La dirección federal del PSOE da por hecho el procesamiento y ya estudia la constitución de una gestora a nivel provincial en Huelva.
Jueves, 3 de octubre de 2019. El 29 de diciembre de 2016 se tambaleó el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva). Un año antes, el PP, que había ganado las elecciones y obtenido 7 concejales, vio como una alianza del PSOE (con 5 concejales), Izquierda Unida (2) y Sí Se Puede Aljaraque (la marca electoral utilizada por Podemos en la localidad onubense, que obtuvo 2 concejales), le arrebataba la alcaldía en favor de la socialista Yolanda Rubio. Un pacto que se rompió a pocos días de terminar el año, cuando los dos ediles de Podemos pactaron junto a los del Partido Popular una moción de censura que suponía, de facto, el fin del mandato socialista en la localidad.
Tres meses antes, los dos concejales de Si Se Puede Aljaraque, Pedro Escalante Gilete y Francisco Jose Martín Orta habían dado por roto el pacto con PSOE e IU. El Pleno para la votación de la Moción de Censura se fijó para el 16 de enero. En ese mismo momento, según se desprende del Auto emitido el martes por la jueza María José Fernández Maqueda, comenzó el caso Aljaraque, una trama de presunta compra de voluntades -o soborno- dirigida a impedir que el Partido Socialista perdiera las riendas del consistorio aljaraqueño, y que puede suponer el final de la carrera política del secretario provincial de los socialistas de Huelva, Ignacio Caraballo, señalado como partícipe imprescindible para dinamitar el acuerdo entre los concejales populares y podemitas.
Ayer mismo, fuentes cercanas a la dirección federal del PSOE confirmaron a esta redacción que “aunque Caraballo intentará agotar todos los recursos se tiene que ir”, ya que difícilmente podrá evitar sentarse en el banquillo y ser juzgado por el Tribunal del Jurado, lo que supone su inmediata dimisión de todos sus cargos públicos y orgánicos, según establece el Código Ético del PSOE, subscrito por todos los militante socialistas que acceden a puestos de responsabilidad, ya sea dentro del partido o en cualquier escala de la Administración Pública. Las mismas aseguran que ya se estudia cómo abordar, de confirmarse, la crisis que supondrá la salida de Caraballo, y apuntan a una gestora que sería propuesta por la dirección regional que dirige Susana Díaz, pero siempre “con el OK de Ferraz”.
Caso Aljaraque
Encalladas las negociaciones, personas no concretadas del PSOE, pero estando entre ellas el Sr. Caraballo, buscaron la intermediación del sindicalista José L. Rodríguez Vega, de CCOO, para que intente acercar posturas con los concejales Martín Orta y Escalante Gilete y estos desistan de apoyar la moción de censura. Según la denuncia origen de la instrucción judicial, el sindicalista, que en todo momento habría asegurado hablar en nombre de Ignacio Caraballo, encaró las conversaciones con una propuesta de intercambio de favores para los dos concejales de SSPA que habían decidido censurar junto al PP a la alcaldesa socialista. La propuesta, presuntamente aceptada y ejecutada, podría suponer la comisión de un delito de cohecho según lo establecido en el Código Penal español.
El soborno de Bernadino: competencias y dietas para un concejal de SSPA y un empleo público para la cónyuge del otro
Este último propone formalmente a los ediles podemitas que se retiren de la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE, quien, como contrapartida, daría entrada en el equipo de gobierno municipal a Pedro Escalante, al que cedería la Concejalía de Turismo y Desarrollo Local, sin retribución pero con dietas. Hasta ese momento, nada que no forme parte de acuerdos más o menos habituales entre diferentes formaciones políticas.
El problema, el presunto delito de cohecho, comienza a pergeñarse cuando el sindicalista, indicando expresamente que contaba con la aprobación del Secretario Provincial del PSOE y Presidente de la Diputación Ignacio Caraballo, ofreció al segundo edil de Podemos un empleo en Aguas de Huelva para su mujer, MJC, indicando que esta “no debía saber nada”. Viendo el cariz que estaba tomando la reunión, Manuel Alonso Albarracin “se retiró de la reunión y decidió comenzar a grabar las conversaciones a través de su teléfono móvil”.
Esa misma noche, sobre las 21.30, se convoca una reunión en la Diputación Provincial para firmar el acuerdo que deja sin efecto la moción de censura. Están presentes el presidente y secretario provincial del PSOE, Ignacio Caraballo, la Alcaldesa Yolanda M. Rubio, los dos concejales de SSPA, y Sebastián Rivero Rdez concejal IU. De la firma, en la que no interviene Caraballo, se realiza una foto que es enviada a la prensa. El 11 de enero, Martín Orta y Escalante firman un escrito desistiendo de la moción de censura. El PSOE logra retener la alcaldía de Aljaraque.
Solo 24 hora después, el 12 de enero, la alcaldesa Yolanda Rubio dictó la Resolución 58/2017 en la que nombraba a Pedro Escalante miembro de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. Según el Departamento de Recursos Humanos del Consistorio, “el mismo viene percibiendo desde el mes de Enero de 2017 dietas económicas por asistencia a Juntas de Gobierno y asistencia a Plenos”.
“Esas cosas no se pueden firmar porque son un delito y va gente a la cárcel”
Diez días después, Alonso, que ya llevaba varios días grabando todas las conversaciones, habla con el sindicalista Rodríguez, al que traslada “que están preocupados por lo de la contratación de la mujer de Francisco”. Rodríguez le dice “que esté tranquilo, pero que “las cosas hay que vestirlas para que no parezcan unos golfos, que lo han hecho por dinero y que ya la han llamado para decirle que cuentan con ella en un proyecto nuevo y que esas cosas no se pueden firmar porque son un delito y va gente a la cárcel”.
El 9 de febrero, Manuel Alonso Albarracín se dirige al Juzgado, denuncia lo sucedido y entrega en un pendrive las conversaciones que ha venido grabando las semanas anteriores. Serán la pieza clave del Caso Aljaraque.
Delito de cohecho
“Caraballo ha dicho que adelante”
El relato de los hechos y las conversaciones grabadas por Alonso llevaron a la jueza Maqueda a instar el procedimiento del Tribunal de Jurado contra los dos concejales de SSPA, el sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez, el director de Recursos Humanos de Aguas de Huelva y contra el líder provincial del PSOE y presidente del Diputación, Ignacio Caraballo, quien habría avalado el acuerdo cuya legalidad o delito deberá decidir, previsiblemente, un tribunal popular.
Y ello, porque Maqueda ya ha rechazado con anterioridad todas las peticiones de sobreseimiento de los cinco imputados. En el caso de Caraballo Romero, la jueza destaca, “como ya se indicó en anteriores resoluciones dictadas en la presente causa”, que si bien el líder socialista no estuvo presente en la reunión del día 11 de Enero en el Bar Bernadino, ni en la reunión que esa misma tarde tuvo lugar en el Ayuntamiento de Aljaraque, tan solo en la firma del Acuerdo en la sede de la Diputación Provincial de Huelva del día 11 de Enero, no firmando el citado documento, debe señalarse que el denunciante mantuvo en su declaración que el Sr. Rodríguez Vega [de CCOO] acudió a la reunión del bar en representación del PSOE de Huelva”.
Asimismo, el auto de la jueza sostiene que “es cierto que los investigados, así como el testigo Sr. Diez Alonso, negaron que en la citada reunión el Sr. Rodríguez Vega compareciera en representación del PSOE ni del Sr. Caraballo, pero lo cierto es que el nombre del Sr. Caraballo aparece en la Nota de Voz enviada el día 15-1-17 por el Sr. Escalante; ‘lo que me han trasladado es que Caraballo ha dicho que adelante con lo que propusimos anoche, así como en algunas otras de las conversaciones mantenidas entre el denunciante y los investigados de las que pudiera deducirse que el mismo se encontraba al corriente de las negociaciones que se estaban realizando, debiendo destacarse la transcripción al Folio 160 entre el denunciante y Pedro Escalante Gilete:
MAA : Me dijo Francis que Ignacio Caraballo ha dado el visto bueno.
PEG: Claro, él se lo dijo a Ignacio e Ignacio le dijo que claro que palante. Que hablara con el Gerente, y… hablo con el Gerente y ya esta, de ahí palante“.
El auto de Maqueda destaca que “de igual forma no podemos obviar que tras la reunión en el Bar Bernadino los allí asistentes se trasladaron a la sede del Ayuntamiento de Aljaraque donde tras una reunión se llegó al acuerdo, trasladándose después ese mismo día a la sede de la Diputación Provincial de Huelva donde dicho Acuerdo fue firmado por Pedro Escalante Gilete y Francisco Martín Orta en representación de Sí Se Puede Aljaraque, Sebastián Rivero Rodríguez en representación de IU y la alcaldesa de Aljaraque Yolanda Rubio Villodres, en presencia del Presidente de la Diputación Provincial y Presidente del PSOE de Huelva Sr. Caraballo Romero (Adenda al acuerdo de investidura suscrito entre los Grupos Socialista, Izquierda Unida y Sí Se Puede de fecha 11-1-17)”.
“Pues bien”, continúa el auto conocido el pasado martes, “aún cuando el Sr. Caraballo manifestó que se limitó a estar presente en la firma del acuerdo el cual se realizó en la sede de Diputación, tampoco cabe obviar el resultado del informe emitido por la UOPJ al Folio 553 de las actuaciones sobre la relación existente entre los teléfonos objeto de interés para la investigación y en el que se concluye que del análisis realizado al teléfono del que es adjudicatario el ahora recurrente [Caraballo] y el teléfono vinculado a CCOO, consta un total de 4 llamadas (entre el 11-1-17 y 10-2-17) siendo tres de ellas realizadas el día 11 de Enero de 2017 (día de la reunión en el Bar Bernadino) aunque estas llamadas no superaron los 5 segundos de duración y una cuarta se registra el día 17-1-17 un día posterior a la celebración del Pleno en el municipio de Aljaraque y tiene una duración de 92 segundos no constando ningún trafico de llamadas entre ambos abonados posterior a dicha fecha (Folio 557)”.
En base a todo lo expuesto en el auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ha rechazado las peticiones de sobreseimiento de los cinco encausados, que han llegado a asegurar que las grabaciones aportadas por Alonso han sido “manipuladas“, e incluso han cuestionado la “cadena de custodia” de las mismas, reclamaciones desestimadas por la magistrada, que el martes decidió continuar con el proceso.
No obstante, los cinco imputados aún pueden presentar, hasta el viernes, un recurso de reforma ante la propia jueza Maqueda (de quien es poco esperable que dictamine en contra de su propio auto de conclusiones), y un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Dado que el Ministerio Fiscal apoya la decisión de la magistrada, tampoco cabe esperar que la Audiencia vaya a paralizar el proceso.
De confirmarse, como parece previsible, Ignacio Caraballo deberá dimitir como Presidente de la Diputación, donde le sucedería el actual vicepresidente, Pepe Fernández. También debería abandonar la secretaría provincial del PSOE de Huelva, cuya actual dirección sería sustituida por una gestora que fuentes de la dirección del partido socialista. Aunque de cara al público, como confirma el comunicado emitido el mismo martes tras conocerse el auto de Maqueda, los socialistas onubenses cierran filas en apoyo a su secretario general, sotto voce, ya han empezado las quinielas sobre quién sustituirá a Caraballo, si bien parece poco probable que nadie dé un paso al frente en este momento. O al menos, antes del 10 de noviembre, fecha de la repetición de las elecciones generales.
En 2019, las elecciones municipales del 26 de mayo devolvieron la alcaldía de Aljaraque al PP, cuyo cabeza de lista, David Toscano, ya había ocupado el puesto entre 2011 y 2015. Toscano se impuso al resto de partidos en votos y concejales, y tras un pacto con Ciudadanos (3 ediles) y Vox (1) volvió a convertirse en primer edil de la localidad.
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