«Esenciales pero invisibles y explotadas», el demoledor informe de Oxfam Intermón sobre la agroindustria europea pone el foco en los frutos rojos onubenses

Una revisión bibliográfica de las experiencias de las personas trabajadoras migrantes en el sector agrícola europeo

Este informe, derivado del trabajo realizado por Oxfam Intermón y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad de Comillas en el proyecto europeo SafeHabitus, se basa en una revisión de la literatura académica y no académica de los últimos cinco años. Evalúa la investigación sobre las condiciones de trabajo, de vida, de salud y de transporte de los migrantes que trabajan en el sector agroalimentario, así como las cuestiones transversales de género en 9 países europeos: España, Francia, Países Bajos, Alemania, Suecia, Finlandia, Polonia Italia y Grecia. También el informe ofrece una serie de recomendaciones políticas al final de este.
por Carlos Ruiz, Juan Castillo y Yoan Molinero

Jueves, 6 de junio de 2024. El sector agrícola de la UE depende de mano de obra migrante procedente de los Estados miembros más recientes, países europeos que no pertenecen a la UE y países no europeos. Un estudio bibliográfico sobre España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, los Países Bajos, Polonia y Suecia muestra los distintos problemas a los que se enfrentan los casi 3 millones de personas migrantes que se encargan de alimentar a Europa, de un total de 9,4 millones de personas que trabajan en el sector agrícola. Se trata de un trabajo duro, normalmente con jornadas largas, y en el que tanto empleadores como  intermediarios pueden imponer condiciones de explotación.

Las personas migrantes pueden ser contratadas bien tras su llegada a esos países, o bien ya desde su país de origen. En este último caso, y con el objetivo de pagar salarios más bajos y/o mantener unos criterios de selección demográfica concretos (con base en el género, el origen, la situación migratoria, etc.), algunos empleadores trabajan a través de intermediarios para contratar a las denominadas “personas trabajadoras extranjeras desplazadas”. Es habitual que estas personas no solo tengan que pagar para que se las contrate, sino  que pueden ver aún más reducido su salario por tener que costearse un seguro de salud privado cuando empiezan a  trabajar, ya que no están cubiertas por la seguridad social del país donde trabajan.

En lo que respecta a las llegadas espontáneas de personas migrantes, gran parte de la mano de obra procede de los  miembros más recientes de la UE, como Rumanía y Bulgaria;  no obstante, las nacionalidades representadas son muy diversas, entre ellas un considerable porcentaje de personas migrantes en situación irregular que no proceden de la UE, es decir, personas que carecen de la documentación necesaria para residir en el país. Para estas personas, un contrato de trabajo, incluso en condiciones injustas, poco éticas o de explotación, supone una de las únicas vías mediante las que pueden regularizar su situación en Europa y obtener la residencia un permiso de residencia en la mayoría de los países europeos. Esto otorga a algunos empleadores una situación aún más ventajosa respecto a estas personas y, por consiguiente, más oportunidades para explotarlas. Además, las personas que poseen permisos de trabajo de temporada de corta duración tienen que hacer frente a desafíos considerables derivados de los términos y condiciones de sus permisos y procesos de contratación.

Del mismo modo, las personas migrantes indocumentadas se encuentran en una situación incluso más precaria ya que, debido a las escasas oportunidades para regularizar su situación y tener acceso a un trabajo digno, dependen en gran medida de sus empleadores.

Los salarios son bajos, en algunos casos inferiores al salario mínimo del país. Una táctica habitual para pagar a las personas migrantes menos de lo debido consiste en deducir del salario el coste de necesidades básicas como el alojamiento, la alimentación y los equipos de protección obligatorios, a menudo inflando los precios. Las personas migrantes también se enfrentan a retrasos o denegación del pago de sus salarios y al impago de las horas extraordinarias. Sin embargo, es muy improbable que se quejen, por temor a represalias que pueden ir desde que se les prive de trabajo o de su salario hasta el despido. En el caso de quienes realizan trabajo a destajo, la incentivación de la autoexplotación acarrea graves consecuencias para la salud.

Las modalidades de alojamiento varían. Para quienes viven en el lugar de trabajo, las condiciones suelen ser muy básicas: personas migrantes hacinadas en contenedores. Quienes viven en otra parte, suelen alojarse en barrios precarios cercanos a donde trabajan, sin acceso a electricidad, agua corriente ni otras infraestructuras básicas. Quienes carecen de una dirección oficial no pueden darse de alta en un centro médico y, por tanto, no pueden acceder a servicios de salud. La lejanía de las explotaciones agrícolas puede dificultar el acceso a tiendas y otros servicios, y los precios del transporte pueden ser prohibitivos.

Sin una traducción adecuada de las instrucciones de seguridad y, en muchos casos, sin que se les faciliten los equipos de seguridad obligatorios por ley, se pone a las personas migrantes en peligro. Por ejemplo, 20 personas trabajadoras se intoxicaron con productos fitosanitarios en Italia, y un trabajador nicaragüense murió en Murcia (España) después de haber trabajado durante 11 horas a 44º C sin que nadie le proporcionase agua.

En algunos casos, los empleadores recurren al uso de la violencia contra sus trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, obligándoles a guardar silencio sobre los abusos en el lugar de trabajo, la confiscación de su documentación personal y las agresiones sexuales. En otros casos, la frustración de las personas migrantes por las condiciones de explotación a las que están sometidas ha dado lugar a actos de resistencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que suelen hacer los empleadores es reemplazar a sus trabajadores y trabajadoras en las siguientes temporadas, un mecanismo de “represión de la acción sindical” ante estos actos de resistencia.

Aunque la pandemia de COVID-19 hizo que la difícil situación de las personas migrantes que trabajan en el sector agrícola fuese noticia en algunos países, su condición de “personas trabajadoras esenciales” no se tradujo en ninguna mejora en cuanto al trato recibido.

Recomendaciones

Las personas migrantes que trabajan en el sector agrícola tienen que hacer frente a numerosos desafíos en su vida diaria, especialmente en Europa, donde la situación es grave y de carácter estructural. Algunos de los aspectos más críticos de esta situación son la inseguridad en los ámbitos laboral y salarial, el acceso limitado a servicios esenciales y una protección insuficiente frente a los riesgos en el lugar de trabajo. Estos problemas se ven agravados por la inestabilidad de su condición jurídica y por una discriminación sistémica, lo cual dificultan en mayor medida su integración y bienestar en los países de acogida. Por otra parte, las trabajadoras migrantes se enfrentan a desafíos adicionales relacionados con su salud sexual y reproductiva, que pueden afectar significativamente a su vida personal y laboral.

Para abordar estas dificultades, es esencial introducir cambios significativos a través de políticas y compromisos eficaces, tanto a corto como a largo plazo. Organizaciones como Oxfam han participado activamente en la lucha contra estas desigualdades y vulneraciones de los derechos humanos. A partir de nuestros en años de experiencia y colaboración con distintas entidades, proponemos un enfoque integral que incluya los siguientes elementos:

Fortalecimiento del ámbito de aplicación y la eficacia de la condicionalidad social de la política agrícola común (PAC): mediante la mejora de la aplicación de políticas que garanticen el cumplimiento de normas laborales y sociales más estrictas en todos los programas y pagos agrícolas. Esto incluye prestar mayor atención a la protección de las personas trabajadoras en sectores particularmente propensos a la explotación.

Foco en los derechos humanos: haciendo hincapié en la necesidad de integrar los principios de derechos humanos y unas prácticas éticas en las cadenas de valor agroalimentarias, velando no solo por que las políticas agrícolas sean eficaces sino también por que respeten los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de las mujeres y otros grupos vulnerables.

Representación e incidencia en defensa de las personas trabajadoras: promoviendo una mayor inclusión y representación de las personas trabajadoras migrantes y de otros grupos vulnerables tanto en las estructuras sindicales como en la toma de decisiones políticas, a fin de garantizar que las medidas que se pongan en marcha reflejen y aborden sus necesidades y retos específicos.

Mejora de las condiciones de vida y de trabajo: proponiendo la asignación de recursos específicos para mejorar las condiciones de alojamiento y transporte de las personas trabajadoras migrantes que trabajan en el sector agrícola, y reforzando también la formación en materia de seguridad y salud en trabajo adaptada a la diversidad cultural y lingüística de la fuerza de trabajo.

El objetivo de estas medidas es crear un entorno de trabajo más justo y seguro para las personas migrantes que trabajan en el sector agrícola en Europa, poniendo el foco en políticas que no solo mejoren las condiciones de trabajo de estas personas, sino que promuevan también un respeto integral de los derechos humanos.

Estas recomendaciones políticas se desarrollan en mayor detalle en la última parte del informe, que se reproduce íntegro a continuación.

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