Lunes, 24 de febrero de 2020. Sostiene Jesús Díaz Formoso, presidente de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), que asiste probono a mujeres marroquíes que han denunciado incumplimientos de contrato y explotación laboral en varias explotaciones de frutos rojos de Huelva, que si de dos empresarios que fabrican y venden al mismo precio los mismos tornillos, uno abusa de sus trabajadores e incumple las normas legales, incurre en competencia desleal que le permite enriquecerse de forma ilícita más que el fabricante honesto, por lo que lo lógico es que el honesto denuncie las prácticas ilegales de su homólogo empresarial. Y que si no lo hace, no hay que indagar mucho para entender su silencio.
Por acción, omisión o ignorancia; por indolencia, cobardía o complicidad, la industria de los frutos rojos onubense está envenenada de explotación laboral, fraude a la caja común de todos los españoles y, lo que es peor, difusión de medias verdades o mentiras manifiestas que buscan amparo para prácticas abominables que no son desconocidas ni para los empresarios, ni para las diferentes administraciones públicas, ni para los propios trabajadores del campo. Ni para los medios de comunicación. Doy fe de ello.
Como desvelaba hace unos días esta revista, en 2019 el 99’9 % de la contratación en origen de trabajadoras marroquíes se realizó de forma irregular. Con menoscabo de los derechos sociolaborales y salariales de las marroquinas, y sin que el Gobierno de España sea capaz de saber cuánto dinero aportan estas mujeres a las cuentas de Hacienda o la Seguridad Social. Sólo el año pasado, las temporeras marroquíes debieron dejar en la caja pública un mínimo que oscila entre los 18 y 24 millones de euros, un dinero que el propio Gobierno, a través de su Subdelegación en Huelva, considera esencial para que puedan pagarse las pensiones en una provincia azotada por el paro y la escasa inversión, sobre todo privada. Pero, ay, el Gobierno carece de herramientas para saber si está ingresando lo que debería, algo que, a todas luces, no está sucediendo. Sobre los presuntos abusos laborales y otros cometidos al amparo de este fraude generalizado hay literatura periodística en medios nacionales e internacionales desde el año 2001. No es preciso abundar hoy en ellos.
Los asentamientos chabolistas que proliferan en pueblos de la costa y el Condado de Huelva están habitados por trabajadores de la industria agrícola. Con o sin papeles, las infraviviendas en las que malviven miles de trabajadores desaparecerían mañana mismo si la industria de los frutos rojos cerrara sus puertas. Pero el sector empresarial mira hacia otro lado y espera que la solución que les permita seguir contando con toda esa mano de obra, esencial para su industria, y ponga fin al drama de jornaleros con trabajo y sin hogar, salga de la Administración Pública y la paguemos los ciudadanos con nuestros impuestos. Es un problema social que nada tiene que ver con ellos, aseguran, ofendidos, cuando se señala su responsabilidad directa en el origen y crecimiento exponencial de los asentamientos, como hizo recientemente el Relator Alston de la ONU. Humanismo empresarial, qué duda cabe.
Ofendidos como los cientos de jornaleras y jornaleros onubenses que escuchan voces como las de José Luis García Palacios, el gran patrón de la provincia de Huelva, acusarles de que “no hay interés en trabajar” y hasta se permiten sugerir al Gobierno modificaciones en el subsidio agrario para que se penalice a aquellos que no acepten sus miserables condiciones laborales. Cabe recordar que el salario de peón agrícola ni siquiera alcanza el Salario Mínimo Interprofesional, y es bien sabido que los incumplimientos del Convenio Colectivo del Campo están a la orden del día. En esa supuesta falta de interés se justifica que miles de marroquinas, trabajadores comunitarios de países del este en los que el Euro es aún divisa extranjera y los subsaharianos sin hogar suplan la falta de mano de obra que los berries reclaman. Pero lo que lo que dice García Palacios es mentira. Incluso en esa miserabilidad, las jornaleras y jornaleros onubenses quieren trabajar. Acusar a miles de personas que apenas ingresan 430 euros mensuales netos de subsididio (ya que algo más de una cuarta del subsidio es reintegrada al Estado en pago del denominado “sello agrario”), roza, en mi opinión, la más desvergonzada indecencia. Sostiene García Palacios que la oferta de 10.000 puestos de trabajo ofertada en octubre del pasado año apenas obtuvo respuesta, pero oculta que esa oferta se promocionó a través de una aplicación informática en la que sólo hay inscritas 560 personas (¿cómo esperaba García Palacios «interés» de hasta 10.000 candidatos?). O que la publicada en el SEPE no contempla la contratación antes del mes de marzo. No son pocas ni pocos los trabajadores que se quejan de que cuando van a pedir empleo hay agricultores que les dicen que “no queremos españoles”.
La Inspección de Trabajo, al menos en el 100 % de los casos que he tenido ocasión de conocer en los casi dos años que llevo investigando la “realidad del campo onubense”, se ha demostrado como una herramienta ineficaz, cuando no al servicio de los intereses empresariales.
Lo mismo podemos decir de los jueces. Sentencias y sobreseimientos provisionales que ignoran hechos e incumplimientos palmariamente acreditados, o la persistente negativa a admitir medios de prueba tan elementales como la propia Oferta de Empleo para que los denunciantes puedan argumentar sus demandas, no sólo son incomprensibles, son desmotivadores y hacen perder toda fe en una Justicia real y reparadora ante los abusos.
La -cuanto menos- errónea participación de la Guardia Civil, cuyo Equipo de Atención al Trabajador Inmigrante (EDATI) se supone una garantía policial contra la explotación laboral y humana, hace dudar de a qué intereses responde esta unidad de la Benemérita. Todavía está pendiente de aclarar cómo un listado de 101 personas que habían expresado su intención de denunciar presuntos y graves abusos de diversa índole ante la Inspección de Trabajo y que sólo conocía el Instituto Armado, llegó a manos del empresario, que 24 horas de que las mujeres pudieran desplazarse a Huelva para formalizar sus denuncias, decidió dar por finalizada la campaña del año 2018, y obligó a esas mujeres a volver a Marruecos con ayuda de agentes del cuerpo. O por qué fue necesario que una macrorredada como la Operacion Urofort, que desmanteló una enorme red de Trata de Seres Humanos para su explotación en fincas agrícolas, se instruyera en un juzgado de Jaén y fuera dirigida por la UCO desde Madrid, sin que la EDATI onubense la hubiese detectado con anterioridad.
Si preguntas a las jornaleras y jornaleros, los sindicatos mayoritarios y “de clase” ni están ni se les espera. En estos casi dos años, no he podido conocer a un solo peón agrícola que haya votado una sola vez en unas elecciones sindicales. Cuando pregunté por la celebración, participación y resultado de esas elecciones al secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, me contestó que esa información estaba “protegida por la Ley de Protección de Datos” (sic). Curiosamente, el propio Donaire ofreció hace pocos días una rueda de prensa para dar cuenta de los resultados de UGT en diferentes elecciones sindicales celebradas el pasado año en Huelva. Las únicas elecciones de las que he tenido constancia fueron el pasado año en la empresa conocida como La Canastita, en la que se boicoteó la candidatura de los propios trabajadores (posteriormente despedidos) que las promovieron, con el apoyo explícito del secretario general sectorial de CCOO, Juan Díaz. [Actualización 25 de febrero de 2020: Estas elecciones han sido invalidadas por en laudo judicial que ha dado la razón alos trabajadores despedidos. Deberá repetirse por orden judicial].
Mientras, Estado y Junta de Andalucía financian con ingentes cantidades de dinero público supuestos “protocolos” como el Plan de Responsabilidad Ética y Sociolaboral (Prelsi) desarrollado por la propia patronal a través de su lobby Interfresa, y que en la práctica, y a la vista de algunas insólitas actuaciones de la Inspección de Trabajo, la Fiscalía o la Judicatura, deja en manos de los propios empresarios (voluntariamente) la vigilancia y seguimiento de sus relaciones laborales. Llama la atención, por ejemplo, que el Prelsi, que sólo atiende a trabajadoras marroquíes, haya diseñado una sorprendente forma de actuar antes casos graves y muy graves. A saber, cuando un consultor del Plan tiene conocimiento de un caso, debe notificarlo de forma “urgente” al lobby Interfresa, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la empresa en la que presuntamente se ha cometido la infracción. Y, sólo cuando esta haya acusado recibo de la notificación, se dará traslado a las autoridades de los hechos denunciados. Queden en la inteligencia las consecuencias para los denunciantes de un protocolo tan bien pensado. El sabio y picajoso refranero español diría que el Gobierno «ha puesto a la zorra a cuidar de las gallinas».
Si miramos a otras estructuras públicas y privadas, ya sea la Subdelegación del Gobierno, el Instituto de la Mujer o la Fiscalía de Violencia de Género (y hasta algunas ONG), llama la atención, por ejemplo, que nadie haya pedido investigar el contenido del vídeo en el que se escucha a Antonio Matos, propietario de la empresa Doñana 1998 (señalado por una de las conocidas como Temporeras contra la esclavitud como su presunto violador), asegurar que “el problema son las que quieren las casas de prostitución” y que sus cámaras de vídeo han grabado escenas de índole sexual que “van para las familias”. Aparte de la poco sutil amenaza, de lo que cuenta Matos en el vídeo cabe inferir que es conocedor del interés de proxenetas por captar posibles prostitutas dentro de su finca. El contenido del vídeo ha sido difundido en televisiones, radios y periódicos. Los diversos jueces implicados en las diversas instrucciones (salvo la honrosa excepción del Juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, cuya competencia para instruir un presunto delito de Trata de Seres Humanos está pendiente de resolverse por el Tribunal Supremo) han negado que pueda ser aportado como prueba en las diferentes causas abiertas, sobreseídas, dessobreseídas, vueltas a sobreseer o ya juzgadas sin que la voz de las presuntas víctimas haya llegado a ser escuchadas. No consta que la Fiscalía de Violencia de Género u otras hayan mostrado interés en investigar si hay redes de proxenetismo que entran y salen de los campos de fresas, como apuntan diversos estudios desde hace años.
Este mismo domingo, un grupo editorial andaluz lleva a sus páginas un extenso reportaje sobre “la realidad del campo onubense”. Existen tantas “realidades” como voluntad de verlas pueda haber. En el artículo de Joly, el empresario que lo protagoniza asegura que las denuncias por las condiciones de trabajo o explotación “no son reales y si las hay son casos contados que no responden a la realidad del 99% del sector, que es honrado y trabajador”. El 99.9 % de los contratos en origen eran fraudulentos el año pasado.
José Luis García Palacios aseguró hace una semanas, en un acto del Prelsi en el que sólo faltó el obispo (y no estoy de todo seguro de que así fuera) que todo, absolutamente todo de lo que se ha denunciado es falso. No es el único líder patronal que lo hace. Con dos. El sector agrícola sólo admite, si acaso, lo que denomina «casos aislados». Aislados o no, no son falsos. Tras los que yo he conocido e investigado, sólo puedo decir, una vez más, “hermana, yo si te creo”. Otros también, pero en silencio. Y, como reza el lema de una reciente campaña de ayuda humanitaria en la que ha colaborado La Mar de Onuba, el silencio nos hace cómplices.
Perico Echevarría
Editor y director de La Mar de Onuba
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