de la reunión, la Subdelegada Rico (quien aseguró que iban a encontrar una solución que ofrezca garantías y seguridad a Kevin) reprochó a Dolores no haberse dirigido directamente a ella, afirmando que “mi puerta está abierta para todo el mundo”. Comentario especialmente paradójico, ya que Dolores había solicitado formalmente una cita el pasado 26 de septiembre, sin obtener respuesta alguna por parte de la Subdelegación. Más llamativo aún, Rico aseguró durante la reunión que se enteró del caso Kevin de forma rocambolesca, gracias a las noticias de La Mar de Onuba que le llegaban "a través de grupos de WhatsApp". Sorprende que una autoridad declare haber "conocido por la prensa" los efectos de actos administrativos derivados de resoluciones que ella misma ha firmado. Este hecho, lejos de ser anecdótico, subraya la desconexión entre la retórica de la Subdelegada y la realidad de los actos administrativos que afectan a Kevin.
Perpetuar la injusticia
Durante la reunión, el Secretario General de la Subdelegación, Manuel Iglesias, y la responsable de Empleo, Angélica Alonso, propusieron como "única" solución que Kevin obtuviera un pasaporte marroquí. Este documento, que le otorgaría una identidad ajena, le permitiría acceder a un permiso de residencia temporal en España y, tras ¡cinco años!, solicitar una nacionalidad a la que tiene derecho desde su primer año de vida.
La propuesta ignora por completo que Kevin es, a todos los efectos, español. Obligarle a reconocerse como ciudadano de un país cuya cultura desconoce, cuya lengua no habla, que no lo considera suyo y en el que no tiene familia, personas conocidas ni domicilio, no sólo es un despropósito jurídico, sino también un atentado contra su dignidad y su identidad.
Tres oportunidades perdidas por el Estado
Y todo ello porque, desde 2001, Kevin, ya era acreedor del derecho a la nacionalidad española por nacimiento y residencia continuada durante más de un año en España, ya que, de acuerdo con el artículo 17.1.c del Código Civil, los nacidos en territorio español de padres extranjeros sin nacionalidad o que no transmitan la suya (algo que la madre biológica de Kevin no hizo al no inscribirle en el Consulado General de Marruecos tras su nacimiento) deben ser reconocidos como españoles. En 2005, por haber estado bajo tutela del Estado durante más de cinco años, pues según el artículo 22.3 del Código Civil, los menores tutelados por una institución española durante ese periodo de tiempo adquieren el derecho a solicitar la nacionalidad por residencia. Y, por último, en 2010, por residencia legal y continuada durante más de 10 años; como establece el artículo 22.1 del Código Civil, la residencia legal, continuada y previa permite el acceso a la nacionalidad.
Es decir, hasta tres veces a lo largo de su vida, el Estado, como único responsable legal de Kevin, ha fallado al joven. Son esos fallos, y no ninguna inacción o acción suya y/o de su familia de acogida, los responsables de la actual situación de apatridia de facto que sufre.
La situación de Kevin es aún más impactante al considerar que, en julio de 2015, la administración forzó de forma arbitraria el cambio de su nombre a Abdul Bouragba, argumentando que como hijo de madre marroquí le correspondía esta nacionalidad y debía adoptar un nombre marroquí. Un despropósito. Este cambio, realizado sin su consentimiento, borró administrativamente el nombre con el que había sido registrado en España, Kevin Christian, y con el que había vivido (y vive) desde su nacimiento. Tal decisión, además de atentar contra su identidad, refuerza la narrativa de desarraigo a la que se aferra el sistema para ignorar los derechos del joven cachonero.
Revisión de oficio: la alternativa ignorada
Sostener que la única opción viable para Kevin es convertirse en marroquí descarga sobre sus espaldas los errores evidentes cometidos por la Administración española, culminados por la resolución firmada por la Subdelegada Rico, que se limita a perpetuar la condición de irregularidad de Kevin.
Y obvia, por desconocimiento u omisión deliberada, que existen mas opciones dentro del marco legal español. La Subdelegación puede iniciar un procedimiento de revisión de oficio, una herramienta legal que permite corregir actos administrativos nulos de pleno derecho. Este mecanismo sólo requiere de una consulta previa -preceptiva, pero no vinculante- al Consejo de Estado, algo que la propia Rico, como autoridad competente, puede impulsar sin mayor dilación.
Sin embargo, esta vía legal, que podría y puede subsanar los errores de la Administración y garantizar la nacionalidad de Kevin sin condiciones absurdas, no fue planteada durante la reunión del 19 de diciembre.
Por último, cabe destacar, que Iglesias conminó a Kevin a eludir la participación en este asunto del abogado de oficio que le ha sido asignado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, llegando a afirmar, literalmente, "por aquí que no vaya ni a aparecer", por lo que cabe preguntarse si es norma de la Subdelegación del Gobierno en Huelva en la era Rico sugerir a los ciudadanos que prescindan de asesoramiento y acompañamiento legal en sus relaciones con esa Administración.
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