La Inspección de Trabajo guarda silencio ante las denuncias presentadas en marzo y abril del pasado año.
Los trabajadores despedidos de La Canastita creen que la «connivencia» de los grandes sindicatos con el empresariado favorece la explotación laboral y la pérdida de derechos fundamentales.
La empresa obliga a sus trabajadores onubenses a firmar una renuncia expresa al alojamiento para no tener que pagar el kilometraje contemplado en el Convenio Colectivo del Campo.
La Canastita mantuvo congelado el salario de los jornaleros en 32 euros hasta las protestas iniciadas el año pasado por los despedidos.
Viernes, 17 de enero de 2020. Agrícolas El Bosque SL es una de las empresas punteras del sector de los frutos rojos, miembro destacado de Freshuelva, la gran patronal de los berries onubenses. Con el cultivo de moras, la joya negra de la industria, la empresa suma una facturación anual cercana a los 10 millones de euros (9.986.912,37 € en 2018), y mantiene una plantilla «estable» de más de 40 trabajadores. En temporada alta, fijos, fijos discontinuos y eventuales, alcanzan, según sus propios datos, casi el medio millar de personas trabajadoras.
En marzo del pasado año, fijos discontinuos de la empresa (algunos reconocidos legalmente, otros por el propio peso de los lustros continuados al servicio de La Canastita) iniciaron una protestas para reivindicar derechos recogidos en el Convenio Colectivo del Campo para Huelva, que consideraban que la empresa no estaba respetando. Entre ellos los relacionados con el salario a percibir, que Agrícolas El Bosque había mantenido congelado en 32 euros para los fijos discontinuos, y 36 para los eventuales. Según ha podido confirmar esta redacción, tras la movilización iniciada, la empresa igualó el salario de todos los jornaleros y jornaleras a lo estipulado en convenio.
También denunciaron que existen trabajadoras de Agrícolas El Bosque a las que se cobra por el alojamiento ofrecido por la empresa, que esta «no paga el kilometraje», y un sistema disciplinario que, en la práctica, supone la imposición de la producción «a destajo» como forma de trabajo, en la que diariamente se establece una media obligatoria de kilos a recoger, y que penaliza sin trabajar durante varios días a los que jornaleras y jornaleras que no alcanzan la media. La Mar de Onuba ha tenido acceso a las hojas de control (ver aquí) de la empresa que demuestran dicho sistema, tajantemente prohibido por la legislación española según fuentes jurídicas consultadas. Las «normas de conducta» de la empresa llegan a prohibir, por ejemplo, «hablar de asuntos no relacionados con el trabajo durante la Jornada Laboral».
En cuanto al kilometraje («indemnización por camino») los denunciantes, en su mayoría españoles y de otras nacionalidades residentes en localidades onubenses, aseguran que a los trabajadores se les obliga a firmar junto al contrato una renuncia expresa a un alojamiento ofrecido por la empresa (los reservados para trabajadores y trabajadoras de Europa del Este y Marruecos contratados «en origen»), para no tener que abonar el plus estipulado en el Convenio Colectivo. Como ilustra el vídeo obtenido por La Mar de Onuba (ver aquí), se trata de una práctica avalada por CCOO, el sindicato que firmó el Convenio Colectivo vigente en el sector agrícola de Huelva. En una asamblea registrada por un teléfono móvil, el propio secretario general de la federación del Campo del sindicato, Juan Díaz, explicaba que la empresa sólo estaría obligada a pagar el kilometraje si los trabajadores no renunciaran a las viviendas y no hubiera de estas para todos. La Inspección de Trabajo aún no se ha pronunciado al respecto. Los hechos fueron denunciados el 18 de marzo del pasado año.
Al día siguiente, 19 de marzo, tuvieron lugar en la empresa las primeras sindicales de su historia. Habían sido promovidas por trabajadores fijos discontinuos (de varias nacionalidades) que previamente habían montado una sección sindical bajo las siglas del Sindicato Andaluz de Trabajadores, (SAT). Su candidatura fue rechazada por la Mesa Electoral, al considerar que el SAT no estaba legitimado para promover y concurrir a dichas elecciones. El mismo Juan Díaz de CCOO, daba carta de naturaleza a esa discriminación (como se ve en el siguiente vídeo) en una asamblea de trabajadores celebrada en una de las fincas de la empresa en Bonares.
Las elecciones las ganó CCOO, sindicato que durante casi dos décadas no había mostrado interés alguno en promover la acción sindical en la empresa Agrícolas El Bosque, según aseguran los denunciantes. Por su parte, la Inspección de Trabajo de Huelva aún no ha contactado con ellos ni ha emitido informe (o si lo ha hecho no lo ha comunicado a los denunciantes), como solicitaron el 10 de abril de pasado año.
Entre octubre de 2019 y el pasado 10 de enero, los 17 trabajadores que formaron la sección sindical tenían que haberse incorporado, como cada temporada, al que consideran su puesto de trabajo. No han sido llamados. Entienden que han sido despedidos, y que el único motivo es haber reivindicado sus derechos y promovido las elecciones sindicales. Su caso se resolverá en los tribunales, ya que la empresa no accedido a «conciliar» en los actos previos previstos por la Ley.
Tribuna:
Desglosando el «divide y vencerás» en la industria de los frutos rojos
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