Campaña de inspecciones en Huelva: 11 de cada 100 trabajadores agrícolas identificados eran personas migrantes en «situación irregular en el país»

Imagen facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Huelva

🗞️ 32 trabajadores han sido «detenidos/investigados» por presuntos delitos de “usurpación de estado civil y falsedad documental”.

🗞️ Tres empresarios detenidos/investigados por «delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros».

📢 “Gran despliegue de efectivos” de Guardia Civil e Inspección de Trabajo contra «delitos e infracciones que puedan perjudicar la imagen del sector como consecuencia de las malas prácticas de una minoría”.

Huelva, 20 de junio de 2021. La Guardia Civil ha “detenido/investigado” a 35 personas en el transcurso de una campaña de inspecciones en explotaciones agrícolas desarrollada en la provincia de Huelva durante los meses de marzo, abril y mayo. Fueron identificadas 1.400 personas temporeras de las que 157 (el 11,2 %) resultaron ser migrantes en “situación irregular en el país”, según la escueta información facilitada en un comunicado (VER) por la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

32 de las personas detenidas/investigadas son temporeras a las que se les imputa “delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental”. Las otras tres son empresarios agrícolas investigados por “delitos contra los Derechos de los Trabajadores y de los ciudadanos extranjeros”.

El operativo se desarrolló entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de este año, y participaron efectivos de tres compañías territoriales y de los grupos de Información, Policía Judicial, Atención al Inmigrante, USESIC y Tráfico de la Benemérita, con el “refuerzo” de 48 agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana y agrícola (USECA) procedentes de otras provincias de Andalucía.

Las acciones se centraron en “localidades donde se incrementan notablemente la población con la llegada de los temporeros”,  y han tenido como objetivo actuar, “por ejemplo”, contra el tráfico de seres humanos y delitos relacionados contra los derechos de los trabajadores, “que puedan perjudicar la imagen del sector como consecuencia de las malas prácticas de una minoría”, según ha destacado la Subdelegación del Gobierno en Huelva.


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