El personal sanitario acreditó que Said Ouella, un joven inmigrante sin papeles de 31 años, había fallecido antes de llegar al centro de salud.
El empresario, Francisco Moreno, fue concejal del PP entre 2011 y 2015, y en las últimas elecciones generales actuó como apoderado de la extrema derecha.
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Según adelanta este lunes Europa Press, la jueza ha decretado el sobreseimiento provisional «al no existir indicios sólidos y suficientes de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores» por parte de Moreno, un agricultor de Hinojares (Jaén), al que la Guardia Civil había imputado inicialmente un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Los hechos tuvieron lugar el 14 de diciembre del pasado año, cuando Moreno, propietario de una explotación olivarera en Pozo Alcón (Jaén) abandonó en el centro de salud del municipio el cuerpo sin vida de un Ouella, trabajador sin papeles de origen marroquí, fallecido tras sufrir un infarto en su finca mientras recolectaba aceitunas. El trabajador se desplomó inconsciente mientras colocaba un mantón, y el empresario decidió trasladar en su vehículo al jornalero inconsciente y a otro trabajador en situación irregular (al que también había contratado ese mismo día) hasta el centro de salud de la localidad, donde solicitó una camilla para tumbar y abandonó el lugar. Según consta en los atestados, el personal sanitario constató que el trabajador había llegado ya cadáver al centro, por lo que pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.
Tras reconstruir lo sucedido gracias al testimonio del otro trabajador, los agentes de la Benemérita concluyeron que el empresario había ofrecido trabajo a ambos recogiendo aceitunas en su finca, a pesar de carecer de permiso de trabajo para ello. En el tajo, uno de ellos se desplomó. Lejos de notificar lo sucedido a las autoridades y/o solicitar asistencia médica en el lugar, el agricultor optó por tratar de ocultar la vinculación laboral con el afectado y sacarlo de su finca, sin que haya quedado aclarado si en ese momento el fallecido seguía con vida. Sí parece claro, según los atestados de la Guardia Civil, que el trabajador ya estaba muerto cuando fue abandonado en el centro de salud.
Ni la jueza de Instrucción de Cazorla, ni el Ministerio Fiscal consideran acreditada la comisión de delito alguno por parte del empresario. A lo sumo, la magistrada aprecia «meras infracciones administrativas», y ello atendido a que tanto la Inspección de Trabajo como la Seguridad Social han señalado incumplimientos por parte del investigado en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, al haber contratado al fallecido sin la correspondiente autorización de trabajo.
A mayor abundamiento, la jueza que ha sobreseído el caso apunta en su polémico Auto «el llamado Derecho Penal Laboral sanciona fundamentalmente situaciones de explotación», que no aprecia en la contratación ilegal del fallecido, y reduce lo sucedido a meras infracciones merecedora, en todo caso, de las sanciones administrativas que fueren impuestas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Un empresario políticamente comprometido contra la inmigración ilegal
Francisco Moreno, el empresario «infractor», fue concejal de gobierno por el PP en su pueblo entre 2011 y 2015, y en las últimas elecciones generales de 10 de noviembre actuó como apoderado de Vox, el partido de extrema derecha que reclama la expulsión de España de todos los inmigrantes irregulares.
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