Viernes, 2 de diciembre de 2022. Es lo que afirma el portal Meduza, que tiene su sede en Letonia. Lo dirigen periodistas rusos disidentes que trabajan fuera de su país. Ese medio dice que los porcentajes anteriores provienen de una encuesta real, pero no revelada, que encargaron las autoridades rusas.
Según indicaría ese sondeo oficioso, únicamente la cuarta parte de los ciudadanos de la Federación Rusa apoya continuar la guerra de Ucrania. Por el contrario, más de la mitad (55 por ciento) desea que se empiece a negociar la paz.
Hace algunas semanas, otro sondeo ofreció resultados similares. La autoría correspondía entonces al internacionalmente conocido Centro de Análisis Levada (a veces citado como ONG) Este grupo de estudios sociológicos sigue funcionando pese a estar incluído legalmente en la lista de agentes extranjeros promovida y elaborada por el Kremlin. El Carnegie Endowment for International Peace, con sede en Washington, acoge en su web parte de los trabajos sociológicos que lleva a cabo esa ONG rusa, que extiende su campo de estudios y sus sondeos a otros países postsoviéticos. Incluida Ucrania.
Según Denis Volkov, director de Meduza, las órdenes de reclutamiento anunciadas por Vladimir Putin a finales del verano influyen en ese giro de la ciudadanía, al situar los efectos de la guerra «ante los ojos de los rusos». Volkov añadió que las noticias sobre retrocesos militares de las tropas de su país podrían estar influyendo también en la reacción crecientemente negativa de la opinión pública.
Desde el primero de diciembre de 2022, los datos personales de los individuos inscritos en Rusia como agentes extranjeros (o bajo influencia extranjera) pueden ser hechos públicos en Internet: su nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación fiscal, etcétera.
El decreto que lo hace posible fue aprobado hace apenas tres semanas. Unas 250 periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados y personas conocidas por ser opositores a la política del Kremlin están ya administrativamente inscritos dentro de ese grupo.
Para los medios oficialistas no sólo se quiere facilitar su acoso legal, sino también señalarlos como «traidores», cuasi espías o propagandistas de los enemigos de Rusia.
Al principio, se trató de apuntar con el dedo diversas actividades políticas de oposición a Putin. Con el tiempo, esa normativa ha ampliado su calificación legal a más tipos de activismo.
La ley -que fue aprobada ya hace diez años– ha sufrido retoques para endurecer su aplicación ante cualquier tipo de protesta o iniciativa de la sociedad civil contraria a las autoridades. Al empezar a aplicarse pareció que únicamente señalaría organizaciones. Desde 2020, se refiere también a personas físicas y ciudadanos precisos.
Hace pocos días, el Ministerio Ruso de Justicia incluyó en su lista de individuos «bajo influencia extranjera» al abogado Ilya Novikov, a la periodista de televisión Anna Mongayt y al exdiputado y excalcalde Ekaterimburgo, Evgueni Roizman, antes detenido y multado en varias ocasiones.
Según se puede leer en la versión europea de Novaya Gazeta (en inglés), el Ministerio de Justicia acaba de añadir a varios periodistas más; también a personas vinculadas a entidades humanitarias, a una asociación de transexuales y a militantes ecologistas.
Los afectados tienen la obligación de mostrarse en sus publicaciones y actividades públicas como agentes del extranjero, además de rendir cuentas cada tres meses del origen de sus gastos e ingresos. No pueden beneficiarse de ningún tipo de subvención pública, ni participar en actividades educativas o en la enseñanza universitaria.
Sometida a esa espada de Damócles y a otras amenazas, la organización rusa Memorial, que compartiera el premio Nobel de la Paz con una asociación ucraniana y otra bielorrusa similares, ha sufrido la clausura de sus actividades por decisión de los tribunales de Moscú. Quizá hay que recordar que entre los objetivos principales de Memorial figuraba luchar «contra el olvido de las violaciones de los derechos humanos en el pasado», es decir, durante la Unión Soviética, y para que «no puedan ignorarse las que puedan producirse en la actualidad», es decir, en la Rusia de Putin.
Aparte de otros posibles castigos penales y administrativos, los datos personales de quienes hayan sido inscritos en la lista de agentes extranjeros del Ministerio de Justicia de Rusia pueden ser difundidos legalmente desde ayer. Es la última vuelta de tuerca de Putin a una sociedad que quizá empieza a sentir la guerra de Ucrania cada vez más familiar y cercano.
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