La privatización de la asistencia sanitaria en Andalucía: el gobierno del PP ha vuelto a aumentar el gasto en 2023

Moreno Bonilla, presidente del gobierno andaluz, y Catalina García, consejera de Salud
por Luis Escribano

 

Miércoles, 5 de junio de 2024. Un trabajo de investigación de la asociación Justicia por la Sanidad acredita, con datos de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que el gasto en asistencia sanitaria con empresas privadas ha aumentado en 2023 con relación al año 2022.

No por mucho repetir una mentira se convierte en verdad, como así parece creerlo la consejera de Salud, Catalina García, o el portavoz del gobierno, Ramón Fernández Pacheco, cuyas reiteradas mentiras hubieran motivado sus ceses del gobierno andaluz… si en España hubiera democracia. Al tener instituido un sistema partidocrático, siguen en sus puestos, porque mentir a la ciudadanía no tiene consecuencias en este sistema.

Dijo la consejera de Salud el pasado 19 de octubre que “los conciertos con la privada son necesarios con un 20% más de pacientes y menos médicos”. Sin embargo, la población sólo ha crecido en Andalucía desde 2018 a 2023 un 2’4%. Por otro lado, defiende Catalina García que ha aumentado considerablemente la plantilla de profesionales sanitarios respecto al año 2018, cuando gobernaba el PSOE. ¿En qué quedamos? ¿Hay más médicos o menos? ¿Cuándo miente y cuándo dice la verdad?

Por otro lado, si faltan médicos y otros profesionales sanitarios, ¿por qué no ha propuesto que todos los profesionales de la Sanidad pública andaluza tengan dedicación exclusiva (con el complemento económico oportuno) y la incompatibilidad para trabajar en la Sanidad privada? Mucho está tardando en tomar la decisión.

En la Administración General de la Junta de Andalucía, muchos funcionarios tienen dedicación exclusiva y la incompatibilidad para trabajar en el sector privado (conflicto de intereses). La asistencia sanitaria es un servicio público esencial que prevalece sobre el interés particular del empleado público, al estar en juego la vida de las personas. ¿Acaso los estatutarios de la Sanidad pública son una casta especial y no existe el conflicto de intereses? ¿Acaso el gobierno andaluz está fomentando la Sanidad privada permitiendo la permeabilidad del personal de la Sanidad pública? Catalina García, en vez de responsabilizarse y tomar decisiones para conseguir la estabilidad de la plantilla de profesionales, se dedica a señalar a terceros para ocultar su pésima gestión.

Debe tenerse en cuenta que pocos profesionales sanitarios optarían por trabajar exclusivamente en la Sanidad privada si tuvieran que elegir entre este ámbito y el de la Sanidad pública, porque la Sanidad privada no puede acoger a todos los profesionales sanitarios (suele contratar sólo a los punteros), y porque las aseguradoras sanitarias pagan muy poco a los profesionales, y entre depender sólo de estos escasos ingresos o de tener garantizada la nómina todos los meses en la Administración pública, sin duda optarían por el sueldo fijo de esta última.

Además, en este caso serían muchos los profesionales sanitarios que pedirían continuidades asistenciales y guardias para mejorar su sueldo público y se autorizarían por el SAS sin tantos problemas como ocurre ahora (muchos centros de primaria y otros centros están vacíos o no se abren por las tardes), quizás porque el gobierno andaluz persigue colapsar la Sanidad pública para que los ciudadanos se vean abocados a pagar pólizas de compañías privadas, lo cual no está al alcance de muchos, obviamente.

El pasado 9 de abril, según informa el medio COPE, la consejera de Salud había señalado, a preguntas de los periodistas, que las críticas sobre una supuesta intención del Gobierno andaluz de privatizar la sanidad «caen por su propio peso». Sin embargo, los datos del gasto apuntan en otra dirección.

Si el gobierno andaluz y, en particular, la consejera de Salud, defienden que nunca se ha invertido tanto en la Sanidad pública andaluza en personal, inversiones en centros sanitarios y en equipamiento, etcétera, ¿por qué sigue aumentando el gasto en asistencia sanitaria con empresas privadas? ¿No debería disminuir considerablemente en este caso?

Por otro lado, Catalina García y Valle García (gerente del SAS) deberían explicar por qué cada vez aparecen más médicos y otros profesionales de los centros directivos y sanitarios en los Servicios Centrales -SSCC- del SAS (incluye directivos), colocados “a dedo” y sin ocupar ningún puesto de las Relaciones de Puestos de Trabajo -RPT- de los SSCC del SAS, para tareas de gestión administrativa que pueden realizar los funcionarios de la Administración General, quitándolos de los centros sanitarios, distritos y áreas de gestión sanitaria, aunque cobran por estos puestos como si los desempeñasen. Este hecho fue denunciado por la asociación Justicia por la Sanidad a la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF), la cual tiene paralizada la denuncia desde noviembre de 2023. ¿Por qué será? Ricardo Puyol, su Director, debería también explicarlo, porque en democracia no duraría un día más en su puesto. Y si la Mesa del Parlamento no dota a la OAAF del personal y recursos económicos necesarios, que es la competente para hacerlo, Ricardo Puyol debería dimitir por dignidad, si es que le queda alguna.

Es decir, la consejera de Salud se queja de la falta de médicos mientras el SAS, con conocimiento de la consejera, los quita de los centros sanitarios y directivos ilegalmente (colocados “a dedo”) para llevarlos a los Servicios Centrales del SAS sin necesidad alguna, con la falta que hacen en los centros sanitarios según dice la propia consejera.

Con relación a la privatización de la Sanidad pública andaluza, dice el portavoz del gobierno andaluz que es un bulo, como lo acredita esta imagen:

Publicación del portavoz del gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, en la red social X

En el presente artículo, de nuevo se acreditan las mentiras de la consejera de Salud y el portavoz del gobierno sobre el gasto de la consejería de Salud y el SAS en asistencia sanitaria con medios ajenos (empresas privadas). En este gasto no se tiene en cuenta el resto de servicios que también se externalizan con empresas privadas, aun contando con personal propio para ello en muchos casos: redacción de proyectos de obras, direcciones de obras, mantenimiento y conservación de edificios, gestión energética, gestión de calidad, mantenimiento de instalaciones de informática, codificación de informes de alta, reprografía y gestión documental, digitalización de expedientes, distribución de paquetes desde almacén a centros sanitarios, jardinería de hospitales, transporte intrahospitalario de personal, servicios de lencería, lavandería y transporte de ropa, vigilancia y seguridad, limpieza, lavado de endoscopias, gestión interna de residuos, manutención de personal y otros servicios de cocina y hostelería, etcétera.

Tras una extensa demora en la publicación del resumen mensual del mes de diciembre de la liquidación del presupuesto de 2023 de la Junta de Andalucía, elaborado por la Intervención General, demora que nunca había pasado, se ha podido constatar con los datos publicados que dicho gasto ha vuelto a aumentar con relación al año 2022. Dicha demora en la publicación de los citados datos se ha acreditado en el anterior artículo: “Carmen Crespo, tras una deficiente gestión del presupuesto de 2023, va de número 2 en la lista del PP al Parlamento Europeo”.

A pesar del dato irrefutable, la consejera de Salud niega que haya aumentado dicho gasto, y para ello manipula los datos a su conveniencia. No hay que dejarse engañar, dado que los datos de la liquidación del presupuesto público son los que acreditan el aumento del gasto, no otros datos manipulados interesadamente.

Tal como se advertía en el artículo publicado en febrero de 2023, “Los datos no engañan: ¿qué hay de verdad sobre las privatizaciones de la asistencia sanitaria en Andalucía?”, los datos que se presentan en este artículo deben considerarse con las cautelas necesarias debido a estos dos motivos, principalmente:

1º) Son cifras provisionales, aunque muy aproximadas a las reales que elabora la propia Intervención General y que se aprueban posteriormente con la Cuenta General de 2023 de la Junta de Andalucía. De hecho, los datos aportados en el citado artículo de febrero de 2023 sobre las cifras provisionales de 2022 (661’22 millones) eran casi idénticos a los de la Cuenta General de 2022 aprobada posteriormente (657’93 millones).

2º) En estos resúmenes no aparecen los gastos extrapresupuestarios (cuenta 413), es decir, los gastos realizados en 2023 que la consejería de Salud y el SAS no imputaron al presupuesto de 2023 como obligaciones en el sistema contable, conocido coloquialmente como “facturas en el cajón”. Para que se hagan una idea de los gastos que el SAS no aplica al presupuesto, en 2019 fueron 895 millones de euros, en 2020 fueron 354’6 millones de euros, en 2021 fueron 736’12 millones y en 2022 alcanzó la escalofriante cifra de 1.280’25 millones de euros, según datos de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Es decir, que el gasto real podría ser mucho mayor que el que refleja la liquidación objeto de este artículo. Hasta con este dato juegan los partidos políticos para engañar a los ciudadanos.

Obviamente, todo este gasto extrapresupuestario de 2023 debe pagarse con el presupuesto del año 2024, por lo que los Presupuestos de 2024 que propagaron y vendieron la consejera de Salud y el gobierno andaluz cuando se aprobaron por el Parlamento nacen recortados. Por tanto, nunca debe hacerse caso a las cifras que los políticos de esta partidocracia propagan y venden de los presupuestos públicosaprobados por el Parlamento, porque el gobierno y la Administración los modifican durante el año y parte del nuevo presupuesto ya está comprometido con los gastos efectuados el año anterior que no fueron imputados al presupuesto correspondiente.

“Los gastos en asistencia sanitaria con empresas privadas desde 2010 hasta 2023”
Para la elaboración de los siguientes cuadros sobre asistencia sanitaria concertada o contratada, se ha tomado el dato de las obligaciones aprobadas de gasto por la consejería de Salud y el SAS e imputadas al presupuesto público de 2023, según los datos de la Intervención General de la Junta de Andalucía. No obstante, debe tenerse en cuenta que dicho gasto debe considerase un mínimo, dado que puede ser aún mayor en función del importe de la citada cuenta 413 (gastos no aplicados al presupuesto en 2023).

1) Gasto total en asistencia sanitaria con medios ajenos o privados.

Con relación a los años anteriores, el mayor incremento se produjo en el año 2022 respecto a 2021, con una subida del 45%, pasando de 454’5 millones de euros en 2021 a 661’22 millones de euros en 2022. En 2023, y con relación a 2022, el incremento ha sido de un 1%, alcanzando la cifra de 664’30 Millones de euros.

Evolución del gasto total en asistencia sanitaria prestada con empresas privadas desde el año 2010

Por tanto, si la consejera de Salud manifiesta que nunca se ha gastado tanto en la Sanidad pública andaluza en personal, inversiones, equipamiento, etcétera, ¿por qué sigue aumentando el gasto en asistencia sanitaria con empresas privadas? ¿No debería disminuir considerablemente?

En los apartados siguientes se desglosa este gasto total según distintos conceptos.

2) Gasto en conciertos con entidades privadas en régimen de hospitalización.

La evolución del gasto desde el año 2010 se muestra en la gráfica siguiente:

Se observa que, en los ejercicios de 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2022 y 2023, el gasto en conciertos con entidades privadas en régimen de hospitalización de la Consejería de Salud y el SAS superó el crédito definitivo disponible en los Presupuestos anuales, alcanzando en 2023 el récord, con 45’27 millones de euros de más de lo presupuestado como crédito definitivo.

“El consejo de Gobierno andaluz y la consejera de Hacienda omiten su obligación de exigir responsabilidades”

Por tanto , se realizaron gastos sin consignación presupuestaria, sin perjuicio de la existencia de otros gastos extrapresupuestarios (cuenta 413). Debe recordarse que realizar gastos sin consignación presupuestaria supone una omisión de trámites esenciales en el procedimiento de ejecución del gasto público y el incumplimiento de principios presupuestarios, y aunque no se considera delito, es una infracción administrativa que obliga a la exigencia de responsabilidades administrativas y, en su caso, disciplinarias:

a) La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, tipifica como falta muy grave en su artículo 28 c), el comprometer gastos, reconocer obligaciones u ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria.

b) El texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2010), considera una infracción en su artículo 109.c) “comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlo o con infracción de lo dispuesto en la presente Ley o en la del Presupuesto que sea aplicable”.

Moreno Bonilla y Carolina España, en la toma de posesión de los nuevos consejeros

En este último caso, el acuerdo de iniciación del expediente corresponde al Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno cuando el responsable tenga la condición de autoridad de la Junta de Andalucía (Gerente del SAS, Director General, etc.), y a la consejera de Hacienda, Carolina España, en los demás casos. A fecha de hoy, ni el gobierno andaluz ni la consejera de Hacienda han adoptado los oportunos acuerdos para iniciar los expedientes de exigencia de responsabilidades, evitando con ello conocer los posibles daños y perjuicios causados a los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía.

Como explica el Tribunal de Cuentas, la no exigencia de responsabilidad produce el efecto de redundar en el incumplimiento del procedimiento de ejecución del gasto público en la medida en que la ejecución de gastos sin crédito presupuestario no lleva aparejada ninguna consecuencia para quienes están a cargo de la gestión de los recursos públicos. Esta circunstancia desvirtúa la institución del presupuesto como herramienta limitadora del gasto y orientadora del plan económico-financiero de la Administración de la Junta de Andalucía como expresión del mandato del Parlamento andaluz (supuesto órgano de representación de los ciudadanos) al gobierno andaluz.

Este hecho, como tantos otros, revela que no existe separación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, es decir, que no hay democracia, y que en España los gobiernos pueden actuar a su antojo sin que las Cámaras Legislativas les exijan responsabilidades. Si los españoles quieren seguir sufriendo abusos de poder de los gobernantes, que sigan votando y legitimando el sistema partidocrático. Después continuarán las lamentaciones.

3) Gasto en transporte sanitario.

Se incluyen los gastos destinados a atender los servicios concertados de traslado de enfermos y accidentados, en los diversos medios de transporte sanitario: transporte sanitario en ambulancias asistidas (UVI Móviles), transporte sanitario urgente, transporte sanitario programado o no urgente, y otros transportes sanitarios (prestaciones de transportes sanitarios no contempladas en los anteriores). Este gasto, junto al de los conciertos con entidades privadas en régimen de hospitalización, es uno de los de mayor cuantía económica.

Evolución del gasto en transporte sanitario público prestado con empresas privadas desde 2010

Aunque el gasto en 2023 ha disminuido en un millón de euros con relación a 2022, sigue creciendo el gasto del transporte sanitario urgente, que ha pasado de 59’42 millones de euros en 2022 a 61’79 millones de euros en 2023.

4) Gasto en hemodiálisis.

Este gasto, se produce tanto en centros sanitarios como a domicilio, se desglosa según el tipo de servicio, en los siguientes subconceptos: hemodiálisis en centros hospitalarios, Club Diálisis, hemodiálisis en centros satélites y otras diálisis. Se denomina Club Diálisis a unidades de diálisis ambulatorias, denominadas así inicialmente por la “atmósfera anticlínica” que tenían los pacientes.

En la siguiente gráfica se muestra el gasto total concertado en diálisis:

Desde 2019 se ha producido un aumento progresivo del gasto, alcanzando en 2023 la cifra más alta de la serie, con 76’98 millones de euros. De dicho gasto, la mayor cuantía corresponde a club de diálisis, con 63’12 millones de euros.

5) Gasto en asistencia concertada con especialistas.

Incluye los gastos destinados a atender los servicios concertados por cualquier tipo de institución, así como los prestados por especialistas, para la realización de tratamientos médicos o quirúrgicos. Este gasto se clasifica en seis subconceptos: oxigenoterapia y otras terapias por vía respiratoria, terapias quirúrgicas, terapias oncológicas, rehabilitación, asistencia dental y asistencia podológica.

En 2023 se ha alcanzado un gasto de 53’96 millones de euros. Desde el año 2010, la evolución del gasto total se muestra en la siguiente gráfica:

El mayor gasto se produce cada año en oxigenoterapia y otras terapias por vía respiratoria, que en el año 2023 alcanzó la cifra de 35’52 millones de euros (un 3% más que en 2022), seguido de las terapias quirúrgicas con 9’23 millones de euros (un 20% más que el año 2022), la asistencia dental, con 6’33 millones de euros, y la terapia oncológica, con 2’21 millones de euros, que es el que más ha crecido con relación a 2022 (un 215 % de incremento).

6) Gasto en servicios de carácter diagnóstico.

Este gasto incluye el de los servicios concertados para completar el diagnóstico médico o quirúrgico, distinguiéndose los siguientes tipos de servicios: la tomografía axial computerizada (TAC), la resonancia nuclear magnética (RNM o RMN), y otros medios de diagnóstico.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del gasto total en estos servicios, desde el año 2010 hasta 2023:

La mayor cuantía de este gasto corresponde a las pruebas de RMN, que en 2023 alcanzó la cifra de 20’41 millones de euros, creciendo un 11’2% con relación a 2022 (en 2022, se incrementó la cifra en un 27’7% respecto al año 2021).

Algo no cuadra en este gasto, según las declaraciones de la consejera de Salud

En 2023, el gasto total asciende a 27’47 millones de euros, lo cual sorprende mucho, dado que es la cifra más alta desde 2013 y la consejera Catalina García no para de propagar y vender las inversiones realizadas desde 2019 en nuevos equipamientos públicos de los centros sanitarios: “entre 2019 y 2023, se han incorporado 12 PET-TAC, 10 de ellos en sitios que antes no existían, como Almería, Jaén o Huelva. En Diagnóstico por imagen, el SAS ha sumado 32 resonancias magnéticas, 17 en nuevas ubicaciones, y ha ganado 90 nuevos TAC, 17 de ellos en sitios que antes no existían”. Por tanto, si esto es cierto, ¿por qué no ha disminuido el gasto en pruebas diagnósticas con empresas privadas, sino que ha aumentado?

De hecho, “invertir en servicios de alta tecnología en centros hospitalarios de Andalucía” es un objetivo operativo en los presupuestos públicos del SAS, pero también estaba prevista como actuación en los presupuestos el “refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados”. Estos hechos muestran la incoherencia en el discurso de la consejera de Salud, del gobierno andaluz y de un Parlamento en manos mayoritarias de un partido (PP) que, como el PSOE anteriormente, engaña a la ciudadanía con manipulaciones y propaganda goebbeliana.

7) Gasto en otros servicios de asistencia sanitaria.

Este gasto integra los siguientes subconceptos:

a) Servicios de asistencia sanitaria por sentencia, que incluye los gastos originados por sentencias de reintegro a terceros por los servicios de asistencia sanitaria prestada en centros ajenos al sistema sanitario público.

b) Otros servicios de asistencia sanitaria, que incluye el gasto destinado a atender los servicios prestados por instituciones o centros con los que no existe contrato como consecuencia de derivaciones internas del sistema sanitario público.

A continuación, se muestra la gráfica con el gasto total de este concepto:

En 2023, se ha incrementado este gasto en un 46%, y muy especialmente el segundo subconcepto, que ha pasado de 4’14 millones de euros en 2022 a 6’24 millones en 2023 (un incremento del 50’8%).

Con todos estos datos, el gobierno andaluz vuelve a quedar en entredicho, contando medias verdades y muchas mentiras. Lo grave es que la mayoría de los ciudadanos no constatan los datos, y por puro fanatismo partidista, ignorancia, creencias o miedo a los partidos rivales, sigue votando, recordando al hámster que da vueltas en la noria dentro de la jaula, o a los encadenados que sólo miran en la pared de la caverna las sombras que otros proyectan (alegoría de Platón).

El día que la ciudadanía se quite las cadenas, salga al exterior de la caverna y descubra el engaño, se empeñará en instituir una democracia en España. Y, cuando esto ocurra, se les acabará el chollo a todos los partidos y a aquellos que viven de la partidocracia o Estado de partidos y de su corrupción sistémica. España será, entonces, una temida potencia mundial.

@13mescribano // Facebook de Luis Escribano

Sea el primero en desahogarse, comentando

Deje una respuesta

Tu dirección de correo no será publicada.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.