El convenio suscrito entre las entidades, ambas presididas por José Luis García Palacios, convierte los mediadores del PRELSI en agentes comerciales exclusivos de la caja.
Sólo en la campaña 2022-2023, el PRELSI realizó «más de 4.300 gestiones bancarias» en virtud del acuerdo con la Fundación Caja Rural del Sur.
Martes, 5 de noviembre de 2024. Desde 2021, Interfresa, la Asociación Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, colabora con Caja Rural del Sur para facilitar el acceso a servicios bancarios de los temporeros contratados en origen, en su mayoría migrantes que llegan a Huelva para trabajar en la campaña de frutos rojos. El acuerdo, ejecutado mediante el Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad (PRELSI), el servicio de «mediación» con las trabajadoras temporeras impulsado y controlado por el propio lobby patronal, es presentado inicialmente como una herramienta para evitar la «exclusión financiera» de las personas migrantes que ayudan a sacar adelante la poderosa industria de los frutos rojos onubenses, así como facilitar su «integración».
Sin embargo, este convenio encierra un detalle significativo: sólo contempla los servicios de una entidad bancaria, Caja Rural del Sur, presidida por José Luis García-Palacios Álvarez, quien, en un cruce de roles clave, es también el presidente de Interfresa. Esta coincidencia despierta dudas sobre la transparencia y finalidad real del acuerdo, dado que podría tratarse más de una estrategia comercial que de una acción social.
“Sólo informamos sobre Caja Rural porque no tenemos acuerdos con otras entidades”
En una conversación mantenida por este redactor en junio de 2022 con Borja Ferrera, director del PRELSI en aquel momento, surgió una revelación que confirma los intereses exclusivos de la entidad bancaria en este acuerdo. La Mar de Onuba estaba investigando en aquella época el millonario fraude de los seguros perpetrado durante años por Caixabank contra cientos de trabajadoras y trabajadoras agrícolas de origen migrante, y preguntaba al responsable del PRELSI si su equipo de mediadores podría tener algún conocimiento o haber escuchado sobre estas prácticas fraudulentas, dado que una de las labores encomendadas por las empresas a estos dispositivos de mediación es facilitar la comprensión básica del sistema bancario español, como apertura de cuentas, domiciliación de nóminas o acceso digital a las operaciones más habituales.
En aquel momento, Ferrera rechazó que las personas que integraban su equipo pudieran saber sobre el fraude investigado y acreditado (en solitario) por La Mar de Onuba, pues la información y ayuda financiera del PRELSI a las personas temporeras «se limita a operaciones realizadas con Caja Rural del Sur». Un dato revelador que no pasó desapercibido ya entonces para quien firma este artículo, por lo que preguntó a Ferrera el porqué de dicha exclusividad: “No lo sé, pero son las instrucciones que tenemos. Lo que sí sé es que es la única entidad con la que Interfresa tiene un acuerdo firmado en ese sentido”. Esta situación entre las dos entidades presididas por García-Palacios permanece intacta a día de hoy, según han confirmado este mismo lunes fuentes del lobby patronal a esta revista.
Este dato deja entrever que, lejos de ser una auténtica labor de mediación, el convenio ha venido funcionando desde 2021 como un canal de captación de clientes para Caja Rural, usando el marco del PRELSI como intermediario. Según datos del propio lobby patronal difundidos en mayo de este año, tras la firma de una nueva renovación del convenio, “en la campaña 2022-2023, el PRELSI realizó más de 4.300 gestiones bancarias en virtud del acuerdo con la Fundación Caja Rural del Sur”.
Para los trabajadores temporeros, esto significa que no han estado recibiendo, al menos del PRELSI, una información imparcial y completa sobre las diversas opciones bancarias disponibles en el mercado, sino una única propuesta, canalizada hacia la entidad presidida por García-Palacios. El acceso a servicios financieros se reduce, por tanto, a una especie de monopolio dentro del marco de mediación de Interfresa, cuestionando así el papel del PRELSI como promotor de una auténtica “inclusión financiera”.
Tensión en Interfresa e intereses cruzados
La reciente situación en Interfresa, marcada por las tensiones internas tras la salida su cúpula directiva del ya ex gerente, Pedro Marín, y del propio Borja Ferrera que este jueves desvelaba La Mar de Onuba, añade una capa de complejidad a este acuerdo.
La organización, supuestamente orientada a la protección de los derechos de los trabajadores, parece ahora involucrada en una dinámica de intereses cruzados donde los beneficiados no son sólo las personas temporeras, sino también la entidad bancaria dirigida por la misma persona que lidera Interfresa. En este contexto, surgen también las dudas sobre un convenio que parece contener un fin económico encubierto, instrumentalizando la situación de “vulnerabilidad” de las trabajadoras migrantes temporeras para impulsar una clientela cautiva para Caja Rural del Sur.
Un liderazgo marcado por declaraciones y posturas polémicas
Nacido en Huelva en 1967, José Luis García-Palacios Álvarez proviene de una familia con profundas raíces en el sector agrario andaluz. Hijo de José Luis García Palacios, histórico presidente de Caja Rural del Sur, continuó la tradición familiar en el ámbito empresarial y financiero. Es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Huelva y cuenta con un máster en Dirección de Empresas Agrarias por la Universidad de Córdoba, una formación que sentó las bases para su carrera en la agroindustria.
A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos clave en varias organizaciones influyentes del sector. Desde 2005, lidera Asaja-Huelva, la principal asociación de agricultores en la región, y en 2015 asumió la presidencia de la Federación Onubense de Empresarios (FOE). En 2017, tomó las riendas de Caja Rural del Sur, consolidando su posición en el sector financiero de Andalucía y sucediendo a su padre, quien presidió la entidad durante más de cuatro décadas. En la actualidad suma a dichas presidencias, además de del lobby Interfresa, la del Consejo Social de la Universidad de Huelva,
También ha desempeñado cargos destacados en cooperativas agroalimentarias de segundo grado y en entidades cooperativas a nivel andaluz. Esta sólida trayectoria en el sector agrario y financiero andaluz ha convertido a García-Palacios en una de las figuras más influyentes de la economía onubense.
Sin embargo, su liderazgo también está marcado por declaraciones y posturas polémicas. Uno de los momentos más controvertidos fue su reacción a la reunión entre el colectivo sindical Jornaleras de Huelva en Lucha y la ministra Yolanda Díaz, donde las trabajadoras temporeras denunciaron condiciones de precariedad laboral generalizadas en el sector de los frutos rojos onubenses. García-Palacios consideró aquel encuentro un “ataque” a la imagen del sector, una postura que muchos interpretaron como una defensa de los intereses empresariales a expensas de los derechos laborales.
Otra de sus declaraciones que causaron amplio rechazo social es su sugerencia de que quienes no estén dispuestos a trabajar en el campo aceptando las condiciones que ofrece el sector, deberían perder el derecho a subsidios y ayudas por desempleo. Ello, tras acusar reiteradamente a las jornaleras y jornaleros locales de no tener interés en trabajar. Estas palabras fueron criticadas por considerarse desconectadas de las realidades del sector agrícola.
Más recientemente, García-Palacios, que como se ha dicho también ostenta el puesto de presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva, remitió una queja a la Rectora de la Onubense, María Antonia Peña. Un escrito en el que el presidentísimo manifestaba su malestar por unas jornadas de carácter académico celebradas en la Facultad de Trabajo Social y Ciencias del Trabajo sobre la gestión de la "contratación en origen" a través de la conocida como Orden Gecco. El contenido y las investigaciones dadas a conocer durante aquellas jornadas, que fueron retransmitidas en directo por La Mar de Onuba (VER), evidenciaron graves irregularidades que se suceden cada temporada en entorno sociolaboral de la agroindustria onubense, que causan en demasiadas ocasiones vulneraciones de Derechos Humanos y Fundamentales en un contexto de -por activa o por pasiva- acreditada "tolerancia institucional". La carta, según ha podido confirmar esta revista de varias fuentes de toda solvencia, no sentó nada bien en ámbitos universitarios (y otros), por lo que supone de ilegítimo y grave cuestionamiento de la Libertad de Cátedra consagrada en el artículo 20 de la Constitución Española. Al menos, García-Palacios, ventajas de ser poseedor de tantas tarjetas de visita, no firmó la carta como cabeza visible del Consejo Social de la Universidad. Lo hizo como presidente de Interfresa.
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