por Andrew Edward Tchie, King’s College London.
Tras meses de protestas y sentadas en torno al cuartel general de las Fuerzas Armadas en Jartum, el presidente sudanés, Omar al Bashir, se encuentra en arresto domiciliario desde el 11 de abril, mientras las Fuerzas Armadas del país se preparan para un gobierno de transición.
Muchos han denominado este levantamiento sudanés como la “revuelta del pan”, que protesta contra la subida de la inflación. Pero la realidad es que el pueblo sudanés se ha echado a las calles por mucho más que un problema económico o por el precio del pan. Pide libertad, paz, justicia y el fin del régimen de al Bashir.
Y por fin lo han conseguido.
La generación que lidera el levantamiento ha vivido toda su vida bajo el mandato de al Bashir, que comenzó hace 30 años. Los manifestantes son en su mayoría jóvenes profesionales que se han visto directamente afectados por las políticas de islamización y de arabización del régimen.
Estas políticas han sido especialmente duras con los derechos y libertades de las mujeres, lo que explica por qué las jóvenes sudanesas constituyen el eje central de este levantamiento. Dichas políticas también desencadenaron años de conflicto e inseguridad en Darfur, Kordofán del Sur y en el Nilo Azul.
El sistema de gobierno de Sudán se encontraba ya muy deteriorado por culpa de años de autocracia, nepotismo, corrupción y conflictos violentos.
La destitución de al Bashir puede hacer temblar los cimientos del país si no se encuentra a un sucesor sólido que lo remplace. No obstante, en mi opinión, si se tiene en cuenta la historia de gobierno de Sudán, es poco probable que las preferencias democráticas de muchos jóvenes manifestantes vayan a verse reflejadas en la realidad. Sus expectativas de una democracia funcional, con elecciones libres y justas y libertades constitucionales, no se cumplirán a menos que el próximo presidente del país sea un reformista.
Las primeras respuestas de al Bashir
El régimen respondió al levantamiento de tres maneras.
En primer lugar, al Bashir trató de volver a consolidar rápidamente su poder proponiendo cambios constitucionales que le habrían permitido ser reelegido en 2020. Esta medida se descartó rápidamente.
Entonces declaró el estado de emergencia nacional durante un año. El estado de emergencia prohibía reuniones y movimientos “no autorizados”. La violencia se desató mientras el régimen empleaba la mano dura para acabar con las protestas.
Al Bashir también disolvió el Gobierno y remplazó a los casi 18 gobernadores por oficiales del ejército. Ordenó al parlamento que retrasara la deliberación sobre las enmiendas a la constitución que se habían propuesto y que le permitirían presentarse a las elecciones del siguiente año.
Las protestas no cesaron, así que entonces apeló a un gran diálogo.
En un intento por mantenerse en el poder, al Bashir también acudió a quienes le habían apoyado económicamente en ocasiones anteriores: los países del Golfo Pérsico, Egipto y Rusia. Sin embargo, estos aliados no le ofrecieron mucho más que vagas declaraciones de apoyo.
También perdió el apoyo de quienes le respaldaban en Occidente: los antaño cordiales con al Bashir comenzaron a enviar severas advertencias.
Las protestas
Para cuando al Bashir dimitió, las protestas se habían expandido a más de 35 ciudades del país. La gente se echó a la calle en más y más lugares, siguiendo la primera manifestación en Atbara, una ciudad del norte del Nilo.
El actual levantamiento se desató a raíz de la decisión del gobierno de eliminar subvenciones a productos de primera necesidad y subir drásticamente el precio del pan. En cuestión de semanas, las protestas de Atbara llegaron a la capital, Jartum, a 349 kilómetros.
Mientras las manifestaciones estallaban por todo el país, agentes del poderoso Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad y la policía antidisturbios comenzaron a perseguir a los manifestantes. Sin embargo, las Fuerzas Armadas se abstuvieron de intervenir. Empezaron a correr rumores sobre la intención de al Bashir de ceder el poder a los militares. Pero Hassan Ismail, ministro de Información y portavoz del Gobierno, desmintió rápidamente esta información.
En los días anteriores a la renuncia de al Bashir, miles de manifestantes llegaron a la sede ministerial en Jartum. Allí también se encuentra la residencia del presidente, el cuartel general de las Fuerzas Armadas y la sede del Ministerio de Defensa.
Entonces los manifestantes fueron más lejos e intentaron conseguir el apoyo del ejército. Parecía que los oficiales más antiguos estaban debilitándose o que esperaban utilizar las protestas para presionar a determinadas facciones de la élite gobernante.
Los manifestantes utilizaron distintas tácticas para mantener el impulso del movimiento, entre ellas, hacer uso de las redes sociales, como Facebook, Twitter y WhatsApp. Las redes tuvieron un papel importante, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por bloquear a los usuarios. Además, se utilizaron redes privadas virtuales para intentar acceder al único chat de mujeres en Facebook, llamado “Minbar Chat”.
Los vídeos grabados por los manifestantes fueron cruciales para documentar los crímenes perpetrados por las fuerzas de seguridad durante las protestas pacíficas. También fueron el medio principal para informar a la población sudanesa y a la comunidad internacional de la brutalidad del régimen de al Bashir.
Ahora que al Bashir ha dimitido, probablemente tenga que abandonar el país mediante un acuerdo de paso seguro a un país amigo, tal vez que con destino a algún lugar de Egipto o Qatar. La única forma de que se pueda quedar en Sudán es mediante un acuerdo previo con los militares que garantice su seguridad. Es posible que los nuevos generales a los que nombró tras la declaración del estado de emergencia lo apoyen. De hecho, su apoyo podría haber sido una de las razones por las que al Bashir decidió que podía renunciar.
Respecto al futuro, con o sin al Bashir, puede que las protestas continúen si el pueblo de Sudán entiende que muchos líderes del régimen opresivo siguen en el tablero de juego.
Andrew Edward Tchie, Editor, Armed Conflict Database; Research Fellow, Conflict, Security and Development at International Institute for Strategic Studies, King's College London Andrew Tchie es Editor de la Base de Datos de Conflictos Armados (ACD) del IISS, que se enfoca en monitorear las tendencias de los conflictos armados a nivel mundial. El ACD proporciona un análisis crítico sobre los conflictos, los actores en el conflicto, el mantenimiento de la paz y el uso de la violencia indiscriminada. También tiene una amplia experiencia en el suministro de recomendaciones de políticas para organizaciones internacionales y gobiernos. A través del ACD, se enfoca en comprender las dinámicas de la guerra civil y la violencia contra civiles por parte de actores estatales y no estatales. Escribe sobre el mantenimiento de la paz de la ONU, la protección de los civiles en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, la violencia contra los civiles y la dinámica de la guerra civil. Su trabajo anterior incluye trabajar con la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, el PNUD en Nepal y la Secretaría del Commonwealth. Es investigador principal visitante en el Centro para el Conflicto y la Salud en el King's College de Londres, investigador visitante en el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), doctor en el Centro Michael Nicolson para el Conflicto y la Cooperación y miembro de The Higher Education Academia (HEA).
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