Lucha de los jornaleros sin hogar: el CTA propone huelgas de varios días en plena campaña de frutos rojos

«Desde ahora nos representamos a nosotros mismos

y pedimos el apoyo de todos los sectores de la sociedad»

(Colectivo de Trabajadores Africanos)

La “rebelión” de los jornaleros sin hogar vuelve a cuestionar la paz social del campo onubense.

El Ayuntamiento de Lepe admite ahora que sí hubo encierro de una treintena de trabajadores «atrincherados” en el Ciudad de Lepe, como informó La Mar de Onuba.

El Colectivo de Trabajadores Africanos (CTA), la denominación bajo la que se están uniendo centenares de jornaleros agrícolas obligados a vivir en los diferentes asentamientos chabolistas diseminados por Lepe y otras localidades de la provincia, va a plantear la convocatoria de una o más huelgas generales de trabajadores migrantes, de «tres, cuatro días o una semana», para reivindicar viviendas dignas y «respeto para sus Derechos Humanos» durante los meses que pasan trabajando en explotaciones de frutos rojos y cítricos de Huelva.

Estas y otras acciones de protesta se irán concretando en las próximas semanas, a medida que vayan creciendo, como cada vez que comienza la temporada de recolecta de fresas y otras berries, el número de chabolas en las que malviven varios miles de trabajadores entre enero y junio de cada año, según han asegurado a esta revista portavoces del CTA.

«Este problema lleva ya muchos años y nadie hace nada. Aquí se nos necesita para trabajar y desde ahora reclamamos soluciones a todos los sectores, a la administración andaluza, a los empresarios, al ayuntamiento y a las organizaciones sociales. Que se pongan de acuerdo, que colaboren todos para dar una solución a este problema ya», decía el manifiesto leído al cierre de la manifestación celebrada el pasado viernes, 15 de noviembre en Lepe, en la que el CTA advertía de que «no admitiremos más mentiras ni soluciones temporales».


El Ayuntamiento admite ahora que sí hubo encierro y dobla el número de sin papeles desalojados del Ciudad de Lepe

El Ayuntamiento de Lepe, que hasta la pasada semana negaba tener «conocimiento» de que en el estadio Ciudad de Lepe hubiese tenido lugar un encierro de protesta de trabajadores africanos afectados por el incendio de la urba del pasado 14 de octubre, ha cambiado radicalmente esta versión de los hechos para reconocer ahora, consultado por la Subdelegación del Gobierno sobre la idoneidad del recorrido propuesto por el CTA para la manifestación del pasado viernes, que hubo una treintena de personas «atrincheradas» en el centro deportivo municipal.

Así, el consistorio respondía al Gobierno que «no compartimos el carácter de urgencia de la citada manifestación, ya que esta administración, sin competencias en la Materia que nos ocupa (Inmigración), ha solucionado la situación de casi la totalidad  de las personas que ocupaban el asentamiento desalojado con la salvedad de una treintena, atrincherados en dependencias del Estadio Ciudad de Lepe que por su condición de «Indocumentados» se hacen imposibles de abordar«.

Hasta la emisión de este informe, el Ayuntamiento de Lepe sostenía que el dispositivo de emergencia habilitado en el Ciudad de Lepe se había dado por finalizado al haber encontrado soluciones habitacionales u otras alternativas a la totalidad de los acogidos tras el incendio de la urba.


En su manifiesto. los manifestantes aseguraron que «sabemos que es posible y queremos que empiecen ya», y exigieron poder participar, a partir de ahora «en cualquier reunión» en la que se aborde su problemática, pues a través de la unión en torno al CTA «todos juntos lo vamos a conseguir».

Desde el Colectivo reclaman su derecho a «una vivienda digna, con agua, con luz y con servicios, donde podamos descansar después de nuestro trabajo, como cualquier persona». Asimismo, el texto del manifiesto recordaba que «es muy importante decir que no queremos regalos. Somos trabajadores y necesitamos viviendas dignas que podamos pagar».

Llamamiento a la unidad de los trabajadores en sus reivindicaciones

El CTA aprovechó la manifestación del pasado viernes para «animar a los trabajadores andaluces y españoles a que se unan a nuestra lucha». El colectivo de trabajadores africanos recuerda que «ellos comparten lo duro que es nuestro trabajo, pero que ellos tienen una casa digna donde descansar después de cada peonada y nosotros no, Por eso les pedimos su apoyo. Queremos resaltar que nadie puede ser menos persona por no tener papeles, aquí todos somos iguales». 

Asimismo, el CTA también ha recordado al «Área de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía y al Gobierno Central» que «todos somos trabajadores y hacemos nuestro trabajo», por lo que exigen a ambas administraciones público que «hagan también su trabajo y afronten este problema ya».

Regularización de jornaleros sin papeles

Asamblea Antirracista de Madrid en Lepe:

«Nuestras migraciones son actos de resistencia política frente al capitalismo racial«

Además de una solución urgente para los miles de personas que se ven obligadas a vivir en asentamientos chabolistas por la falta de alojamientos (y la poca -o nula- oferta de vivienda de alquiler para trabajadores eventuales de origen africano), el CTA quiere abordar con las Administraciones Públicas la situación de cientos de trabajadores sin papeles que llevan años haciendo labores de jornaleros en el campo onubense a través de la economía sumergida, sin que el Gobierno haya tomado medidas para regularizar su situación. Muchos se quejan de los impedimentos y retrasos de la Oficina de Extranjería a la hora de reconocer su «arraigo» en nuestro país, y más de uno asegura contar con el compromiso de sus patronos de contratarles legalmente una vez que dispongan de sus papeles.

«Nos parece que sería muy fácil para ellos hacer una regularización, aunque sea temporal, para que todas las trabajadoras y trabajadores que trabajamos aquí podamos tener papeles, podamos tener contrato de trabajo, podamos pagar nuestros impuestos y tener los mismos derechos y deberes de todas las personas», asegura el CTA.

«Desde hoy en adelante no pararemos hasta conseguir que se respeten nuestros derechos y seguiremos con las movilizaciones hasta que se nos dé una solución», finaliza el manifiesto leído en la primera manifestación convocada por el CTA, el colectivo surgido tras el devastador incendio del 14 de octubre que grita «¡Basta de pisotear nuestros derechos!» y «¡Lo vamos a conseguir, hermanos!».


Imágenes de la manifestación convocada por el CTA en Lepe el 15 de noviembre 

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Destacadas ausencias en la convocatoria del CTA

Comunicado de apoyo de la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua y Red Agua Pública – Marea Azul del Sur.

Acceder al comunicado

La manifestación del pasado viernes, 15 de noviembre, convocada por el CTA en protesta por el desalojo forzoso de 15 trabajadores sin papeles que habían perdido sus chabolas, logró reunir a varios cientos de trabajadores de origen africano residentes en asentamientos chabolistas. También se unieron, de forma presencial, varias asociaciones y ONG, como Asnuci, Asisti Cuenca Minera, las Plataformas de Mayores en Defensa de Pensiones Dignas, el colectivo Mujeres 24 H, la APDH o la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua y Red Agua Publica Marea Azul del Sur).

Representantes de Adelante Huelva en la manifestación convocado por el CTA

A nivel político destacó la presencia de representantes de Adelante Andalucía, como el coordinador provincial de Izquierda Unida, Rafael Sánchez Rufo, el diputado provincial David Fernández Calderón o la parlamentaria andaluza por Huelva María Gracia. Los dos últimos han presentado sendas iniciativas en la Diputación Provincial y en el Parlamento Andaluz para instituir y regular la figura del Municipio Receptor de Trabajadores Temporeros, con el objetivo de reforzar y agilizar las necesidades sociales de los municipios afectados por el desmesurado crecimiento de población durante los meses de campañas agrícolas. En ambas propuestas se prioriza la solución urgente a la falta de alojamientos dignos para miles de trabajadores.

A nivel sindical, el CTA contó el pasado vienes con el apoyo de una vistosa delegación del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), encabezada por su líder regional, Óscar Reina. Otras organizaciones enviaron mensajes de adhesión y apoyo, entre ellas, la Asamblea Antirracista de Madrid, cuyo comunicado se reproduce en esta página.

«Ahora necesitamos el apoyo de todos los sectores y agrademos a las ONGs que están presentes aquí su colaboración», decía el portavoz del CTA Lamine Diatike, quien animó «a las demás a unirse a nosotros en esta lucha». Y es que, como comentaron algunos de los representantes de las organizaciones que acompañaron el día 15 al CTA, más que su presencia, lo realmente destacable de una convocatoria de esas características y por esas motivaciones, fueron algunas ausencias. Y más especialmente la de los dos grandes sindicatos y las de otras fuerzas de izquierdas. La Mar de Onuba intentó durante la pasada recabar una valoración de UGT, CCOO y del PSOE provincial sobre el nacimiento del CTA, y su postura sobre las reivindicaciones que motivaron la manifestación del pasado viernes, pero ninguna de las tres organizaciones ha respondido a nuestra redacción. En el Pleno celebrado el miércoles de la semana pasada, los votos del PSOE rechazaron que la Diputación Provincial impulse y financie alternativas habitacionales para los jornaleros africanos sin hogar de Lepe.

La 'rebelión' de los jornaleros sin hogar vuelve a cuestionar la paz social del campo onubense

La lucha iniciada por los jornaleros migrantes unidos en torno al Colectivo de Trabajadores Africanos, supone un nuevo frente de conflicto abierto en pleno corazón de la industria agrícola onubense, cuyo principal cabeza visible, el presidente de Asaja e Interfresa, José Luis García Palacios, presumía hace solo unos días de la «paz social» que caracteriza al sector de los frutos rojos de la Provincia de Huelva. García Palacios hacía esta declaración al mismo tiempo que reclamaba cambios en el sistema de subsidios agrarios para evitar que los jornaleros onubenses sigan rechazando las miles de ofertas de trabajo que los empresarios de frutos rojos lanzan cada año, y que apenas despiertan interés en trabajadores españoles y europeos (excepto los procedentes de países que no forman parte del eurogrupo, como Polonia, Rumania o Bulgaria). El también presidente de la Federación Onubense de Empresarios y de la Caja Rural del Sur, llegó a afirmar que el problema es que «no hay interés en trabajar» y que hay gente que prefiere vivir de «forma subsidiada» a trabajar en las plantaciones de berries, donde la patronal fresera ofrece un jornal inferior -en 60 cent.- a los 42,62 €/día establecidos por el Salario Mínimo Interprofesional.

Ruptura de la unidad sindical en la negociación del Convenio Colectivo

Precisamente las reclamaciones sobre las tablas salariales y la aplicación en el campo onubense del Real Decreto que fija el SMI, ha supuesto este año la ruptura de la unidad de acción que venía caracterizando a los dos grandes sindicatos (UGT y CCOO) en las negociaciones del convenio colectivo del sector. UGT considera que el RD obliga a fijar el salario de todos los jornaleros en un mínimo de 45,98 € (cantidad que resultaría de aplicar el prorrateo de diversos conceptos salariales), e incluso interpuso un contencioso judicial por este motivo (que fue rechazado por la jueza titular del juzgado número 2 de lo Social de Huelva, Mª Inmaculada Liñán Rojo, quien ha considerado que la tabla salarial acordada entre la patronal Asja y CCOO para esta temporada «se ajusta a la legalidad»).

Y la guerra del agua

La paz social del campo onubense no sólo recibe amenazas por cuestiones laborales o sociales. Parte del sector mantiene un frente abierto contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), tras el cierre de pozos ilegales que extraían agua del acuífero de Doñana para el riego de plantaciones de frutos rojos. La orden supuso el fin de un proceso sancionador iniciado por la CHG en 2013, tras una denuncia de la Guardia Civil que motivó un expediente de infracción, resuelto por el organismo de cuenca desde 2014. En la sentencia, el TSJA constató que 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto, se encontraban fuera del suelo agrícola regable (SAR) determinado por el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana de la Junta de Andalucía. El fallo judicial también evidenció que estos sondeos se ejecutaron sin la concesión de la CHG para la captación de sus aguas.

En la primavera de 2019, la CHG detectó, a través de su sistema de teledetección, el riego de 1.064 hectáreas de invernadero. De ellas, prácticamente la mitad -487 hectáreas- se encontraban fuera de suelo agrícola regable (SAR) según el Plan Especial de Ordenación de la Junta de Andalucía.

Por su parte, CCOO había aceptado rebajar estas exigencia salariales a cambio de introducir en el convenio colectivo una serie de mejoras y garantías de tipo social de obligado cumplimento, que el sindicato consideraba imprescindibles, especialmente tras el enorme escándalo desatado por las diferentes informaciones que desvelaban situaciones de abuso y acoso a trabajadoras marroquíes contratadas en origen. «Si tan malo fuera el convenio del campo, Huelva no gozaría de la paz social que tiene», aseguraba José Luis García Palacios obre el texto suscrito con CCOO.

El PRELSI no convence

Si embargo, el miércoles de la semana pasada, CCOO alzaba la voz contra la patronal fresera al respecto de las medidas sociales acordadas, y puso en tela de juicio la suscripción por parte de la Junta de Andalucía de un convenio de colaboración con la interprofesional Interfresa para el desarrollo del conocido como Plan de responsabilidad ética, laboral y social (PRELSI), una medida que el sindicato ha tildado de «falsa», y que considera que se «salta» el Convenio Colectivo del campo.

CCOO sostiene que el PRELSI «no es un protocolo de responsabilidad social, no cumple ningún requisito para ser considerado como tal y tampoco para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo», aspecto que «no se nombra directamente, sino que se califica como ‘conductas ilegales’, lo que generaliza a todo tipo de delitos, llegando a la discriminación en la mejora del empleo de las personas con antecedentes penales».

Asimismo, el sindicato ha indicado que el citado plan es un documento interno de «aplicación exclusiva» a las empresas asociadas a Interfresa, compañía que «no tiene representatividad como patronal aunque la Junta parece que intenta darle una legitimidad que no tiene». «El convenio colectivo del campo, que es mucho más exigente, más completo y afecta a todas la empresas agrarias, está por encima de cualquier plan interno», ha subrayado el sindicato. «El Plan de Interfresa, por lo tanto, no puede eximir a las empresas del cumplimiento de lo que se recoja en el convenio en relación a las condiciones laborales, a las medidas de igualdad y de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, como la negociación de planes de igualdad, creación de una comisión de igualdad sectorial, la aplicación del protocolo de acoso sexual o formación en igualdad», ha alegado.

En esta línea, CCOO ha considerado que en el plan hay cuestiones que «no se pueden aceptar» porque «invaden competencias y regulaciones establecidas en el convenio colectivo del campo». «Uno de los problemas de mayor calado es que deja fuera a la representación legal de los trabajadores y a los sindicatos mayoritarios de cualquier tipo de intervención que legalmente les corresponde».

Por otra parte, el sindicato ha censurado que se contemple la formación en prevención de conductas ilegales «sin nombrar el acoso, mezclándolo con la formación profesional y solo para mandos intermedios» así como la creación de la figura de consultor de integración, dependiente de Interfresa, «lo que ya la hace parcial, que pretende controlar a las personas trabajadoras y sustituir a la Comisión de Igualdad Sectorial recogida en el convenio colectivo». «El objetivo es evitar cualquier tipo de presencia sindical en todos los procedimientos establecidos para los casos de acoso sexual, o del control de las condiciones laborales», sostiene el sindicato. Además, el coste se pretende repercutir en el salario de las personas que vienen con contrato de origen. Así, CCOO ha mostrado su «perplejidad» ante las pretensiones del Gobierno andaluz y ha apuntado la posibilidad de que esté intentando establecer en la campaña de la fresa un «modelo alegal de relaciones laborales, dejando al margen a sindicatos, organizaciones empresariales, a la inspección de trabajo, y sin negociación colectiva».

La paz social en el campo onubense no pasa por sus mejores momentos.


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