Alston pedirá a la multinacional Driscoll’s que se pronuncie respecto del chabolismo laboral en torno a la industria de los frutos rojos.
«Planeo preguntarles qué están haciendo para monitorear y mejorar las condiciones laborales», escribe el investigador de Naciones Unidas en su Informe Preliminar.
Huelva, 09 de febrero de 2020. El Relator de Naciones Unidas Philip Alston metió el dedo en «la llaga» en su comparecencia ante los medios de comunicación del pasado viernes, al situar inequívocamente el origen de los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva en la enorme y –reconocidamente- insatisfecha necesidad de mano de obra del sector de los frutos rojos onubenses. El exponencial crecimiento de la producción agrícola sin contar previamente con las infraestructuras necesarias y sociales para ese tan enorme desarrollo es responsable directo de la proliferación de los asentamientos. Algo que admiten a estas alturas todos los agentes implicados, menos el empresariado, que guarda en medido silencio en este asunto y espera que sean otros los que atajen el problema sin su concurso. A preguntas de esta revista tras el incendio que arrasó el pasado año el asentamiento de «la urba» en Lepe, el lobby interprofesional Interfresa, que ejerce de portavoz del sector, declinó valorar los daños causados o la situación de los chabolistas, «un problema social que compete a las Administraciones Públicas» (sic).
«Las condiciones que observé en Huelva son simplemente inhumanas»
En ese sentido, Alston no dudó el pasado viernes en invocar la responsabilidad social de las empresas, y recordó los planes éticos y certificados de calidad que las propias empresas productoras (y/o sus lobbies interprofesionales) esgrimen para dar el definitivo sello de calidad a los excelentes frutos rojos onubenses, cuya producción para la exportación alcanza los “600 millones de dólares”, según los datos ofrecidos por el Relator.
En concreto, Philip Alston asegura en su Informe Preliminar de 20 páginas, al que ha tenido acceso esta revista, que en las conclusiones definitivas que elevará a las Naciones Unidas planea “preguntarle [a Driscoll’s] qué están haciendo para monitorear y mejorar las condiciones laborales” de los miles de jornaleros que llegan a vivir en los asentamientos en los meses de apogeo de la producción agrícola. Según las descriptivas palabras del Relatores de la ONU, «viven como animales».
La multinacional Driscoll’s es una de las empresas de referencia del sector en Huelva desde el comienzo del boom de los berries. Tras fusionarse en 2011 con la empresa Alconeras de Moguer, la empresa norteamericana pasó a ser, en palabras de Alston, una de las más “prominentes” del sector también en la provincia onubense. La calidad y excelencia de los frutos de esta tierra están indeleblemente unidas a la fortaleza de la marca a nivel internacional. Driscoll’s es líder mundial en el cultivo y distribución de frutos rojos, con intereses en Estados Unidos, Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, norte y sur del continente africano y Europa, y es propietaria de las derechos de explotación de las variedades más apreciadas de fresas y otros berries.
El Relator recordó ayer que la multinacional con sede en Texas destaca entre sus señas de identidad ‘un conjunto de normas laborales que se aplican a todos los trabajadores en nuestra cadena de suministro, sin distinción’. “Dado que las condiciones que observé en Huelva son simplemente inhumanas, y dado el dominio de esta corporación multinacional en la industria local, planeo preguntarles qué están haciendo para monitorear y mejorar las condiciones laborales en esta área”, escribe el Relator en su informe preliminar.
Conocimiento del problema
La elección de Driscoll’s a la hora de poner nombre a las empresas conocedoras del grave problema de infravivienda que atenaza a los jornaleros del campo onubense no es casual. Durante su visita a España Alston ha estado acompañado por representantes de Cáritas Española, cuya filial en Huelva, así como otras organizaciones y colectivos ciudadanas habían trasladado previamente al Relator sus propios informes y percepciones de la realidad social que Naciones Unidas quiere conocer.
En 2018, Driscoll’s tomó conciencia del problema del chabolismo laboral generado en torno a la industria de los frutos rojos, a través de una proyecto puesto en marcha junto a Cáritas Huelva para “ofrecer a las personas que viven en los asentamientos un trabajo decente y una vivienda digna”. En virtud de esa colaboración, 23 personas originarias de Senegal, Nigeria, Costa de Marfil, Mali, Camerún y Guinea, con papeles en regla, fueron contratadas en Berries Los Mimbrales, una de las proveedoras de la multinacional, que esta destaca como «un modelo de condiciones laborales dignas y justas”.
Entonces, Driscoll’s argumentó su apoyo a la “acción piloto” de Cáritas en su decidida filosofía empresarial de “cuidar a nuestra gente, nuestras comunidades y el medio ambiente”. La compañía sostiene que “siempre ha exigido que sus agricultores cumplan con todas las leyes y regulaciones. En España, la normativa aplicable en cuanto a la contratación de trabajadores, es decir, el Convenio Colectivo del Sector de Trabajadores del Campo de la Provincia de Huelva, y las “medidas adicionales de Bienestar del Trabajador basados en el Código Ético Internacional”. Normas que describen el “compromiso de cumplir con las buenas condiciones de trabajo y los requisitos de implementación de cualquier empresa relacionada directa o indirectamente con Driscoll´s”. Bajo estas premisas, los 23 seleccionados pasaron a trabajar y vivir en alojamientos ofrecidos por Los Mimbrales.
No es trabajo lo que falta
La responsabilidad de los empresarios agrícolas respecto de las condiciones sociales de la mano de obra que se desplaza a Huelva expresamente para trabajar en sus campos, es una cuestión que no está “debidamente resuelta”, según fuente sindicales y colectivos de trabajadores consultados por LaMardeOnuba.es.
Aunque el artículo 13 del Convenio Colectivo establece que “cuando las empresas faciliten alojamiento a sus trabajadores” estos serán gratuitos, “principalmente en los casos en que se produce inmigración de trabajadores/as con motivo de la recogida de cosecha”, la propia redacción del texto no establece una obligatoriedad de “facilitar” alojamiento a sus jornaleros para los empresarios.
En sentido estricto, los empresarios agrícolas sólo se sienten concernidos por lo acordado entre los reinos de España y Marruecos para que miles de mujeres vengan cada a año a Huelva a recoger fresas, moras o arándanos. Para esas mujeres, sí que están obligados indubitadamente a ofrecer un alojamiento gratuito, aunque no son extraordinarios los casos en que se ha detraído dinero de sus salarios en conceptos de luz, gas o agua.
Para el resto de los trabajadores, los productores agrícolas sostiene que, en su criterio, el convenio no les obliga alojamiento. De hecho cuando han sido interpelados por los periodistas sobre las miserables condiciones de vida en los asentamientos chabolistas, las organizaciones patronales, que se expresan a través del lobby interprofesional Interfresa, declinan opinar, al no sentirse afectados y considerar los asentamientos un problema social competencia de las Administraciones Públicas”.
El pasado viernes, tras las palabras de Alston, volvieron a reiterar su silencio, al menos, «por el momento».
Según lo adelantado por Phlilip Alston el viernes en Madrid, la gran multinacional Driscoll’s debería rpmer ese silencio y responder al Relator de la ONU si comparte esa visión con los empresarios onubenses sobre el problema generado en torno a su crecimiento.
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