Sábado, 20 de noviembre de 2021. La refinanciación de la deuda de la empresa pública de gestión de aguas y residuos (que a finales de 2019 superaba los 150 millones de euros, según cálculos realizados con datos de los informes de la auditora Price Waterhouse a los que ha tenido acceso La Mar de Onuba) conlleva una nueva «reestructuración económica y financiera de las concesiones demaniales», una estrategia diseñada por el gerente de Giahsa, Juan Ignacio Tomico, y su director administrativo, Manuel Domínguez Limón, para que los ayuntamientos de la MAS puedan volver a adelantar -por segunda vez en apenas 11 años- el cobro del canon por las concesiones demaniales hasta 2037.
Así, los municipios que ya han capitalizado (y gastado) los cánones correspondientes al tramo 2010-2025, podrán ingresar -si así lo solicitan- las cuotas del periodo 2026-2037 a partir del año que viene. Disponer de esos fondos llevará aparejado, como en la vez anterior, una penalización, equivalente al 43 % del valor total de la concesión demanial. En aquella ocasión, un ayuntamiento como el de Isla Cristina, al que correspondían en torno a 16 millones y medio de 2026 a 2037 (más de un millón de euros anuales), vio reducido su ingreso en caja a 9 millones y medio, con una pérdida de más de 7 millones de euros. Casi medio millón por cada año de canon adelantado.
La operación, además, supondría una «inversión masiva» en la mejora de las redes de suministro, que serían sufragadas por los municipios con un tercio del adelanto del canon y gestionadas por Giahsa. Por último, el plan contempla una rebaja del 5 % en los recibos que pagan los usuarios, que en la actualidad, según denuncia reiteradamente PAGMAS, son de los más elevadas de España.
La operación también implica -“necesariamente”- la refinanciación de los préstamos pedidos para la primera capitalización de las concesiones (2010-2025, cuya amortización total estaba inicialmente prevista para 2025) hasta el año 2037.
Para hacer frente a aquella operación, Giahsa-MAS se vio obligada a suscribir en 2013 un crédito de 85 millones de euros con las empresas TCA Investment SARL, TCA Opportunity Investments SARL y Talos Capital Limited, sociedades de inversión especulativa (de las calificadas como fondos buitre). La operación, cerrada a un interés anual del 11,85 %, se realizó expresamente para pagar a los ayuntamientos la «capitalización» del canon demanial. Gracias a este crédito, 63 de los ayuntamientos mancomunados en la MAS recibieron en 2014 alrededor de 89 millones de euros. Una operación que permitió a las corporaciones, elegidas en urnas para mandatos de cuatro años, disponer de una gran liquidez con cargo al canon de los 15 venideros. Las cantidades recibidas por los ayuntamientos oscilaron entre los 303.292,00 € de Cumbres de Enmedio, a los 9.683.242 € que metió en caja el de Isla Cristina.
Las contrapartidas estuvieron en los altos costes de los gastos financieros e intereses acordados con los fondos buitres (11,85 %, en un año en que el tipo fijado por el Banco de España estaba en el 4 %), que supusieron más de 31 millones de euros en los tres primeros años, para una amortización de apenas 3.750.000 € del total de 85 solicitados. Es decir, tras desembolsar casi 35 millones, se seguían debiendo a los fondos más de 80.
En 2016, Giahsa logró refinanciar esa deuda a un interés mucho más bajo y obtener una nueva inyección de liquidez. El préstamo en esa ocasión sumó 115 millones de euros, aportados por un consorcio de bancarias lideradas por el Banco de Santander, con el que se logró romper el oneroso vínculo con los fondos buitres, a los que hubo que pagar una “penalización” de 15 millones de euros.
Al final, y en sólo tres años, TCA Investment SARL, TCA Opportunity Investments SARL y Talos Capital Limited recuperaron los 85 millones prestados inicialmente, y se embolsaron más de 50 millones de euros en concepto de intereses y gastos financieros. Una bicoca a costa del bolsillo de los usuarios de la empresa pública. Y libre de impuestos, ya que la fondos se aseguraron de incluir una cláusula (VER) que obligaba a la empresa pública del agua onubense a correr también con las cargas fiscales de todas las operaciones.
Esto último, porque tanto los fondos buitres, primero, como las entidades bancarias españolas, después, impusieron como “garantía” una serie de cláusulas que condicionaban la política de gastos e ingresos de la empresa pública hasta el año 2020, y comprometían (hasta la amortización de los créditos) subidas anuales obligatorias en el recibo mensual de los usuarios. La MAS estableció subidas del 7,5 % en 2013 (año en el que se recibieron los 85 millones), entre el 6 % y el 7,5 % para 2014, 2,9 % para 2015; 5 % en 2016; 3,5 % en 2017 y 2018; y 2 % (o el IPC si este resultara superior a ese porcentaje) para 2019 y 2020. El recibo mensual que pagan hoy los usuarios de Giahsa es el más caro de todas las empresas que gestionan el agua en Andalucía, tanto pública como privada. Para el año que viene, la dirección de Giahsa plantea una reducción de tarifas del 5 %; la subida acumulada desde 2013 supera el 30 %.
Por otra parte, la capitalización por adelantado del canon demanial hasta el año 2025 supuso una pérdida de ingresos para los ayuntamientos de la MAS superior a los 64 millones de euros. Para poder hacer frente a la deuda originada, el canon percibido se vio reducido en casi un 40 %. De haberlo cobrado de forma anual, los ayuntamientos habrían ingresado algo más de 156 millones de euros. El cobro por adelantado redujo esa cantidad hasta algo menos de 92 millones. El resto de dinero se convirtió en ingresos para las entidades financieras… y en elevadas facturas para los usuarios de Giahsa.
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