Domingo, 31 de mayo de 2020. La decisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz de investigar de una dichosa vez en cuánto distancian entre sí las dos versiones que el campo onubense transmite a la sociedad, es necesaria y diríase que también urgente. Para todos. Para el sector agrícola -empresarios y trabajadores-, principalmente, para el Estado, y para el sosiego de los agentes sociales en todas sus formas de expresión ciudadana colectiva: política, sindical, cultural o asociativa. Porque bien mirado, en este espinoso asunto sólo dos caben opciones. A saber.
En la primera, la industria del fruto rojo onubense (y de otros cultivos en toda España) es “vanguardista” y “ejemplar” (Carmen Crespo & others, a izquierda y derecha, dixit), generadora de riqueza y empleo digno. En ese contexto, líderes sindicales, colectivos sociales de trabajadoras, migrantes y Derechos Humanos, así como medios de comunicación, participan en una conjura financiada por fuerzas oscuras -ora revolucionarias, ora de la competencia del berrie europeo- que sólo pretende menoscabar injustamente el buen nombre de un sector industrial que sólo aporta cosas buenas al entorno natural, la economía y la imagen de nuestra amada provincia. Una Huelva de nombre injustamente mancillado, que quien ataca a nuestro sector agrícola ataca a todos los onubenses. Dicen.
En la otra opción, empero, el campo onubense, andaluz y nacional (Almería, Murcia, Alicante, Lleida y hasta Valladolid aportan abundante crónica desde hace décadas al respecto), alberga un elevadísimo número de empresarios que conocen y aplican todas las fórmulas, legales o no, para escatimar hasta el último céntimo en salarios y niegan derechos laborales tan básicos como respetar la media hora del bocadillo, pagar las horas extraordinarias a su precio, días de descanso remunerados dentro de una semana laboral, o el disfrute de vacaciones pagadas. Impidiendo que el oficio de jornalero esté investido de esa dignidad que proclaman, despojado de las garantías laborales, salariales y sociales que describen los convenios colectivos firmados por sindicatos a los que rara vez se ha visto en el tajo, y cuyo incumplimiento no parece preocuparles. En este lado del imaginario, los jornaleros de la fresa, que se cuentan por decenas de miles, no han visto jamás una urna en los tajos, desconocen quiénes son sus enlaces sindicales y los pocos que han osado promover unas elecciones en el campo han sido, sin que a nadie haya parecido escandalizarle, despedidos. Un campo en el que agricultores, pequeños y grandes, se nutren de mano de obra necesitada y vulnerable para que la ni siquiera han creado, acorde a su crecimiento de las dos últimas décadas, espacios dignos donde vivir mientras resulta imprescindible en los hilos de frutos rojos. Que no dudan servirse durante muchos años seguidos de extranjeros “sin papeles”. Muchos de estos, sólo por los servicios prestados al sector primario español de la alimentación de forma ilegal durante lustros, ya deberían haber devengado cotizaciones para disfrutar del Derecho a percibir, no la nacionalidad, una pensión en caso de alcanzar la edad de jubilación o tener un fatal accidente.
Cuando la suerte está de su parte, sobre estos trabajadores, migrantes en situación irregular, el salario líquido a percibir es el mismo que el del resto de trabajadores. En el peor, muchos se ven obligados a trabajar extenuantes jornadas de recolecta en invernaderos que alcanzan los 50º de temperatura bajo un sol de -no- Justicia a cambio de jornales que cuestionan la propia humanidad y decencia de quien paga semejante miseria. En todos los casos, jornadas no cotizadas, salarios por debajo de convenio, derechos no reconocidos, explotación de “ilegales”… generando una inmensa bolsa de fraude a la caja pública, superior -según algunos cálculos- a los 30 millones de euros anuales. Dinero para la caja común de toda la ciudadanía al que, en esta deleznable versión de la historia, parecen haber renunciado nuestros ilusos, distraídos o cómplices gobernantes, abonados a la complaciente, ¿indolente?, teoría del «caso aislado».
En la primera versión, los malos son agitadores que (Carmelo Romero dixit) promueven, a fuer de excitar con mentiras a las masas obreras, una suerte de Revolución de Octubre en el campo como germen de un nuevo estado de inspiración comunista y exento de libertades. ¿Qué toman antes de decir semejante estupidez? ¿Se las creen cuando las dicen? ¿O de verdad son tan irresponsables? [Perdonen, el inciso, nunca sé qué tipo de información cargan en sus neuronas esa gente que hablan de “revolución bolivariana” como si bajo ese concepto residieran gobiernos ilegítimos. Mal que les pese, con más o menos éxito en su empeño, lo que conocemos como “movimiento bolivariano” llegó a todos los países afectos, incluido Venezuela, a través de las urnas].
Mentirosos los unos, o mentirosos los otros. No hay más opciones. Pero lo cierto es que la mentiras, vengan de donde provengan, dañan al sector agrícola y a la imagen de nuestro país. Que la campaña de inspecciones que unos rechazan furibundos y otros aplauden con esperanza nos saque de dudas. ¿No?
Opino.
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