Lo que debería ser una oportunidad laboral para miles de personas contratadas, con demasiada frecuencia termina convirtiéndose en una experiencia de explotación. Cuando esto ocurre bajo el amparo de los Estados, nos encontramos ante una situación que debe definirse, sin ambages, como «trata institucional».
A pesar de los esfuerzos recientes por introducir en la Orden Gecco medidas correctoras como la definición del salario neto en los contratos, esta nunca nunca se ha cumplido. Esto nos lleva necesariamente a una conclusión inevitable: el 100 % de la «contratación en origen» ha estado, hasta ahora, en fraude de ley.
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Lunes, 14 de octubre de 2024. La captación de personas trabajadoras en sus países de origen para trasladarse a otro bajo promesas de empleo digno es un mecanismo que, en demasiadas ocasiones, se convierte en un sistema de dependencia absoluta hacia quienes las trajeron, ya sean empresas o intermediarios. Una vez en el destino, esas promesas iniciales se desvanecen, y esas personas se ven obligadas a aceptar condiciones sociolaborales, económicas y de alojamiento que no se ajustan a lo pactado. Cuando esto ocurre bajo el amparo de los Estados, nos encontramos ante una situación que debe definirse, sin ambages, como «trata institucional».
Lo que se presenta como una oportunidad laboral para miles de mujeres contratadas a través de la conocida Orden Gecco (la norma del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que regula la Gestión Colectiva de Contratación en Origen) termina, con alarmante frecuencia, convirtiéndose en una experiencia de fraude y explotación. Las temporeras de la fresa en Huelva, principalmente mujeres marroquíes (mayores de edad y menores de 45 años y, forzosamente, madres y tutoras de hijos e hijas menores de 15 años), se ven atrapadas en una relación de poder profundamente desigual. A pesar de las promesas de trabajo digno y bien remunerado, las condiciones reales a las que se enfrentan incluyen salarios precarios (incluso por debajo del SMI), alojamientos insalubres e indignos, y jornadas laborales excesivas. Algunas situaciones conocidas y documentadas adquieren preocupantes tintes surrealistas en un Estado de Derecho como España.
Urge repensar el modelo de «contratación en origen», no solo en términos laborales, sino también desde una perspectiva de Derechos Humanos
El acceso limitado a los servicios de salud pública y otras prestaciones sociales (bajas por enfermedad, subsidios, indemnizaciones… por las que cotizan rigurosamente a través de sus nóminas como cualquier otra persona trabajadora en nuestro país) agrava aún más su situación. A pesar de estar trabajando legalmente, muchas temporeras no reciben atención médica o social adecuada. Algunos casos, incluso resueltos en muerte indigna y sólo conocidos gracias a los medios de comunicación, sucedidos en el ámbito de grandes empresas “ejemplares”, superan con creces los límites de la conciencia más limitada. Esta negación de derechos fundamentales pone de manifiesto un sistema que, más que proporcionar oportunidades, facilita la explotación estructural.
La Orden Gecco, diseñada para regular la denominada “migración circular” (la solución que el gobierno de Pedro Sánchez inocula estos días con insistencia en el imaginario popular como un bálsamo de Fierabrás que aborde con “conciencia” y “humanidad” la inmigración irregular) se ha convertido en una herramienta de control más que de protección. En lugar de garantizar derechos laborales, perpetúa una situación de dependencia y vulnerabilidad para las trabajadoras.
A esto se suman algunas actuaciones de cuerpos como la Guardia Civil, que lejos de proteger a las trabajadoras Gecco, a menudo refuerzan su subordinación mediante actos intimidatorios o desprotección ante situaciones de abuso. La irrupción de agentes de la Benemérita este mismo año en Huelva durante la consulta médica de una temporera marroquí del programa Gecco para registrar -sin orden judicial- el contenido de su teléfono móvil habla por sí sola.
Mientras los gobiernos y los grandes medios de comunicación tratan de silenciar o minimizar las denuncias, es el trabajo de pequeños sindicatos, organizaciones de derechos humanos, feministas y medioambientalistas el que está despertando cierta conciencia social internacional
Cuando las trabajadoras se han atrevido a denunciar condiciones inhumanas, a veces con agravantes de acoso y/o agresión sexual, el sistema judicial les ha dado la espalda. Los pocos casos que llegan a los tribunales rara vez son investigados con la debida diligencia, y las denuncias de acoso o abuso se desechan rápidamente. Las sentencias de casos conocidos acusan abiertamente a las trabajadoras de presentar denuncias falsas con el único fin de conseguir papeles o por “intereses espurios”. La última temporada de frutos rojos, por ejemplo, el caso de una presunta agresión sexual a una trabajadora marroquí del programa Gecco fue resuelto en juicio apenas doce horas después de ser interpuesta -no sin incompresibles e injustificables dificultades- la denuncia ante la Guardia Civil. La vista se celebró sin que la denunciante contara siquiera con asistencia letrada y acompañada por una intérprete facilitada por el propio Juzgado. El juez falló contra la trabajadora en los términos citados (testimonio “no creíble” e “intereses espurios”) y esta salió de la sede judicial con su humillante Sentencia, ya impresa apenas unos minutos después del golpe de mazo que daba por terminada la sesión. La criminalización previa de las denunciantes no solo desacredita a las víctimas, sino que perpetúa la impunidad de quienes las explotan.
Es momento de actuar para evitar que miles de trabajadoras y trabajadores sigan siendo víctimas de una suerte de trata institucional encubierta
En este contexto, los servicios de “mediación» diseñados (y subvencionados) para prevenir conflictos, como el PRELSI de Interfresa o los dispositivos de temporada de Cruz Roja o Mujeres en Zona de Conflicto, por citar algunos, se han mostrado preocupantemente ineficaces. Las temporeras continúan enfrentándose a condiciones abusivas, y las soluciones ofrecidas por estos organismos han sido insuficientes o contrarias a sus Derechos Fundamentales.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por su parte, ha admitido sus propias limitaciones para actuar. Diana Zoido, jefa de la ITSS en Huelva, advirtió en un acto público celebrado en la Universidad de Huelva que los mecanismos de control son frágiles y que la falta de recursos impide una supervisión adecuada. Mientras tanto, los poderes públicos y los grandes sindicatos de clase, lejos de ofrecer un respaldo contundente a las trabajadoras, suelen optar por contemporizar con las organizaciones patronales. Defienden, como estas, que los abusos se limitan a «casos aislados» y que su difusión, su conocimiento público, perjudica más al sector que ayuda a resolver el problema.
No se puede dejar de señalar la responsabilidad de los gobiernos de los países de “origen» en esta cadena de explotación. Las trabajadoras que denuncian abusos rara vez reciben apoyo de sus propios Estados, que en muchas ocasiones prefieren mirar hacia otro lado. Esta complicidad refuerza el sistema de «trata institucional», al permitir que sus nacionales sean explotados sin intervenir.
Esta otra realidad silenciada de la migración circular no es exclusiva de la provincia de Huelva ni de la industria del fruto rojo. Condiciones similares son -también- visibles en otras zonas de explotación agrícola intensiva como Almería o Murcia, e incluso en otros países europeos. En estas regiones, las empresas han encontrado en la mano de obra migrante y vulnerable una forma de aumentar sus plusvalías, manteniendo condiciones laborales al límite o fuera de la legalidad.
Servicios de “mediación» como el PRELSI de Interfresa o los dispositivos de temporada de Cruz Roja o Mujeres en Zona de Conflicto se han demostrado ineficaces, y sus soluciones insuficientes o contrarias a los Derechos Fundamentales
Mientras los gobiernos y los grandes medios de comunicación tratan de silenciar o minimizar las denuncias, es el trabajo de pequeños sindicatos, organizaciones de derechos humanos, feministas y medioambientalistas el que está despertando cierta conciencia social internacional. También juegan un papel destacado importantes e influyentes organizaciones de consumidores europeos y unos pocos medios alternativos (o no adscritos a las grandes corporaciones de la información) como La Mar de Onuba. Esta presión ya ha logrado avances importantes, como la reciente aprobación, este mismo año, de la legislación europea sobre debida diligencia en la cadena de suministro. La implementación y obligatorio cumplimiento de esta nueva normativa será un paso decisivo para mejorar la situación de las trabajadoras. Pero sus promotores no deben olvidar que estas legislaciones son consecuencia directa de violaciones y fraudes a las leyes y reglamentos que, como la Orden Gecco, ya existían.
Es urgente repensar el modelo de contratación en origen. No sólo en términos laborales, sino también desde una perspectiva de derechos humanos. La explotación de trabajadoras migrantes bajo la cobertura de leyes que no las protegen de manera adecuada no puede seguir siendo la norma. Máxime cuando se apuesta por la migración circular como una “solución a gusto de todos”. Se requiere una intervención decidida de las instituciones para garantizar derechos básicos como el acceso a la salud, la protección frente al abuso y una justicia que escuche a las víctimas.
Es momento de actuar, no sólo para evitar que miles de trabajadores y trabajadoras Gecco sigan siendo víctimas de esta suerte de «trata institucional» encubierta, sino para construir un modelo laboral que respete su dignidad y derechos mientras nos ayudan a sacar adelante con éxito nuestro modelo productivo.
En el marco de la contratación en origen regulada por la Orden Gecco, surge una necesidad urgente de clarificar algunos de sus términos. Aunque la normativa está diseñada para proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras temporeras, su redacción ambigua ha permitido que se produzcan interpretaciones abusivas por parte de los empresarios con el consentimiento implícito de las administraciones responsables. Esto tiene graves consecuencias tanto para estas personas temporeras como para la caja pública (Hacienda y Seguridad Social).
En este sentido, uno de los aspectos más críticos es el cumplimiento de la "actividad continuada" y las obligaciones salariales que de ella se derivan. Según datos proporcionados recientemente por la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, durante la última campaña agrícola se alcanzó un 77,81 % de actividad continuada mínima, con un promedio de 112,37 días trabajados. Sin embargo, al confrontar estos datos con las respuestas obtenidas a través del Portal de Transparencia, queda claro que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no cuentan con herramientas para diferenciar si los contratos temporales registrados corresponden a trabajadoras contratadas en origen bajo la Orden Gecco o a otros tipos de contratos temporeros. Según estas respuestas, el sistema de afiliación y recaudación de la Seguridad Social no identifica si los contratos corresponden a personas extranjeras contratadas "en origen", lo que indica que los datos que maneja el Gobierno sobre esta contratación masiva no se basan en un seguimiento preciso y específico de las trabajadoras Gecco.
Esta carencia en el sistema de registro de contratos sugiere que los datos presentados por la Subdelegada Rico podrían estar basados en información proporcionada por las propias empresas y organizaciones patronales, lo que, lamentablemente, y a estas alturas, genera dudas razonables sobre su fiabilidad y veracidad. Si la Administración no puede verificar con precisión qué contratos pertenecen a la modalidad Gecco, se debilita su capacidad para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Orden, incluidas la "actividad continuada" y los salarios pactados.
La normativa establece que la actividad continuada no debe ser inferior al 85 % del tiempo habitual de trabajo en el sector agrario. Una lectura no interesada nos debe llevar a concluir que este 85 % debería funcionar como una medida de protección en situaciones excepcionales, como problemas de fuerza mayor que impidan completar las campañas. Sin embargo, muchos empresarios vienen utilizando esta disposición como una "cobertura legal" para modificar unilateralmente las condiciones promocionadas y pactadas "en origen", incluso sin que se presenten estas circunstancias extraordinarias. Este abuso viene permitiendo justificar reducciones salariales y laborales, generando un incumplimiento de la normativa que afecta directamente a las trabajadoras y al objetivo de una migración circular que satisfaga a todas las partes implicadas: empresas, personas trabajadoras y Estado.
El uso flexible de este margen también ha facilitado prácticas aberrantes como los "arrestos psicológicos", un término utilizado por un popular empresario conocido como 'El Curi' para describir al periodista Jordi Évole cómo se penaliza arbitrariamente y fuera de la ley a las trabajadoras dejándolas sin trabajo durante varios días para aumentar así su productividad, sin que la ITSS o las autoridades competentes, sabiéndolo, hagan nada por impedirlo. Estas prácticas no sólo violan y perjudican los derechos laborales de las trabajadoras, sino que también afectan a la recaudación fiscal. Cada reducción salarial implica menos cotizaciones a la Seguridad Social y menos retenciones de IRPF, generando un menoscabo directo a la caja pública.
A pesar de los esfuerzos recientes por introducir en la Orden Gecco medidas correctoras como la reflejar el salario total neto estimado en los contratos suscritos en origen, esta nunca nunca se ha cumplido. Y aunque el Gobierno parece no haber reparado en este incumplimiento generalizado de partida, esto nos lleva necesariamente a una conclusión inevitable: el 100 % de la "contratación en origen" está en fraude de ley.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debe actuar con mayor diligencia para garantizar que la normativa se aplique correctamente, evitando que interpretaciones abusivas sigan afectando tanto a las trabajadoras como a las finanzas del Estado. Antes de que empiecen a llegar, dentro de unas semanas ya, las miles de trabajadoras Gecco para una nueva campaña de los frutos rojos de Huelva, y de que el modelo de contratación en origen se extienda a otros sectores en su débil situación actual.
Perico Echevarría es editor y director de lamardeonuba.es
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