Ecologistas en Acción actúa judicialmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Viceconsejería de Medioambiente, así como contra el Secretario General Técnico y la Jefa del Departamento de Recursos y Régimen Sancionador por la negligente conducta administrativa de no resolver durante años recursos de alzada de infractores contra Resoluciones de la Delegación Territorial en Cádiz que imponían multas y obligaciones de restauración del Dominio Público Hidráulico (DPH).
Jueves, 16 de mayo de 2024. Ecologistas en Acción ha iniciado acción judicial ante el TSJA, Sección 3ª, tras haberse producido la prescripción de sanciones y órdenes que obligaban a la reposición a su estado original de diversos espacios y terrenos alterados por vertidos ilícitos de aguas residuales a cauces públicos (río Guadalquivir, río Guadalete…), tras la inactividad de los responsables de la Viceconsejería.
Durante 6 años los expedientes estuvieron paralizados en las dependencias de la Secretaría General Técnica y la Jefatura del Departamento de Recursos y Sanciones, sin que los funcionarios que ostentaban estos cargos resolvieran los recursos interpuestos por los infractores.
La grave responsabilidad en que han incurrido los órganos implicados en la resolución de estos expedientes, esperando 6 años en resolver cuando la Ley 39/2015 establece un plazo máximo de 3 meses, ha ocasionado, no solo la falta de recaudación de las multas impuestas, sino también un tremendo perjuicio al medio ambiente y los ecosistemas naturales. No solo no se restauraron los espacios contaminados, sino que estos dos funcionarios, con su actitud manifiestamente negligente, permitieron que los infractores pudieran continuar impunemente con los vertidos contaminantes.
Las sanciones administrativas y la reparación de daños medioambientales tienen como finalidad proteger de forma efectiva el derecho humano al medio ambiente y tener suficiente efecto disuasorio sobre los potenciales infractores para evitar la comisión de infracciones administrativas y daños ambientales. Si no se cumplen se genera un perjuicio a los intereses generales y se favorecen las actuaciones ilegales.
El principal objetivo de las sanciones administrativas, cuyo fundamento reside en el artículo 45.3 de la Constitución Española, es garantizar la aplicación de la normativa ambiental. Con ellas se persigue la protección de los intereses colectivos como los ambientales y combatir, de forma efectiva, las vulneraciones de la legislación ambiental. No hay espacio para la irresponsabilidad, la inactividad o la impunidad. Los funcionarios y autoridades tienen que asegurar el cumplimiento de las sanciones y de las medidas de reparación del daño ambiental sin margen para la discrecionalidad.
En el procedimiento que actualmente se sigue ante la Sala de lo Contencioso del TSJA, Ecologistas en Acción exige que se tramiten los correspondientes expedientes de responsabilidad disciplinaria contra D. A.S.M que ostentaba la Secretaría General Técnica y contra Dª M.M.M. que ostentaba la Jefatura del Departamento de Recursos y Sanciones.
La gravedad de estas actuaciones omisivas por determinados órganos administrativos es máxima cuando esta Federación tiene conocimiento que actualmente, 3 años después de la sentencia del TSJA, sección 3ª, de 10 de febrero de 2021 que obligó a la Viceconsejería a resolver los recursos de alzada como exigía Ecologistas en Acción, la situación general continúa de forma similar.
Se desconoce el alcance de esta perniciosa práctica administrativa que garantiza la impunidad de determinados infractores medioambientales pero podemos asegurar que continúa y está desproporcionadamente extendida.
Ecologistas en Acción, ante esta continua situación de inactividad por órganos de la administración, permitiendo graves afecciones al medio ambiente, iniciará nuevas acciones contra aquellas autoridades y cargos técnicos que, con sus graves omisiones, favorezcan la destrucción del medio ambiente y la impunidad de los infractores.
FUENTE: Ecologistas en Acción
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