Tras una fachada de caridad de la que hacen alarde, las multinacionales continúan su actividad como si nada

Al socorrer a Estados incapaces de proteger eficaz y rápidamente a sus ciudadanos, ¿se han inmunizado al mismo tiempo las grandes multinacionales del planeta contra todo tipo de crítica?

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, que ha paralizado el mundo y hace temer importantes daños sanitarios, económicos y sociales, los grandes empresarios, elevados ya a la categoría de celebridades, rivalizan por mostrar su generosidad y ayudar a los hospitales, los investigadores o las personas más desfavorecidas. Así, hasta la fecha, Bill Gates, director general y fundador de Microsoft, se ha comprometido a donar 250 millones de dólares estadounidenses por medio de su fundación a la lucha contra el coronavirus. El dinero se destina principalmente a los países de África y Asia oriental y a las comunidades en situación más precaria de Estados Unidos. Una parte de esta suma también se destina a la búsqueda de una vacuna. En menor medida, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, han donado 25 millones de dólares para contribuir a la investigación científica, también a través de su fundación.

Jack Dorsey, fundador de Twitter, ha donado 1.000 millones de dólares de su fortuna personal, a través de una cesión de acciones. En realidad, esta suma está destinada a la creación de una sociedad limitada, Start Small, donde solo una parte no especificada de este dinero debería destinarse a paliar las consecuencias del virus. El resto de fondos de la empresa podría destinarse a otras iniciativas, como la escolarización de niñas o la implantación de una renta universal.

Incluso el escandaloso Jeff Bezos, dueño de Amazon y el hombre más rico del mundo, ha contribuido a la lucha, donando 100 millones de dólares a Feeding America, una asociación que coordina una red de 200 bancos de alimentos en todo Estados Unidos.

Hay muchos otros ejemplos. En Corea del Sur, el Gobierno ha recibido ayuda de Samsung, buque insignia de su economía, que ha donado 30.000 millones de won, es decir, 24,6 millones de dólares. En Francia, el grupo LVMH, el más prolífico del país, ayuda al Gobierno en el abastecimiento de mascarillas médicas y suministra a los hospitales gel hidroalcohólico. Es lo mismo que ha hecho en Estados Unidos Tim Cook, director general de Apple.

“Como seres humanos normales, nos alegramos cuando alguien compra mascarillas rápidamente y las dona cuando el Gobierno estadounidense tarda más en hacerlo”, comenta Anand Ghiridharadas, ensayista estadounidense, que critica la filantropía de las grandes fortunas en un artículo de Vox, un sitio estadounidense de información. “Sin embargo, es muy importante cuestionarnos sobre la manera en que nos ha afectado la crisis y sobre los puntos débiles que ha revelado. Muchas de las personas que se movilizan son responsables de las condiciones que son el origen de la debilidad”.

Elusión fiscal y degradación de los sistemas de salud

En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe que establecía el vínculo entre la elusión fiscal y el estado de los sistemas de salud. En un artículo de opinión publicado en el periódico Le Monde, varios economistas franceses, entre ellos Thomas Piketty, autor del célebre El capital en el siglo XXI, se hace eco de esta reflexión. En referencia a las multinacionales, escribe que “estas empresas y sus accionistas se han aprovechado de la competencia fiscal para eludir impuestos, lo que ha contribuido a deteriorar los servicios públicos, especialmente los movilizados en esta crisis sanitaria”.

Esto sucede con GAFAM, un acrónimo para designar a Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, en cuyo ADN está la meta final de la optimización fiscal. Según la ONG Oxfam, el grupo de lujo francés LVMH, socio del Estado francés en la crisis actual, no se queda lejos con 284 filiales en paraísos fiscales.

Entonces, ¿a qué se debe esta generosidad espontánea frente a la COVID-19? En este caso, Arthur Gautier, director ejecutivo de Filantropía de ESSEC Business School, ve “una especie de unión sagrada ante algo que afecta a todo el mundo”. Sin embargo, también podría reflejar uno de los motores de esta filantropía de grandes jefes, identificada por el investigador:

“En este tipo de círculo de grandes empresarios, hay una emulación competitiva que puede dar lugar a este tipo de comportamiento”.

Alexis Spire, sociólogo francés autor de Résistances à l’impôt, attachement à l’État. Enquête sur les contribuables français [Resistencia al impuesto, vinculación al Estado. Estudio sobre los contribuyentes franceses] (Seuil, 2018), también ha analizado esta filantropía. Según Spire, se trata de una “estrategia de comunicación para ennoblecer una acción empresarial marcada por el sello de la moralidad”. Las palabras de Lee-Jae Yong, vicepresidente de Samsung Electronics, parecen inscribirse en esta estrategia cuando declara: “Hemos crecido gracias al apoyo de la población y tenemos que compartir con la sociedad en un momento tan difícil”. Esto puede generar hilaridad, pues lo dice un hombre condenado por sobornar al Gobierno de su país y que está a la cabeza de un grupo donde el antisindicalismo es la religión.

Del mismo modo, la ayuda económica de Jeff Bezos, destinada a los estadounidenses en situación más precaria y amenazados por el hambre, no debe ocultar la forma en que su empresa, Amazon, gestiona sus actividades durante la pandemia. En diferentes centros estadounidenses, los trabajadores han organizado huelgas para exigir más medidas de seguridad frente al virus o pedir que las entregas se limiten a los productos esenciales. Amazon despidió a varias de las personas que iniciaron las protestas, algo que han denunciado los sindicatos. También se convocaron huelgas en centros italianos, o en Francia, donde la justicia obligó el 14 de abril a la empresa a limitar sus entregas a los productos “esenciales”. La empresa recurrió y la decisión fue confirmada. No obstante, esto no debería realmente perjudicarle. La pandemia actual es un periodo muy lucrativo para Amazon, que tendrá que contratar a otros 75.000 trabajadores, después de haber contratado ya a 100.000, para satisfacer un “aumento de la demanda ahora que nuestros equipos apoyan a sus comunidades”, anunció la empresa en una entrada de su blog. Según el grupo de reflexión estadounidense Institute For Policy Studies, la fortuna personal de Jeff Bezos ha aumentado en 25.000 millones de dólares desde el 1 de enero.

¿Libertarismo o manipulación?

“Las donaciones de estos empresarios también pueden reflejar una ideología determinada, más bien libertaria”, explica Alexis Spire, “la de cuestionar el monopolio del interés general por parte del Estado. Exigen poder elegir las sumas que van a donar, cómo van a invertirlas y en qué ámbitos”. Es una conclusión que comparte Arthur Gauthier: “Creo que bastantes empresarios piensan que los impuestos no son necesariamente justos y que la donación permite destinar el dinero a causas que nos parecen prioritarias y más importante que otras, siempre con un control. Algunas personas consideran que las fundaciones y asociaciones son más competentes que el Estado”.

Monique Pinçon-Charlot, socióloga francesa que ha dedicado su carrera junto con su marido Michel a estudiar el mundo de las grandes fortunas, en particular en Francia, es más crítica. Según ella, esta generosidad de la que se hace alarde no es más que “maquiavelismo, perversión y manipulación” de los líderes de un sistema económico cuestionado en la pandemia actual, en particular en lo que se refiere a las capacidades de los sistemas de salud. Numerosos estudios científicos también han puesto de manifiesto la responsabilidad de la lógica del beneficio en la aparición de pandemias, debido a la presión sobre los ecosistemas.

Así, según la socióloga, “no debemos esperar nada” de estos grandes grupos en la construcción del “mundo de después”. Según ella, “el virus del dinero es su único motor”.

Algunos casos actuales, caricaturescos, parecen darle la razón. Para preparar la reactivación económica, grandes empresas reciben ayudas del Estado, sin renunciar al reparto de dividendos a sus accionistas. Es el caso de algunos de los mayores grupos automovilísticos alemanes, elementos clave de la economía del país. BMW y Volkswagen y Daimler, que despidieron parcialmente a 200.000 de sus empleados, los cuales son por tanto remunerados por el Estado, distribuyeron 7.500 millones de euros en dividendos. En el Reino Unido, el gran grupo de distribución Tesco ha previsto repartir 1.000 millones de libras a lo largo del año a sus accionistas, beneficiándose al mismo tiempo de una reducción fiscal de 585 millones de libras.

No obstante, muchos otros grandes grupos han renunciado a tomar este tipo de decisiones. Algunos han seguido las recomendaciones de las instituciones reguladoras, como el Banco Central Europeo, que pidió a 117 bancos que congelaran los dividendos. Varios países también han impuesto condiciones para la obtención de ayudas públicas. Así, Francia condicionó las ayudas del Estado a que no se repartieran dividendos, mientras que la CFDT hubiera más bien deseado un “año en blanco”. Posteriormente, el Gobierno anunció que imitaría a Dinamarca y Polonia, excluyendo de sus planes de apoyo a las empresas presentes en ciertos paraísos fiscales. Sin embargo, la exigencia anunciada por el ministro de Economía francés en la radio nacional France Info fue hábil y discretamente edulcorada a través de una circular.

Responsabilidad y libertad

Otras empresas han decidido por su cuenta no beneficiarse de ninguna ayuda estatal, como los grupos franceses Total y L’Oréal. El gigante petrolífero invocó su “espíritu de solidaridad” con Francia y el grupo cosmético su “deber de empleador responsable con los ciudadanos franceses” de no “incidir negativamente en las cuentas públicas”. Al mismo tiempo, de este modo tendrán total libertad para distribuir dividendos entre sus accionistas. Según el sitio especializado BFM Bourse, los accionistas de Total deberían recibir 7.000 millones de euros en dividendos y los de L’Oréal 2.400 millones.

Sin embargo, conviene ver qué pasa entre bastidores en el caso de estas dos empresas que no han solicitado la ayuda del Estado francés. La Asociación francesa de empresas privadas (Afep), que reúne a las mayores empresas del país, de la cual forman parte L’Oréal y Total –sus dos directores generales forman parte del consejo de administración–, espera que las autoridades públicas no se entrometan en sus asuntos una vez que se haya controlado la pandemia.

En una nota dirigida a la Comisión Europea, hecha pública el 14 de abril en el sitio Contexte, el grupo de presión pide un aplazamiento de varias medidas del Pacto Verde europeo ya votado, el cual tiene por objeto reorientar la economía de la Unión para responder mejor a los retos que plantea el cambio climático.

La Afep pide que se retrase un año la revisión de la directiva sobre las emisiones industriales, la suspensión durante un año de la reflexión sobre una gobernanza duradera de las finanzas, “la cual no es prioritaria en el contexto de la crisis actual” o el mantenimiento de las cuotas gratuitas y las ayudas del Estado que permiten pagar las tasas sobre las emisiones de carbono de los bienes importados. Esta solicitud acompaña a la del aplazamiento de una nueva directiva prevista en el segundo semestre de 2020, que tiene como objetivo reformar estos impuestos. La intención sería no “aumentar las diferencias de competitividad en materia de carbono entre la UE y terceros países que podrían reactivar sus economías relajando su ambición en cuanto a cuestiones climáticas”.

Una relajación que ya es visible en los Estados Unidos, donde Donald Trump ha suavizado las normas ambientales para minimizar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. También en China, donde el Gobierno se prepara para reforzar sus inversiones en el carbón, a fin de poner en marcha de nuevo la maquinaria económica. En Francia, varias ONG (Greenpeace, les Amis de la Terre y Oxfam), expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno de conceder 20.000 millones de euros a varias empresas que se han considerado estratégicas –entre ellas Air France, que recibirá 7.000 millones–, sin exigir una contrapartida social o ambiental. En un comunicado, las tres ONG consideran que el Gobierno “usa como pretexto esta crisis sanitaria para blanquear su alianza inquebrantable con los grupos de presión, en un momento en el que los ciudadanos reclaman una sociedad resiliente y un futuro orientado hacia el interés general”.

Un desafío inmenso para los políticos y los ciudadanos

Frank Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, declara, ante la Comisión de Medio Ambiente de la UE, que “los gobiernos tienen la posibilidad de introducir ayudas públicas sujetas a compromisos ambientales”; sin embargo, las ayudas concedidas por la UE sin contrapartida obligatoria a las compañías aéreas, por ejemplo, revelan las dificultades de construir un nuevo sistema económico más virtuoso.

En el periódico Le Monde, Thomas Piketty aboga por “una tributación justa y un registro financiero internacional para que los más ricos y las grandes empresas contribuyan lo que les corresponde”. Desde hace casi un año y medio, el establecimiento de un impuesto GAFA a escala internacional, destinado a poner fin a las astucias fiscales de los gigantes de la tecnología –sometidos a una imposición del 9%, frente al 23% que se aplica a las empresas tradicionales, según la Comisión Europea–, está en punto muerto. El impuesto, que se debatió entre los países miembros de la UE, se encontró con la oposición de cuatro de ellos (lrlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca) a finales de 2018.

Desde entonces, 137 países debaten bajo los auspicios de la OCDE la creación de una posible tasa, capaz de adaptar la tributación ante la ausencia de fronteras de la economía digital.

En varias ocasiones, la timidez de los Estados y las amenazas de represalias económicas de Donald Trump han frenado el progreso. Así, a raíz de estas presiones, el Gobierno francés suspendió a principios de año su tasa GAFA nacional, aprobada en julio de 2019. Por último, el 4 de mayo el periódico Le Monde publicó que el coronavirus retrasará todavía más el plazo: la OCDE anunció que la presentación de su proyecto final, inicialmente prevista para julio de 2020, se aplazará hasta octubre. Para esta fecha, ¿logrará el electrochoque de la pandemia mundial del coronavirus impulsar una cooperación fiscal internacional paralizada?

Para configurar un mundo pospandémico más justo, la solución también debe venir de abajo, de los propios trabajadores, ya que, en última instancia, son ellos los que, arriesgando su salud, prestan los servicios esenciales a las comunidades y son, al mismo tiempo, indispensables para que estas grandes empresas sigan generando beneficios. Si se agravan las violaciones de los derechos laborales en el periodo actual, las organizaciones sindicales de varios países esperan hacer valer los servicios prestados para asumir una posición de fuerza y proponer una alternativa real y un futuro diferente.