«No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo».
(Alejando Dumas)
Domingo, 27 de octubre de 2019. Es un día cualquiera. Apenas empieza la noche a ceder espacio al día en «las chabolas del cementerio» de Lepe, y ya pueden verse pequeños grupos de personas, la mayoría de origen subsahariano, personas de piel negra, que esperan el autobús que les llevará a sus respectivos trabajos en explotaciones agrícolas de la Provincia de Huelva.
Son trabajadores legales, con papeles (un estudio de la Universidad de Huelva cifra en el 74 % los que no se encuentran en situación irregular en España), permiso de residencia y la mayoría dados de alta en la Seguridad Social en meses de campaña agrícola. Algunos de ellos no solo trabajan durante la temporada de recolecta de fresas, moras y arándanos, el oro rojo de la provincia de Huelva. Su vida laboral se extiende al resto de meses del año, ya que muchos realizan labores de mantenimiento y asistencia a la industria del campo, y también trabajan en otras campañas agrícolas onubenses, como las de los cítricos, y de otras provincias. No pocos gozan de una situación económica, en la actual realidad española, considerablemente mejor que las de decenas de miles de familias españolas en las que ningún miembro tiene trabajo ni recibe prestación por desempleo. Por el contrario, en algunas chabolas como las infraviviendas que este jueves han sido, otra vez, pasto de las llamas, todos sus habitantes tienen trabajo. ¿Por qué viven en esas condiciones?
No hay que darle muchas vueltas. A pesar de los muchos años que eventual o establemente llevan siendo vecinos y vecinas de Lepe, donde compran, consumen y hasta comparten amistades, piezas efectiva del engranaje industrial sobre el que pivota la riqueza agrícola de la Provincia de Huelva, no hay viviendas dignas para ellos. Son extranjeros, son negros, son árabes, profesan otras religiones, proceden de otras culturas.
La Asociación de Nuevos ciudadanos por la interculturalidad (ASNUCI) ha apoyado diversas concentraciones convocadas para exigir una solución a la falta de viviendas para los trabajadores y las trabajadoras que la Provincia de Huelva reclama durante más de seis meses al año. Algunas de estas concentraciones llegaron a ser desautorizadas por la Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, quien denegó la autorización para la concentración convocada el pasado 24 de mayo, por «coincidir con actos de la campaña electoral». Muchos de los que solo unas horas antes habían perdido sus escasas posesiones, también votaban el 28 de mayo. Pero salir a la calle a manifestar su tragedia interfería el proceso electoral. Se desconoce si alguno de ellos ejerció su derecho al voto. Aquel domingo, la mayoría de ellos estaba reconstruyendo, otra vez, su «vivienda».
El sector agrícola admite que el campo onubense produce más fruta de la que puede recolectar, porque, por los motivos que sean, la oferta de empleo en el tajo es poco atractiva para los trabajadores españoles. Por su parte, la Federación Onubense de empresarios reclama más mano de obra y considera que la Administración debe articular medidas que arbitren los mecanismos oportunos para “procurar que las campañas agrícolas cuenten con los trabajadores necesarios para salir adelante”. Aunque la petición no concreta qué tipo de medidas debería implementar la Administración, la propia FOE llama la atención sobre «el escaso interés que producen en los trabajadores las ofertas laborales de los agricultores onubenses». En la última campaña de recolecta campaña, sólo 970 personas respondieron a una oferta de 23.000 puestos de trabajo convocados a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Ninguno de los pueblos en los que existen asentamientos chabolistas en la provincia ha desarrollado un plan especial de vivienda que contemple el extraordinario crecimiento de su población durante la temporada alta de los frutos rojos. Lo más parecido es el Plan Hábitat, promovido por el Ayuntamiento de Lepe, una suerte de agencia de intermediación entre propietarios e inquilinos, con garantías municipales e incentivos de hasta 500 euros, que el propio equipo de gobierno admite que no ha obtenido los resultados esperados.
Tampoco lo han hecho la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía o el propio Gobierno. Muchas explotaciones sólo tienen alojamiento para trabajadoras extranjeras contratadas en origen. Aunque en menor medida que durante los meses de recogida, algunas de ellas tiran de la mano obra de los asentamientos durante todo el año, pero no han contemplado medidas para que sus trabajadores no residan en miserables condiciones de habitabilidad, en las que el fuego ha devorado, como este jueves, sus pocas propiedades 27 veces en sólo ocho años.
Los alquileres son caros para un salario con el que se espera poder vivir también los meses sin empleo. Los propietarios de viviendas vacías rechazan alquilarlas a trabajadores subsaharianos. En consecuencia, el negro es el color de piel predominante en los asentamientos. Son los miserables del oro rojo. Nadie quiere que se vayan, porque necesitan su mano de obra, pero nadie apuesta por integrarlos en condiciones dignas en una sociedad que se beneficia de su presencia.
Las organizaciones de Derechos Humanos exigen una implicación real y efectiva de las instituciones públicas para la «reubicación habitacional estable de las personas asentadas», como medida previa a la erradicación del chabolismo. “Es importante y necesario que se creen planes y medidas que tengan como objetivo establecer soluciones efectivas y duraderas y no medidas superficiales que tan sólo palíen la situación de manera transitoria”, señalan desde Asnuci y APDHA.
Por ello, las asociaciones vuelven a reclamar derechos “para las personas que trabajan, cotizan, ofrecen su esfuerzo y forman parte del entramado productivo agrícola de nuestra provincia”. Y lo hacen mediante respuestas clave como «la implicación de todas las administraciones en la búsqueda de soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e integrales, así como actuaciones concretas, «dotadas de presupuesto y evaluadas en su ejecución».
Además, las organizaciones plantean la creación de un plan multidisciplinar que afronte esta grave situación desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta todas las dificultades a las que esta población tiene que hacer frente (acceso al trabajo, vivienda, sanidad, inserción social, situación documental irregular, etc.). En este sentido, las Administraciones serían las responsables de la puesta en marcha de este plan, diseñado y apoyado desde el Foro Provincial de la Inmigración. Incluiría la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a las y los trabajadores temporeros no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios mínimos.
Asnuci y APDH exigen que se establezcan cauces «sencillos» para garantizar que los trabajadores que viven en los asentamientos puedan ejercer su derecho a la atención sanitaria (física y mental), derecho a la inserción laboral activa y real, derecho a un alojamiento digno y a disfrutar de un servicio de orientación jurídico legal, garantizar su empadronamiento en las localidades en las que viven, tal y como establece la ley, ya que no poder empadronarse dificulta el ejercicio de muchos otros derechos; entre ellos acceder al subsidio agrario.
La industria de los frutos rojos (y otras) se nutren -también- de los asentamientos, pero en sus programas de Responsabilidad Social Corporativa ni se intuyen líneas que aborden un problema humanitario, que impide la integración en nuestra sociedad de trabajadores y trabajadoras que son nuestros vecinos, cotizan, compran y consumen, pero que tienen escasas posibilidades de desasentarse para hacerlo dignamente. Al menos, un autobús les recoge y les trae de vuelta cada día,de lunes a domingo, para que la industria no pare.
“Aquí, en estas tierras, la piel negra está maldita. La gente debería darse cuenta de que tenemos sueños y un corazón como todo el mundo”, le dijo Mame, un ciudadano senegalés residente en «las chabolas del cementerio» al periodista de El Español Andros Lozano). No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo, decía por su parte,Alejandro Dumas, el gran escritor de origen afroamericano (hijo del primer negro que llegó a general del ejército francés, tras alistarse con sus papeles de esclavo). Sólo el sector de los frutos rojos factura en la industria agrícola más de 800 millones de euros todos los años; los cítricos suman 400 millones más cada año. Centenares de peones que lo hacen posible, no están a salvo de que el fuego acabe con sus escasas propiedades tres (o más) veces por año.
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