Tensión en el sector de los frutos rojos tras filtrarse el plan de actuación de Inspección de Trabajo en los meses de mayo y junio

Phil ALston, Relator Especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, durante su vista a uno de los asentamientos chabolistas de trabajadores agrícolas de Huelva

Contratos, nóminas, horas trabajadas, salarios, peonadas cotizadas y calidad de los alojamientos, en el objetivo de la Inspección.

El informe del Relator de la ONU Philip Alston, detrás de la decisión del Gobierno.

Se crearán Grupos Operativos Mixtos entre la ITSS y las FCSE (Guardia Civil y Policía Nacional).

El colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, que ha denunciado a 11 grandes empresas del sector desde que comenzó el estado de alarma, aplaude la iniciativa del Ministerio de Trabajo.

Dos empresarios fueron detenidos en febrero y marzo por contratar a trabajadores migrantes «sin papeles».

por Perico Echevarría

 

 

Huelva, 15 de mayo de 2020. Las principales patronales agrarias del país (y el PP) han reaccionado esta semana de forma airada y en tromba tras hacerse pública una nota interna de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que establece una serie de pautas a seguir en la labor inspectora del organismo estatal. Para resumir, la ITSS ha elaborado un protocolo de actuación y un cuestionario tipo para detectar «supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales». El documento detalla una serie de herramientas para detectar, en especial, «casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a esclavitud, a la servidumbre». El trabajo de prospección se desarrollará de forma intensiva hasta finales de junio. Para llevarlo a cabo, la ITSS creará «Grupos Operativos Mixtos» que estarán integrados por un Inspector/a, un Subinspector/a y «los mandos y efectivos que se terminen por parte las FCSE (Guardia Civil y Policía Nacional).

La decisión no ha sentado nada bien en las patronales agrícolas. Organizaciones como Asaja, COAG o UPA han criticado duramente la intención del Ministerio de Trabajo y Economía Social de detectar posibles casos de explotación laboral en el sector. Que el documento interno de la ITSS utilice términos como esclavitud ha sido recibido como un ataque innecesario, y se lamenta «la sombra de duda» que el Gobierno proyecta sobre uno de los motores básicos de la economía española. En nombre de los agricultores habló el miércoles por la mañana la propia Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, quien también vio en la instrucción del Ministerio de Trabajo un ataque a los productores andaluces, de los que la consejera aseguró que son «ejemplo de responsabilidad».

No erra la consejera popular del gobierno andaluz de coalición al vincular la decisión del Gobierno con la agricultura andaluza. Especialmente en Huelva y Almería, donde desde hace dos décadas son recurrentes las informaciones que hablan de frecuentes casos explotación laboral. 

Fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo consultadas por esta revista admiten que en la instrucción dada a la ITSS ha influido el demoledor informe del Relator Especial para la  Pobreza y los Derechos Humanos Philip Alston, quien afirmó en febrero pasado que «en Huelva hay trabajadores en una industria que mueve 600 millones de dólares y viven como animales». El Gobierno acusó recibo del duro mensaje y aseguró no iba a «permanecer impasible» ante el informe de la ONU, que describió como «una vergüenza para nuestro país intolerable en la cuarta economía de la zona euro».

El viernes 14 de febrero, el vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantuvieron una reunión con los sindicatos agrarios de Andalucía y Extremadura en la que les comunicaron que se iban a estudiar «medidas más profundas que aborden el problema de fondo que afecta al campo». Iglesias y Díaz prometieron una «decisión inmediata para aliviar la situación de miles de trabajadores agrarios», y anunciaron modificaciones en la operativa de la Inspección de Trabajo. 

En la presentación de su informe en Madrid, Philip Alston había pedido expresamente al Gobierno una intervención de la ITSS. En la instrucciones dadas por el organismo a sus delegaciones provinciales ha pesado el durísimo informe del Relator de Naciones Unidas.

INDICIOS DE EXPLOTACIÓN

No es la única señal de alarma. Las denuncias de explotación, con mayor o menor fortuna para los denunciantes, forman parte del relato de los jornaleros onubenses (españoles o no) desde hace años, si bien pocas veces ha sido secundado por sentencias judiciales (como suelen recordar las patronales agrícolas), los grandes sindicatos que firman los convenios agrícolas a pesar de no haber celebrado elecciones sindicales en los tajos en más de 10 años, o los principales medios de comunicación.

El pasado año, Juzgado de Jaén, Segovia y Huelva desmantelaron en esta última provincia sendas tramas de Trata de Seres Humanos con fines de explotación laboral. Hubo varios detenidos, entre ellos, responsables de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). La operación Urofort movilizó a más de 300 agentes de la Guardia Civil, coordinados por la Sección de Trata de la UCO. Efectuaron registros y detenciones en cuatro grandes explotaciones de Almonte y La Palma del Condado. También se registraron naves abandonadas y asentamientos chabolistas, donde las víctimas eran alojadas sin las más mínimas condiciones higiénicas, rodeados de suciedad y ratas. Estaban divididos en grupos y eran custodiados por miembros de la organización criminal, que también se encargaban de desplazar y repartir a los trabajadores explotados por las diferentes fincas en las que iban prestando servicios como jornaleros. A veces, más de una en un mismo día. En total, la Guardia Civil cifró entonces en unas 600 personas las que habían sido víctimas de la red. Prestaban servicios «en condiciones similares a la esclavitud», según palabras textuales de la entonces Subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño. La operación supuso la mayor realizada en España contra tramas dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

También el pasado año, en el mes de junio, se produjeron dos operaciones más contra redes de trata desmanteladas por la Guardia Civil, que volvían a azotar al campo onubense. En la Operación Adelita8 personas fueron detenidas en Huelva, Madrid y Segovia por orden de un juzgado de esta última provincia. Pocos días después, el instituto armado informaba de una tercera operación llevada cabo en Valverde del Camino en colaboración con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales del Cuerpo Nacional de Policía (UCRIF) y la Inspección de Trabajo. Se identificaron a 22 personas con irregularidades en contratos de trabajo, así como identidades falsas. En esta tercera intervención, entre los detenidos se encontraba el responsable de la finca, dedicada también al cultivo de frutos rojos. Se confeccionaron 29 denuncias administrativas por irregularidades contempladas en leyes en materia de extranjería, y se relacionaron a siete personas más en calidad de investigados, figurando entre ellas la persona que supuestamente confeccionaba contratos de trabajo fraudulentos.

Hoy mismo, en Valladolid, la Policía Nacional ha desmantelado otra red de trata de seres humanos con fines de explotación laboral en el marco de la denominada Operación Botella. Los miembros de la organización, de nacionalidad rumana, captaban a sus compatriotas entre los estratos socioeconómicos más bajos del país con la promesa de un trabajo digno en España. Los trabajadores vivían hacinados y en condiciones insalubres en varios pisos de Medina del Campo (Valladolid), donde eran obligados a dormir en el suelo y a compartir habitación con seis personas. Trabajaban en los campos de distintas localidades en largas jornadas sin descanso, sin derecho a días libres ni vacaciones y con un salario de 5,50 euros la hora que, en muchas ocasiones, no llegaban a cobrar. 

El cuestionario que la ministra Díaz ha ordenado seguir durante los meses de mayo y junio a los Inspectores Trabajo tiene un apartado llamado «Cuestiones Generales» cuyo objetivo es descartar situaciones análogas antes de analizar las relaciones laborales en cada una de las empresas.

11 GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR DE LOS FRUTOS ROJOS DENUNCIADAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

«Eso es lo que realmente preocupa a las patronales», asegura a esta redacción Ana Pinto. Al contrario que la patronal, la portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha (JHL), el colectivo surgido entre trabajadoras agrícolas onubenses que denuncia graves y generalizados incumplimientos del Convenio Colectivo del Campo en la provincia de Huelva, ha recibido con enorme satisfacción las instrucciones del Gobierno a la Inspección de Trabajo y las FCSE. Pinto no comprende el enfado las organizaciones agrarias. «Si no tienen nada que esconder, qué les preocupa», se pregunta.

Para JHL, la campaña ordenada por la ministra Yolanda Díaz es una oportunidad para que salgan a la luz «prácticas empresariales que han venido gozando de impunidad», si bien el colectivo advierte a los empresarios que «la estáis perdiendo porque las personas que llevamos años sufriendo abusos de los explotadores hemos decidido alzar la voz, y denunciar la situación de abuso y desprotección que sufrimos«.

Las trabajadoras del colectivo destacan los puntos del protocolo de actuación dictados a los Inspectores de Trabajo que no han sido mencionados en los ofendidos comunicado de las patronales, y señala las preguntas que la Inspección de Trabajo deberá responder tras entrevistar a los trabajadores. JHL sostiene que, si se hacen con la debidas garantías para estos y con el debido celo profesional, provocarán un auténtico terremoto en el sector agrícola onubense, al aflorar «secretos a voces» que hasta ahora «nadie ha querido escuchar».

Algunas de esas preguntas son las siguientes: ¿Ha firmado contrato de trabajo? ¿En qué idioma? ¿Qué jornada de trabajo realiza? ¿A qué hora comienza a trabajar? ¿Cuándo finaliza? ¿Ficha o registra a su jornada de alguna forma? ¿Se prolonga la jornada habitualmente, haciendo horas extraordinarias? ¿Trabaja de noche o en festivos? ¿Cuál es la cuantía de su salario diario? ¿Se paga por jornal o a destajo? ¿Se le exige recoger un número determinado de cajas? En caso de realizar horas extraordinarias ¿estas se abonan? ¿En qué cuantía? ¿Se detraen cantidades en concepto alojamiento, manutención u otros (especificar qué concepto y a quién y cómo se detraen). ¿Disponen de una persona de contacto en la empresa que les permita comunicarse de manera fluida con manijeros encargados y otros responsables? ¿Existe representación de los trabajadores en la empresa? ¿Comité o delegados de personal? ¿Incluso un enlace designado de forma informal? ¿Cuál es la forma en la que se desplaza al trabajo? ¿Utiliza vehículo propio o colectivo? ¿La empresa le abona el gasto por dicho desplazamiento? En caso de ser transportado con medios de la empresa ¿esta cobra algo por prestar este servicio? En el caso de las empresas de servicios ETT ¿Quién es el empleador? ¿Quién paga los salarios? ¿Hay un intermediario que percibe parte de la remuneración de los trabajos por su labor de intermediación?

En un post publicado este jueves en su página de la red social Facebook, Jornaleras de Huelva en Lucha asegura que «si la mayoría de empresarios y agricultores están tranquilos no deberían temer nada». Desde que comenzó el estado de alarma, el colectivo ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a 11 de las más importantes empresas del sector de los frutos rojos: Solberry SL, Bionest, Surexport, Moguer Cuna de Platero SCA, Emusafruit, Cooperativa SAT Condado de Huelva, Lucen Fruit SL. Hortifruit, MJ Fresh, Agromartín y Los Mimbrales. A todas ellas les reprocha no haber tomado medidas de prevención y protección contra la COVID-19, entre otras irregularidades.  
Además de las denuncias de JHL, dos empresarios de Palos de la Frontera y Moguer han sido detenidos este año tras ser denunciados por emplear a trabajadores extranjeros sin papeles, eludiendo las correspondientes cotizaciones al Estado, entre otros delitos flagrantes.

INDIGNACIÓN DE LA PATRONAL ANTE CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN DE LA COMPETENCIA EUROPEA

Sobre la intención del Gobierno de realizar una campaña especifica de inspecciones laborales en el sector agrícola, Eduardo López, secretario de organización de COAG Andalucía, ha afirmado este jueves que “nos parece inaudito e insólito que se hable de esclavitud en el campo andaluz y que el Ministerio de Trabajo y Economía Social inicie una campaña de inspección en las explotaciones agrícolas». Para López esta medida del Gobierno “no tiene ni pies ni cabeza”. El portavoz de COAG ha aseverado que “España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura donde la gente esté en plan esclavo. ¿Es que estamos locos?”.

«No podemos entender cómo desde el propio Gobierno se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador cuando los casos, si existen como tal, son muy aislados, existiendo además vías administrativas y jurídicas para erradicarlos, por lo que no se justifica un plan extraordinario”. Eduardo López ha trasladado el malestar generado en la organización y en el colectivo de profesionales del campo por esta iniciativa del Gobierno, ya que “estamos hartos de que, cuando llegan estas fechas y en otros países competidores empiezan a sacar sus producciones, nos hagan la guerra con este tipo de afirmaciones. La institución no puede entrar en ese juego, porque da pie a que haya medios de comunicación pagados por cadenas, industrias y otros ‘lobbys’ agrarios europeos, para que nos desplacen en los lineales con campañas inventadas”. No consta que COAG u otras organizaciones patronales hayan llevado a las instancias comunitarias o a los tribunales de Justicia la presunta guerra sucia de los competidores europeos.

La campaña de dos meses de inspecciones de la ITSS está llamada a arrojar luz sobre la realidad laboral en el sector agrícola. Servirá, al menos, para despejar dudas. Sean producto de maliciosas campañas, o no.

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