🗞️ El 35,45 % de las inspecciones realizadas este año detecta infracciones, frente al 71,52 % de mayo a diciembre de 2020.
🗞️ Desde el inicio de la campaña se han finalizado 6.397 inspecciones de 9.155 iniciadas, y se han abierto 2.862 actas de infracción.
🗞️ La cuantía de las multas supera los 17 millones de euros, de los que algo más de 7 corresponden a 1.178 infracciones en 1.647 explotaciones en 2020, y casi 10 millones a 1.684 sanciones en un total de 4.750 inspecciones finalizadas en 2021.
🗞️ Las inspecciones realizadas apenas alcanzan el 1 % de las explotaciones agrícolas existentes en nuestro país.
🗞️ La negativa del Gobierno a facilitar información territorializada de las inspecciones realizadas extiende la sospecha de fraude generalizado a todo el campo español.
Domingo, 23 de mayo de 2021. Los datos facilitados el Ministerio de Trabajo a La Mar de Onuba hablan por sí solos. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha abierto actas de infracción a más de cuatro de cada diez explotaciones agrícolas inspeccionadas desde mayo del pasado año. En estos doce meses, la ITSS ha iniciado 9.155 inspecciones, de las que se han finalizado 6.397 y 2.758 permanecen abiertas. Se ha detectado 2.862 infracciones que suman más de 17 millones de euros en multas por vulneración de derechos laborales.
A pesar de su gravedad, los datos indican una mejora notable respecto de los obtenidos durante los siete primeros meses de la campaña extraordinaria de inspecciones ordenada -no sin polémica- por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la detección de infracciones se ha reducido prácticamente a la mitad.
Así, según los datos aportados por el Ministerio a esta redacción, entre mayo y diciembre de 2020 se detectaron infracciones en 1.178 de un total de 1.647 inspecciones realizadas y finalizadas. El 71,5 % del total. Las sanciones ese ese periodo sumaron 7.274.540,03 euros. En lo que va de 2021, se han finalizado 4.750 de 6.397 inspecciones iniciadas, y se han levantado 1.684 actas de infracción (35,45 %) con sanciones que suman 9.864.123,90 €.
Es decir, durante los primeros siete meses de la campaña eran sancionadas siete de cada diez explotaciones inspeccionadas, mientras que en los cinco últimos el porcentaje se ha reducido a la mitad y ahora son sancionadas 3,5 de cada diez. Al menos una de cada tres visitas de la ITSS termina en multa por fraude laboral.
El Ministerio no ha facilitado datos por autonomías o provincias, por lo que no se puede concretar si la detección de infracciones está más focalizada en unas zonas u otras de España. Dicho de otra forma, la negativa del Gobierno a facilitar datos territorializados extiende la sospecha de que la vulneración de derechos laborales es una práctica generalizada en toda la industria agrícola española, y no se concentra en sectores concretos.
En cualquier caso, las inspecciones realizadas apenas alcanzan el 1 % de las explotaciones agrícolas existentes en nuestro país. Según el último censo agrario realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2016 había en España 945.024 explotaciones. Entre octubre de 2020 y abril de 2021 se ha llevado a cabo la recogida de datos para la actualización del censo, aunque esta aún ha sido publicada.
Siguiendo instrucciones de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ITSS planificó a partir de mayo del pasado año una campaña de inspecciones extraordinarias que supuso un importante incremento respecto a los años precedentes, con cambios tanto en la metodología como en los equipos inspectores.
En concreto, estos debía detectar “situaciones de economía irregular, tanto de personas trabajadoras nacionales como inmigrantes», y «garantía del respeto a sus condiciones de vida, laborales y de seguridad y salud, incluida el control de las condiciones de los alojamientos puestos a disposición por el empresario”. Todo ello, “dirigido a la consecución de un trabajo decente”. Para llevar a cabo el “trabajo de prospección”, la ITSS creó Grupos Operativos Mixtos, integrados por un inspector, un subinspector y mandos y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La decisión provocó una airada reacción en tromba de las principales patronales agrarias del país (Asaja, COAG, UPA...), que apoyadas por el Partido Popular y Ciudadanos, criticaron duramente la decisión de la Ministra de investigar y buscar posibles casos de explotación laboral en el sector. Algún líder patronal -aunque luego pidió perdón- llegó a amenazar con “sacar los tractores a la carretera” si Díaz no retiraba la orden de inspeccionar las explotaciones agrarias españolas.
En Huelva, el lobby patronal Interfresa, aseguró es un duro comunicado que la instrucción dada por el Ministerio de Trabajo a la ITSS "estigmatiza y extrapola una imagen errónea del sector y se le pide explicaciones a la ministra sobre el contenido de dicha instrucción en donde -según los propios medios- se transmiten directrices a los inspectores de Trabajo para que persigan las supuestas condiciones de “esclavitud laboral o prácticas similares” o «malos tratos» en las campañas agrícolas de mayo y junio».
El protocolo de actuación y diseñado por el gabinete de la ministra incluyó un cuestionario para detectar «supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales». Algunas de las preguntas eran las siguientes: ¿Ha firmado contrato de trabajo? ¿En qué idioma? ¿Qué jornada de trabajo realiza? ¿A qué hora comienza a trabajar? ¿Cuándo finaliza? ¿Ficha o registra a su jornada de alguna forma? ¿Se prolonga la jornada habitualmente, haciendo horas extraordinarias? ¿Trabaja de noche o en festivos? ¿Cuál es la cuantía de su salario diario? ¿Se paga por jornal o a destajo? ¿Se le exige recoger un número determinado de cajas? En caso de realizar horas extraordinarias ¿estas se abonan? ¿En qué cuantía? ¿Se detraen cantidades en concepto alojamiento, manutención u otros? ¿Disponen de una persona de contacto en la empresa que les permita comunicarse de manera fluida con manijeros encargados y otros responsables? ¿Existe representación de los trabajadores en la empresa? ¿Comité o delegados de personal? ¿Incluso un enlace designado de forma informal? ¿Cuál es la forma en la que se desplaza al trabajo? ¿Utiliza vehículo propio o colectivo? ¿La empresa le abona el gasto por dicho desplazamiento? En caso de ser transportado con medios de la empresa ¿esta cobra algo por prestar este servicio? En el caso de las empresas de servicios ETT ¿Quién es el empleador? ¿Quién paga los salarios? ¿Hay un intermediario que percibe parte de la remuneración de los trabajos por su labor de intermediación?
También se implementaron herramientas para detectar, en especial, «casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a esclavitud, a la servidumbre.
La campaña de la la ITSS también fue recibida como un “ataque” por la Junta de Andalucía, desde la que se reprochó a la ministra que proyectara «la sombra de duda» sobre uno de los motores básicos de la economía española. En ese sentido se manifestaron el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo”. También descalificaron la iniciativa la senadora onubense de Ciudadanos, María Ponce, y el diputado popular por Huelva y alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, quien llegó a aventar oscuras maniobras revolucionarias y de inspiración bolivariana tras las inspecciones de la ITSS.
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