Hasta la jueza Alaya entra en campaña

El PP intenta capitalizar la credibilidad y confianza que el electorado le ha demostrado, con un mensaje habitual en estos casos: votad a fulano para alcalde que mi gobierno se va a volcar con vuestras reivindicaciones.

En el PSOE-A parecen dispuestos a emplear la misma daga que desde el PP usaron contra ellos Arenas y Zoido judicializando la gestión del Gobierno.

La magistrada de la Audiencia de Sevilla fija para el próximo 18 de mayo el inicio del juicio con jurado popular en el que se serán enjuiciados el ex director de la fundación Faffe y la ex directora económico-financiera en relación con el uso de tarjetas en prostíbulos en los que se abonaron 32.556 euros con fondos públicos.

Sábado, 1 de abril de 2023. El gobierno andaluz lleva meses de precampaña electoral camuflando sus actuaciones como actos institucionales. Así, sin cortarse un pelo, con el presidente instalado en esa permanente sonrisa Floid que tanto gusta a la parroquia. Todo ello ante una complacencia generalizada de crítica y público.

El último ejemplo lo hemos tenido esta misma semana con la celebración de un Consejo de Gobierno en Sierra Nevada, para mayor gloria de la candidata al ayuntamiento de la capital, la hasta hoy consejera Marifrán Carazo. Una señora, están convencidos muchos en Granada que no son del PP, que muy posiblemente logre ser alcaldesa. Lo de la agencia de la IA ha hecho mucha pupa al PSOE y a su candidato a la reelección Paco Cuenca, agarrado a un cabezón, pero los Goya serán el año que viene.

Nunca hasta esta legislatura había sucedido un fenómeno de este tipo. Imaginen la leña que hubiese recibido, un poner, Susana Díaz y el PSOE-A si en su etapa de presidenta, en periodo electoral, hubiese instrumentalizado tan descaradamente el Consejo de Gobierno y por  extensión el BOJA. Claro que también el PSOE hizo clientelismo y propaganda durante décadas, pero de forma más discreta, casi ocultándose, casi sin que se notase en la calle. Se agradece que los de la derecha lo hagan a pecho descubierto, sin importarles demasiado reeditar comportamientos políticos censurados o condenados en el pasado por ellos mismos,  por la ciudadanía o finalmente por los tribunales de Justicia.

Imaginen la leña que hubiese recibido, un poner, Susana Díaz y el PSOE-A si en su etapa de presidenta, en periodo electoral, hubiese instrumentalizado tan descaradamente el Consejo de Gobierno y, por  extensión, el BOJA

Lo que están haciendo en Almería en estas semanas los consejeros almerienses Ramón Fernández-Pacheco y Carmen Crespo, inaugurando o  prometiendo tela de cosas cada semana, montados en coche oficial, es la forma elegida por el PP para hacer su campaña, conscientes como son de que el electorado no va ser tan exigente con ellos como con el gobierno de Madrid y el PSOE. El PP intenta capitalizar la credibilidad y confianza que el electorado le ha demostrado, con un mensaje habitual en estos casos: votad a fulano para alcalde que mi gobierno se va a volcar con vuestras reivindicaciones. El PP andaluz y particularmente su líder Juanma Moreno saben que no les ha caducado todavía el ‘estado de gracia’ del que disfrutan desde el 19J. Se pudo comprobar en la inauguración del metro en Málaga, donde un exultante presidente Juanma no podía reprimir su éxtasis oratoria al ofrecer a sus paisanos malagueños un metro funcionando y, de paso, recordando electoralmente que por culpa de los socialistas hemos tenido que pagar los andaluces quinientos millones de más en el proyecto, algo que ningún socialista con vara de mando ha salido a desmentir. Lo cierto es que Málaga ya tiene dos líneas de metro, mientras que la mimada Sevilla, capital política de Andalucía, solo tiene una. (Dato para los del Marcador simultáneo Dardo).

Los socialistas tienen solo un problema con esta estrategia, debieran saber que el aparato judicial sevillano sigue ahí como siempre estuvo, entero, con vida propia, con sus propios códigos internos. Gatopardismo en estado puro.

El gobierno de la Junta, no obstante los actos lúdicos, propagandísticos y electoreros que protagoniza Juanma casi a diario, ha apretado el acelerador para mantenerse omnipresente en el discurso ¿informativo? diario, especialmente en los medios de comunicación más importantes, prensa, radio y tv, públicos y privados, que para eso la Junta de Andalucia no solo es el primer empleador de periodistas en la comunidad, es el cliente publicitario más importante de casi todas las empresas periodísticas que operan en la región, a mucha distancia de lo que invierten las firmas de toda la vida, grandes almacenes, automóviles…etc. De hecho existen medios de comunicación que no podrían pagar sus nóminas en la actualidad si les fallase la inversión en publicidad y convenios institucionales de la Junta de Andalucía y su aparataje colgante que, obviamente, son inversiones que dependen de criterios más políticos que de eficacia en lo que se comunica. Juanma y el PP necesitan los medios, pero sobre todo necesitan su silencio cómplice, que no hablen de pringosas cuestiones que claman desde escasos titulares por ser aclaradas ante la opinión pública. La acción del gobierno andaluz, tras más de cuatro ejercicios reales a la espalda, no está siendo escrutada e investigada por los medios  andaluces como se hizo con el PSOE y cuando lo hace, las represalias directas o indirectas pueden llegar hasta que te cancelen la cuenta de Twitter. Le ha sucedido estos días pero no está confirmado que sea el caso de Daniel Cela de El Diario-Andalucía, el periodista que destapó los contratos de Salud.

El PP andaluz y particularmente su líder Juanma Moreno saben que no les ha caducado todavía el ‘estado de gracia’ del que disfrutan desde el 19J.

Pero que el PSOE en estas últimas dos semanas haya empezado a levantar cabeza no se debe tanto al apoyo mediático (escaso) que como partido reciben, sino a que han ‘pillado cacho’ donde más les puede doler a los populares – y a la ciudadanía en general- porque una vez más puede quedar en evidencia lo peor que tiene el PP andaluz, su doble discurso moralizador y supuestamente ejemplarizante. Particularmente en materia de transparencia y limpieza en la gestión pública, donde decían blanco ahora resulta que es oscuro, tirando a negro. Ahí están las ayudas de viviendas para altos cargos que no solo no eliminaron al llegar a San Telmo, sino que están permitiendo comportamientos ética y estéticamente más que discutibles. Por ejemplo, que una viceconsejera, con años viviendo en Sevilla como funcionaria, siendo oriunda de fuera de la comunidad, cobre cada mes casi 1.500 Euros por el piso que debió alquilar allá por el año 2016, cuando a Juanma le llamaban Juan Manuel. Por no hablar del tuneado que le han aplicado a los chiringuitos que tanto criticaban. Como tampoco han explicado por qué seis meses antes de llegar a San Telmo pedían vía burofax al consejero socialista Ramírez de Arellano auditar la Fundación Cajasol y la gestión de quien sigue siendo su presidente, ‘dueño y Señor’ en la actualidad. O la legión de asesores a dedo de todo tipo que han contratado. Nada de lo que digan o hagan hoy en día en el gobierno andaluz de la Junta es improvisado o casual.

El PSOE se viene arriba

El PSOE-A ha logrado mostrar su dentadura, colmillos desgastados incluidos, al anunciar que están dispuestos a apoyar que se investigue a fondo la política del gobierno de Juanma en materia de contratos sanitarios y de otro tipo, algo que los socialistas conocen bien y caro están pagando por ello.

Hoy parecen dispuestos a emplear la misma daga que emplearon Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido desde el PP contra ellos judicializando la gestión del gobierno de Juanma acudiendo a los tribunales de Justicia.

Los socialistas tienen solo un problema con esta estrategia, debieran saber que el aparato judicial sevillano sigue ahí como siempre estuvo, entero, con vida propia, con sus propios códigos internos. Gatopardismo en estado puro. Hasta se han permitido la chulería de un cansino dejà vú al comprobar por enésima vez como la magistrada Mercedes Alaya, hoy en la Audiencia, vuelve a agendar actos judiciales por corrupción política en mitad de una campaña electoral.

Esta nueva y polémica decisión de la famosa jueza adquiere especial relevancia política porque el asunto a juzgar es el de la Faffe, el de los mas de treinta y dos mil pavos públicos gastados en prostíbulos por cuadros socialistas.

El redactor jefe de tribunales del Grupo Joly, Jorge Muñoz, avanzaba el pasado 24 de marzo con detalle esta gran novedad informativa, el que puede convertirse en un gran show político judicial, a solo diez días de que acudamos a votar a las urnas. Una información, recuérdese, que al no ser de campaña no estará sujeta a controles de minutaje marcado por la Junta Electoral en los medios públicos. Barra libre para hablar de la parroquia del Don Angelo y si encarta del Tito Berni. En el fondo todo será un simbólico homenaje a quien arrancó su última carrera hacia la presidencia de la Junta retratándose delante de las ruinas del Pub Don Angelo, el local a donde acudían los puteros de la Faffe a relajarse con dinero público. “La magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya ha fijado para el próximo 18 de mayo el inicio del juicio con jurado popular en el que se serán enjuiciados el ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la que fuera directora económico-financiera Ana Valls, en relación con el uso de varias tarjetas en distintos prostíbulos en los que se abonaron 32.556 euros con fondos públicos” informaba Muñoz que también explicaba que realmente el juicio como tal arrancará el día 19 ya que la primera sesión estará dedicada a la constitución del jurado popular. Está previsto que quede visto para sentencia el viernes 26 de mayo, horas antes de que comience la jornada de reflexión.

Para muchos, como el catedrático de Economía Juan Torres, “impunidad total”, una evidente injerencia del poder judicial en el proceso electoral ya que de aquí para atrás la urgencia por juzgar este asunto ha brillado por su ausencia y perfectamente podría haberse esperado una semana más. Pero entonces habría sido un juicio que no abrirá telediarios durante nueve días y en plena campaña.

“La punta del Iceberg”

Los socialistas están convencidos de que lo que se sabe hasta ahora sobre los contratos públicos de la era Moreno es “solo la punta del iceberg” en palabras de la portavoz socialista Ángeles Férriz en una entrevista con el periodista Fernando Perez Monguió en 7TV.

El gobierno responde que todo se ha hecho de acuerdo a la Ley, con los dictámenes jurídicos correspondientes. Y seguramente tengan razón, la experiencia demuestra que el papel lo soporta todo y se suelen hacer bien ese tipo de documentos concursales. Lo que no puede explicar un expediente administrativo es cómo una empresa casi fantasma para el sector se hace con un contrato por la vía de urgencia y a dedo. Cabe preguntarse justo en este punto, por qué esa empresa es la elegida sin tener experiencia y sin reunir los méritos exigidos para concursar. Es muy posible que el PSOE ya tenga datos que explicarían que hay detrás de esa empresita jerezana tan suertuda. Una linea que no convendría obviar es la posible existencia de algún grupo empresarial importante dispuesto a pescar en todo tipo de caladeros del presupuesto de la Junta. Así puede resultar lógico el aparecer en grandes operaciones concursando en la Junta con el nombre principal y emplear  discretas mercantiles con otras denominaciones compradas en el mercado libre local para ganar discretamente pequeños concursos de cuatro millones para bacheado de carreteras.

El caso más llamativo ocurrido en Salud, y que un juez de Sevilla acabó archivando sorprendentemente, el ‘caso maletines Covid’, ya mostraba el grado de tolerancia del PP a determinadas formas y maneras para que los amigos se acerquen sin dificultad a la caja de la administración pública sanitaria andaluza

Más complejo y peliagudos pueden ser los contratos en el sector sanitario durante la pandemia, contratos que como se ha visto y comprobado, han dado pie a infinidad de corrupciones de todo tipo al ser adjudicaciones a dedo y tener el carácter de urgente. En el ámbito andaluz, salvo el caso mascarillas en Almería, la opinión pública no ha recibido hasta ahora constancia informativa de que se hayan producido graves irregularidades. No obstante, el caso más llamativo ocurrido en Salud y que un juez de Sevilla acabó archivando sorprendentemente, el ‘caso maletines Covid’, ya mostraba el grado de tolerancia del PP a determinadas formas y maneras para que los amigos se acerquen sin dificultad a la caja de la administración pública sanitaria andaluza.

Si el PSOE entra finalmente a fondo en fiscalizar cómo se han empleado los fondos Covid en pandemia no deberán olvidar un pequeño gran detalle político ambiental. A quien se va a investigar, en términos políticos, es al exconsejero de Salud Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento de Andalucía. O lo que es lo mismo, caza mayor.

Este artículo se publicó originariamente en ExtraJaén ayer viernes 31 de marzo.