La CHG ejecuta la orden judicial y continúa el sellado de pozos ilegales que extraen agua de Doñana

Los 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto se encuentran fuera de suelo agrícola regable (SAR) determinado por el Plan Corona Norte.

Los técnicos de la confederación han clausurado ya 65 de los pozos ilegales.

Se prevé que los trabajos, que están incluyendo el sellado de dos balsas de agua, concluyan en los próximos días.

El alcalde de Lucena del Puerto asegura que «el beneficio medioambiental de la sentencia no puede producir el daño social, económico y humano que está causando en el pueblo».

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), ha cerrado ya 65 de los 77 pozos ilegales ubicados en monte público, en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva).

Con este operativo, que se inició el pasado domingo, 28 de julio, la CHG está dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada en 2017, que obligaba al Ayuntamiento lucenero a la inutilización de estos sondeos y, en caso de no ejecutarse, al cierre subsidiario por parte del organismo de cuenca.

Los trabajos continuarán durante los próximos días con el cierre del resto de pozos ilegalizados por la Justicia y el sellado de dos balsas de acopio y distribución.

El dictamen, contra el que no cabe recurso, supone el fin a un proceso sancionador iniciado por la CHG en 2013, tras una denuncia de la Guardia Civil que motivó un expediente de infracción, resuelto por el organismo de cuenca desde 2014. En la sentencia, el TSJA constató que los 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto, se encuentran fuera de suelo agrícola regable (SAR) determinado por el Plan

Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana de la Junta de Andalucía. El fallo judicial también evidenció que estos sondeos se ejecutaron sin la concesión de la CHG para la captación de sus aguas.

El Plan Especial de Ordenación de la Junta de Andalucía, aprobado en 2014, ordena el territorio y determina una superficie regable de más de 9.000 hectáreas, de las que aproximadamente 6.100 hectáreas se encuentran en la cuenca del Guadalquivir. Estas explotaciones correspondían bien a terrenos agrícolas puestos en riego antes de 2004 que hubieran mantenido su actividad agrícola, bien a otros terrenos que contaban con derechos de agua para riego. Todo suelo que no cumpliera con estos requisitos quedaba fuera de este plan, sin posibilidad de tramitación para su concesión. El suelo agrícola regable localizado en el municipio lucenero es de 707 hectáreas.

En la primavera de 2019, la CHG detectó, a través de su sistema de teledetección, el riego de 1.064 hectáreas de invernadero. De ellas, prácticamente la mitad -487 hectáreas- se encuentran fuera de suelo agrícola regable (SAR) según el Plan Especial de Ordenación de la Junta de Andalucía.

REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE RIEGO

De forma paralela al trabajo de inspección y control de las captaciones de agua en el entorno de Doñana, la CHG trabaja en la regularización de los derechos de riego de un importante número de comuneros agrupados en dos grandes comunidades de regantes.

Por un lado, con la Comunidad de Regantes del Condado -que aúna la mayor superficie de SAR en proceso de regularización- y con la que la CHG está trabajando para agilizar al máximo la concesión para sus 1.600 hectáreas amparadas por el Plan Especial de Ordenación de la Junta de Andalucía, que se distribuye entre los términos municipales de Bonares, Lucena del Puerto, Rociana y Almonte. Por otro lado, los regantes de El Fresno, a los que el actual equipo de la CHG otorgó derechos de agua por un plazo de 20 años, el pasado mes de septiembre de 2018.

Ahora, el Organismo de cuenca trabaja en la tramitación de los derechos de 318 hectáreas más que completarán el proyecto de la Comunidad que pasaba por el cierre de 400 pozos a cambio de agua superficial. Este proceso optimizará el actual trasvase de los 4,99 hectómetros cúbicos del Tinto-Odiel-Piedras a la cuenca del Guadalquivir y liberará la presión de las masas en la comarca de El Condado.

Sobre esta transferencia, la CHG también pretende maximizar su utilización, así como asegurar que las futuras infraestructuras necesarias para el trasvase de 14,99 hectómetros cúbicos supongan la liberación de presiones en las zonas más sensibles del acuífero.

En esta línea, el organismo de cuenca ha impulsado, en coordinación con el MITECO y la Junta de Andalucía, los primeros contactos para constituir la Comisión Técnica para el trasvase al Condado de los otros 14,99 hectómetros cúbicos aprobado por el Parlamento, a finales de 2018.

DECLARACIÓN DE MASAS DE AGUA EN RIESGO

Junto a estas actuaciones, se avanza en la tramitación para declarar La Rocina, Almonte y Marismas como “masas de agua subterránea, en riesgo de no alcanzar el buen estado”. Esta medida, que ya cuenta con la documentación e informes necesarios para su consulta pública, exigirá de la creación de comunidades de usuarios de aguas  subterráneas y la elaboración de un programa de actuación que ordene las extracciones y coordine las medidas para garantizar el uso sostenible del recurso, reforzando la protección y conservación del humedal.

Por otro lado, la administración hidráulica también contempla el recrecimiento del embalse del Agrio para disminuir las extracciones de aguas subterráneas en el entorno de los Hatos; la puesta en marcha de la nueva estación depuradora de Matalascañas, actualmente en tramitación ambiental; y el impulso a la sustitución de los dos sondeos de abastecimiento más cercanos al Parque Nacional en el término municipal de Almonte (Huelva), por otros dos ubicados en una zona más alejada y de menor sensibilidad.

La carta del alcalde de Lucena a Gobierno y Junta

El Ayuntamiento de Lucena del Puerto ha dirigido sendas cartas a la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y al Delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, haciéndoles partícipes de la situación y pidiéndoles su mediación.

El municipio insiste en que «el beneficio medioambiental de la sentencia no puede producir el daño social, económico y humano que está causando en el pueblo», solicitando la transferencia en precario de los recursos hídricos a las explotaciones afectadas. También se han remitido copias a la Delegación de Agricultura en Huelva y a la Subdelegación del Gobierno.

En la misiva que se ha remitido a la Consejera se alude a que desde la Consejería se han remitido todos los documentos necesarios para el trasvase y que la transferencia  es posible según la opinión de los expertos consultados. La situación que se vive en el municipio tras el cierre de 66 pozos es de absoluta desolación, con explotaciones que llevan ya una semana sin agua y familia que no esté afectada en alguno de sus miembros. Las pérdidas globales estimadas rondan los 6,5 millones de euros y más de 1.300 empleos.

En otro orden de cosas, el municipio está también pendiente de la convocatoria realizada por las Asociaciones de Agricultores para el miércoles, AACO y la Plataforma de Regadíos del Condado, donde pueden decidirse movilizaciones.

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