La crisis económica y laboral causada por la pandemia de COVID-19 (la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus SARS-CoV-2) puede aumentar el número global de desempleados en casi 25 millones, según la última estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para evitar este escenario, la OIT recomienda enfáticamente ampliar la protección social, mantener el empleo y los ingresos de los trabajadores.
Mientras los gobiernos de todo el mundo comienzan a anunciar medidas que cumplen con estas recomendaciones, el Gobierno de Jair Bolsonaro no solo no implementa medidas de apoyo consistentes y efectivas para los trabajadores, sino que ha optado por promulgar —el domingo 22 de marzo en la noche— la Medida Provisional (MP) 927/2020. Este instrumento del sistema político brasileño, que permite que el presidente tome una medida —que entra en vigencia inmediatamente— sin necesidad de la aprobación previa del parlamento, traerá consigo, sin duda, innumerables pérdidas a la clase trabajadora brasileña.
La ‘MP 927’, como es conocida, favorece los acuerdos individuales frente a la negociación colectiva y los acuerdos laborales, lo que viola el Convenio 98 de la OIT —Derecho de sindicalización y negociación colectiva—. Al promulgar la MP 927 sin establecer ningún mecanismo de diálogo social, el Gobierno brasileño, una vez, más no cumple con el Convenio 154 de la OIT, que se ocupa de la consulta obligatoria de los trabajadores en casos de cambios como los promovidos por la reforma laboral. Hay que recordar aquí que Brasil está en la lista de países con los casos más graves de violaciones de los convenios y recomendaciones de la OIT, presentados en las Conferencias Internacionales del Trabajo de 2018 y 2019. Brasil está acusado de no respetar los Convenios 98 y 154.
La MP 927 otorga varios beneficios a los empleadores, sin ninguna compensación social y, entre otros puntos, autoriza la suspensión del contrato de trabajo, sin pago de salarios, por hasta cuatro meses. Tras la presión de CUT Brasil y la sociedad brasileña, Bolsonaro retrocedió (este lunes 23/03 por la tarde) respecto al artículo 18 en cuestión (relativo a contratos y salarios).
Además de esa medida absolutamente irrazonable, el Gobierno de Bolsonaro prácticamente se limitó a presentar medidas para adelantar recursos o retrasar y suspender pagos, casi sin “nuevos recursos”. La CUT Brasil, además de exigir que el Congreso Nacional rechace la MP 927, está recurriendo a todas las entidades legales y organizaciones internacionales para detener los efectos de una medida tan nefasta.
El Gobierno brasileño, en lugar de ejercer su función reguladora, protegiendo a los trabajadores y salvaguardando los ingresos y el funcionamiento de la economía, ha adoptado una postura criminal y negligente en la lucha contra la propagación del coronavirus.
En el mismo momento en el que diversos países trabajan para reducir la demanda de sus sistemas de salud, limitando la libre circulación de las personas, Bolsonaro predica lo contrario: dice que el coronavirus es solo una simple gripe, ataca las medidas de cuarentena y llega al absurdo al llamar a que tengan lugar manifestaciones callejeras, que obviamente implican grandes aglomeraciones.
Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del presidente, responsabilizó al pueblo chino y a su Gobierno de la actual pandemia causada por el nuevo coronavirus. Ian Bremmer, presidente del Grupo Eurasia, una de las consultoras de riesgo más grandes del mundo, dijo que Bolsonaro es el líder mundial más ineficiente en la lucha contra la pandemia de coronavirus. La declaración se realizó el pasado domingo a través de una red social.
En este sentido, la CUT Brasil denuncia ante la comunidad internacional que el Gobierno de Bolsonaro, al condenar a los trabajadores a la enfermedad y el hambre, se convierte, para el bienestar y la vida del pueblo brasileño, en un obstáculo tan grande y peligroso como la misma pandemia.
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